Jurisprudencia

El fallo de la Corte que pone un límite al impuesto a los sellos

El impuesto a los sellos representa una fuente de ingreso que, junto con ingresos brutos, tienen las provincias.

El impuesto a los sellos representa una fuente de ingreso que, junto con ingresos brutos, tienen las provincias. En el pacto federal del año 2017, firmado por el gobierno anterior con las provincias se asumía el compromiso de que este tributo, acompañado con otros impuestos locales, debería ir reduciéndose en los años que futuros.

En los pactos fiscales que continuaron, por las necesidades que tienen las diferentes jurisdicciones de tener que cumplir con sus funciones, que fueron descentralizándose en los años noventa por la Nación, la reducción planeada quedó sólo en los deseos.

Este es otro ejemplo que muestra la contradicción que se produce al intentar reducir impuestos, cuando aparece la realidad que colisiona con la exigencia de que el Estado tenga que hacerse cargo de cuestiones que no pueden ser delegadas para que las atienda el mercado.

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Hecha esta introducción, se manifiesta la dicotomía de por un lado reconocer que los impuestos son necesarios, y por otro afirmar que el exceso del peso de la carga tributaria agobia la actividad económica que desarrollan los contribuyentes y puede dar resultado a que se cumpla con lo que dice la "curva de Laffer". La teoría indica que aumentar los impuestos más allá de un determinado punto es contraproducente para recaudar más ingresos fiscales. Los impuestos más bajos, pueden hacer aumentar la recaudación.

En cuanto al impuesto a los sellos, existe la controversia de que todo instrumento podría exigir el sellado, independientemente de la formalidad del documento. Esto produce un riesgo y aumenta la inseguridad jurídica para los contribuyentes. Los fiscos provinciales, en muchas oportunidades, con el afán de recaudar exigen que un simple documento valorizado tenga que encontrarse sellado con el pago del impuesto correspondiente.

Un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia (So Energy Argentina S.A. c/ Salta, Provincia de s/ acción declarativa de certeza) echa luz sobre esta cuestión colocando un límite. Una empresa promovió acción declarativa de certeza en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación contra la Provincia de Salta, a fin de que se declare la invalidez e inconstitucionalidad de la pretensión del Estado local de gravar con el impuesto de sellos la carta oferta irrevocable emitida por So Energy Argentina a Energía Argentina S.A. (ENARSA).

La Corte hizo lugar a la demanda. Para ello, entre otras cuestiones, consideró que la nota, por medio de la cual ENARSA aceptó una oferta que únicamente identifica con su fecha de emisión, el número de licitación y la obra a la cual se refiere no cumple con los requisitos y caracteres exigidos por las normas tributarias para configurar un "instrumento" sujeto al impuesto de sellos, razón por la cual la pretensión fiscal de la provincia contraviene, en el orden federal, lo dispuesto en la ley 23.548, además de no encontrar justificación en su propio texto legal impositivo.

El fallo expresó que la caracterización de "instrumento" a los fines del impuesto de sellos es la condición relevante establecida por la ley de coparticipación 23.548, al determinar el marco dentro del cual pueden ejercerse las atribuciones provinciales, con el propósito de obtener un adecuado y equilibrado funcionamiento en el sistema de distribución, y alcanzar un reparto equitativo de la recaudación de los impuestos nacionales que conforman ese mecanismo.

Según la Corte es admisible la acción la declarativa de certeza iniciada contra la Provincia de Salta, a fin de que se declare la invalidez e inconstitucionalidad de la pretensión del Estado local de gravar con el impuesto de sellos la carta oferta irrevocable para ampliar un contrato de provisión del servicio de generación de energía eléctrica.

El reclamo tuvo como fin de que se declare la invalidez e inconstitucionalidad de la pretensión del Estado local de gravar con el impuesto de sellos la carta oferta irrevocable emitida por la empresa a Energía Argentina S.A. (ENARSA), que contiene la "Propuesta de provisión de servicio y/o equipamiento de generación de energía eléctrica distribuida", aceptada -según sus dichos- tácitamente por ENARSA mediante un depósito bancario.

Se mantiene que la empresa Energy ya se encontraba vinculada con ENARSA a través de dos centrales generadoras en funcionamiento en la Provincia de Buenos Aires. Luego, le efectuó una oferta irrevocable para ampliar el contrato de provisión del servicio de generación de energía eléctrica, a fin de abastecer la demanda de la localidad de Tartagal, Provincia de Salta. Esa carta oferta contenía un modo de aceptación tácita del contrato mediante un depósito en una cuenta bancaria, el que ENARSA realizó.

Ante ese hecho el fisco provincial efectuó un ajuste en relación con una deuda en el impuesto de sellos y de intereses, correspondiente al supuesto instrumento denominado "Propuesta de Provisión de Servicio y/o equipamiento de generación de energía eléctrica distribuida".

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Contra esa decisión la empresa presentó un descargo que fue rechazado por la provincia por medio de la resolución y adicionalmente aplicó una multa. Ante otro reclamo de la empresa la provincia emitió un decreto firmado por el gobernador de la provincia. El argumento de la empresa se basó en que esta medida viola los principios constitucionales y crea aduanas interiores, tan criticadas por los pactos fiscales que fueron firmando las diferentes provincias con el Estado Nacional. Lo de las aduanas interiores estaba fundamentado en que el servicio comprendía más de una provincia.

El dictamen de la Procuración, en el que se basó la Corte, invalida la pretensión de la provincia. Se apoya en que las normas definen al instrumento como "toda escrituras, papel o documento del que surja el perfeccionamiento de los actos, contratos y operaciones, de manera que revista los caracteres exteriores de un título jurídico por el cual pueda ser exigido el cumplimiento de las obligaciones sin necesidad de otro documento y con prescindencia de los actos que efectivamente realicen los contribuyentes".

Finalmente, la Corte decide aceptar la demanda iniciada por So Energy Argentina S.A. y declarar la invalidez de la pretensión de la Provincia de Salta. De esta forma, se pone un límite al axioma que dice que "todo instrumento que supuestamente represente un contrato, debería pagar el impuesto a los sellos". 

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