El problema con regular las supuestas "fake news"

Mentir está mal, en eso estamos todos de acuerdo. Y, cuando se trata de medios de comunicación, el primer pensamiento que surge puede presentarse en forma de pregunta: ¿deberíamos regular las mentiras, o sea, las noticias falsas o "fake news"? La respuesta rápida podría ser afirmativa ya que, como dijimos, mentir está mal, pero... ¿quién determina que algo es falso o no? Aquí empiezan los problemas, porque, en las noticias, lo que para algunos es mentira, para otros es verdad o, tal vez, una cuestión de interpretación u opinión. 

Un ejemplo cercano que me viene a la mente es la frase del presidente de la Nación, Javier Milei, durante su exposición en las escalinatas del Congreso: habló de una inflación heredada de 15.000%, y las réplicas no tardaron en llegar sobre lo que se trató, a todas, luces, de una expresión más del orden de la política que de los datos. Hay otros ejemplos, también con una alta carga interpretativa y -de nuevo- política, como cuando Aníbal Fernández dijo en 2015 que en la Argentina había menos pobreza que en Alemania. En ambos casos, y más allá de las posiciones de cada quien, se trata de opiniones basadas en una utilización cuanto menos discutible de ciertas estadísticas.

Entonces, lo dicho: la cuestión no es tan sencilla. Y la solución, sea por mentiras, exageraciones o medias verdades, no puede pasar por la penalización lisa y llana. No lo digo yo, sino que lo dicen varios expertos a quienes he consultado. La apelación a la autoridad no es gratuita y, claro, no es suficiente para que algo sea cierto. Sin embargo, y tal como me dijo el filósofo (UBA) y experto en redes sociales Tomás Balmaceda, en un mundo en el que "influencers veinteañeros nos quieren enseñar de finanzas" o "políticos que jamás tomaron transporte público fijan si un precio es alto o bajo", recuperar "el valor de los especialistas y expertos elevará el nivel del discurso público".

Se habla de regular las "fake news", expresa el docente e investigador Luis Lozano, cuando hay que ser mucho más precisos. "Si esto implica una revisión previa de contenidos por parte de algún órgano estatal, paraestatal, de participación de cualquier tipo de institución, estaría contrariando la prohibición de censura que está consagrada en nuestra Constitución y en los tratados internacionales incorporados a ella, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos hasta la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual puede entrañar para el Estado Argentino responsabilidad internacional".

"La mayoría [de estas iniciativas] son malas porque se enfocan en un aspecto represivo, dado que castigan a quienes difunden o crean noticias falsas. Esto me parece totalmente contraproducente, muy malo para la libertad de expresión y por una serie de problemas, como la dificultad de definir cuando algo es falso, la dificultad de determinar exactamente la responsabilidad de cada actor en la cadena, etcétera", apunta por su parte Javier Pallero, analista de políticas públicas en tecnología.

Pero hay otros casos que podrían resultar, de alguna manera, positivos. "Son más interesantes las iniciativas que tratan de agregar transparencia e información al modo en el que funcionan las plataformas digitales. A través de estas medidas, de transparencia e información, se puede, por ejemplo, investigar mejor cómo funcionan las grandes campañas de desinformación que suelen ser las más dañinas", dice Pallero. 

"Por ejemplo, las que son orquestadas por gobiernos. Es el caso de lo que sucedió en los Estados Unidos con las campañas de desinformación orquestadas por el gobierno ruso. Esas medidas de información y transparencia de las plataformas también pueden servir para mejorar la investigación y la educación de estos temas. Y esas medidas sí se podrían poner en leyes. De hecho, es lo que apunta a hacer una legislación como la Digital Services Act de la Unión Europea", agrega. Aquí en la Argentina ha habido iniciativas en ese sentido, como el Observatorio Nodio: al haber sido una decisión unilateral del gobierno de turno, generó una multitud de voces en contra y no prosperó realmente.

Además, los argentinos somos escépticos por naturaleza. Así lo afirma la investigadora Eugenia Mitchelstein, que en 2019 y junto a un equipo que incluyó a Pablo Boczkowski, Celeste Wagner y Facundo Suenzo, hicieron un estudio de desinformación durante la campaña electoral de aquel año. "Los argentinos somos muy desconfiados porque nos mintieron muchas veces. Creo que la mejor protección que tenemos contra la desinformación es lo que en la investigación llamamos la ‘pátina de la desconfianza', como una capa protectora que nos protege contra la desinformación, más que las regulaciones externas, que podrían usarse para controlar la difusión de información con la que no estoy de acuerdo, más allá de si es verdadera o es falsa".

A este punto, pero estrictamente desde lo jurídico, también alude Lozano. "Desde una perspectiva de libertad de expresión, creemos que estas herramientas penales no deben existir para penalizar la expresión. Y en nuestro país están prácticamente reducidas al mínimo, en especial después de la condena a la Argentina por la Corte Interamericana en el caso del periodista Eduardo Kimel en 2008 y la ley que como consecuencia de esa sentencia se impulsó y se aprobó en el año 2009 que despenalizó las figuras de calumnias e injurias para casos de interés público".

Hago propias las palabras de Lozano para cerrar: "existe un diagnóstico preocupante en torno a la información, las noticias falsas, y la desinformación. Y, de la mano de las redes sociales y las plataformas, este fenómeno que siempre existió desde por lo menos el advenimiento del periodismo profesional, ha crecido y se ha multiplicado a una velocidad inédita y, por lo tanto, genera una preocupación que es válida para las democracias. Pero el abordaje tiene que ser político y social y tiene que ir en orden a un acuerdo social y político amplio respecto a límites, a aquello que se considera válido en las campañas, en las protestas, en el legítimo debate de ideas sin cruzar la esfera de los agravios personales o de la difusión de información fraguada intencionalmente".