OPINIÓN

El programa necesario seguirá en lista de espera

Tal como sostuvimos en nuestra columna anterior en El Cronista, la Argentina necesita mucho más que un plan de estabilización de precios: necesita un programa integral de cambio de régimen económico. Esto significa no sólo armar un plan creíble para bajar la inflación (a su nivel más bajo posible, en el tiempo más corto posible), sino también diseñar un paquete de reformas estructurales que modernicen y desregulen la economía argentina, de forma tal de hacerla más abierta y productiva y, en definitiva, más atractiva y competitiva.

Sin embargo, no parece que el Gobierno tenga ni la voluntad ni la capacidad de llevar adelante un proyecto de ese tipo. Tampoco parece que el resultado electoral pueda modificar esa situación, o que el camino de un gran acuerdo político tenga como objetivo un cambio de régimen en lugar de un objetivo mucho más amarrete como el de aguantar, comprando algo de tiempo y gobernabilidad para los próximos 24 meses.

Ahora bien, si descartamos que el Gobierno vaya por el premio mayor, ¿qué alternativas se abren en el horizonte más cercano?

1) Una alternativa es que el Gobierno se empeñe en mantener las políticas de precios e ingresos (congelamientos tarifarios y de precios) y la política fiscal y monetaria actuales, sin cambios importantes. En tal caso, luce muy difícil que se pueda llegar a un acuerdo con el FMI, aun cuando se pueda mantener viva la expectativa de que habrá un entendimiento en algún momento del primer trimestre del año que viene. Sin cambios de las políticas en marcha, el escenario más probable es que el descontrol nominal haga de las suyas más temprano que tarde y que, en consecuencia, el aguante así diseñado no dure más que un par de meses.

2) Otra posibilidad, aún más temeraria, es que el Gobierno decida iniciar el aguante con un sinceramiento de algunos precios, como el tipo de cambio y las tarifas, pero no más que eso. En este sentido, vale recordar que el aguante de 2014-2015 arrancó con una devaluación del peso en enero de 2014. Sin austeridad fiscal y monetaria, esa corrección (del tipo de las "devaluaciones sin plan" del pasado) sería, dadas las condiciones actuales, un pase express a una fase final de aceleración y descontrol nominal de consecuencias políticas y sociales imprevisibles. La diferencia entre esta opción y el escenario anterior está en la velocidad con la que se llega a dicha fase de crisis. Pero ambos tendrían un final similar e igualmente desafortunado, sin importar mucho si el Gobierno no quiso, no supo o no pudo intentar otra cosa.

3) Si el Gobierno, en cambio, decidiera mantener las políticas de precios e ingresos actuales, pero modificando la política fiscal y monetaria hacia una instancia más austera -menos expansiva-, podría haber un acuerdo con el FMI (con metas de reformas que luego se postergarían y/o se incumplirían) y el intento de aguante exhibiría algo más de control nominal y cierta moderación inicial de la inflación. Sin embargo, las distorsiones de precios relativos seguirían creciendo junto con la inflación reprimida, lo que abortaría rápidamente cualquier atisbo de mejora de las expectativas y del nivel de actividad económica. Por lo que tal intento de estabilización incompleto sería paulatinamente abandonado. Si bien estaríamos más cerca de un intento con chances de lograr una relativa desinflación, se corre el riesgo de desprestigiar un instrumento (la austeridad) que es absolutamente necesario para un futuro programa que pretenda ser exitoso.

4) Por último, la alternativa más promisoria, sería la de reducir el actual sesgo expansivo de la política fiscal, reduciendo el déficit y la necesidad de monetizar una parte significativa del mismo, y acompañar tal austeridad con políticas de precios e ingresos menos represivas y más sustentables. Sin dudas esta alternativa es la que generaría mayores costos sociales y políticos iniciales, pero es la que tendría más chances de evitar un descontrol y una aceleración nominal todavía más costosa y de final incierto. El FMI se sentiría más cómodo al perdonar los incumplimientos de metas y la larga espera hasta ver qué pasa si llega un nuevo gobierno en 2023 podría ser algo más relajada y llevadera que en los escenarios que abren las alternativas anteriores.

Claro, la probabilidad de que el Gobierno opte por una u otra de las opciones descriptas depende de diversos factores. El margen de acción presidencial y la gobernabilidad son por cierto dos elementos centrales. También lo es la voluntad o no de cerrar un acuerdo con el FMI. Pero en este último caso sospechamos que no hay un problema de voluntad de acordar, sino más bien un problema de dificultad para cumplir con lo que se acuerde o, mejor dicho, para cumplir con lo que el Fondo demanda para firmar un acuerdo con la Argentina.

Por último está también la credibilidad. Porque sin credibilidad es difícil que incluso buenas políticas alcancen el resultado deseado. Pero, al mismo tiempo, la credibilidad no se logra por arte de magia, ni deriva sólo de la reputación de quienes diseñan, implementan y comunican las políticas. La credibilidad depende en gran medida de la sustancia del plan y, muy particularmente, de cuánto esfuerzo se compromete y de la perseverancia en llevar adelante lo anunciado.

Dada la ideología de la coalición de gobierno, la debilidad presidencial (que difícilmente se supere aún si se da vuelta el resultado de las PASO este fin de semana) y la falta de una vocación de ir a fondo en solucionar los problemas dejan en lista de espera al programa de cambio de régimen que la Argentina necesita. Al mismo tiempo, invitan a pensar que de las cuatro alternativas planteadas en esta nota, las más probables sean las tres primeras y en el orden en el que fueron presentadas. Lamentablemente, la magnitud de los desequilibrios macro sumada a una eventual falta de gobernabilidad son un llamado a una corrección nominal similar a las que hemos tenido en el pasado cuando se dieron conjuntamente ambas circunstancias.

Tags relacionados

Compartí tus comentarios