Quizá como nunca antes en el último siglo, Argentina enfrenta la oportunidad de superar los que han sido los principales obstáculos para su crecimiento económico en ese lapso: el déficit fiscal, que condujo a la inflación y al endeudamiento, y el déficit externo y las crisis por falta de divisas en el BCRA, que derivaron repetidamente en crisis macro, rupturas de contratos, fuertes devaluaciones de la moneda y caída en los ingresos de la población.
El logro del equilibrio fiscal se produjo por una firme determinación desde el primer mes de la actual administración nacional. Aunque resta dotarlo de más calidad - con mayor inversión en infraestructura, profundizando las reformas de largo plazo y consolidando una regla institucional para que la sustentabilidad fiscal no dependa sólo de la voluntad de una persona - se trata, sin dudas, de un logro de vital importancia, dada la historia de irresponsabilidad fiscal de Argentina, que demandaba un cambio de 180 grados para resultar creíble.
La tendencia al déficit crónico de divisas en el BCRA fue generada por políticas económicas que conducían a problemas estructurales de competitividad y pérdida de credibilidad, muchas veces acompañados por un fuerte atraso cambiario. Tales problemas podrán evitarse a futuro, en parte por la drástica modificación operada en la política económica, que tiende a una mayor apertura, con acuerdos comerciales y nuevos posicionamientos geopolíticos, pero especialmente por el desarrollo actual y esperado en la producción de petróleo y gas en Vaca Muerta y en la minería de cobre, oro, plata y litio en varias provincias cordilleranas.
Sólo en energía, proyecciones públicas y privadas prevén exportaciones adicionales de petróleo y gas por entre 30 y 40 mil millones de dólares dentro de cinco años, con un salto discreto importante desde 2027, cuando inicien las exportaciones de GNL.
¿Estas cifras mueven el amperímetro de la macro? Además del impacto directo e indirecto sobre el PIB, el mayor aporte del crecimiento en las exportaciones será para la balanza de pagos, dado que permitirían compensar déficits de cuenta corriente como los ocurridos en años de buen nivel de actividad económica y atraso cambiario, como fue, por ejemplo, el año 2017, con un desequilibrio de US$31 MM.
Si se consolida el equilibrio fiscal a largo plazo y un fuerte crecimiento en las exportaciones, normalizando el acceso a los mercados internacionales de crédito, Argentina podrá estabilizar su economía y evitar las típicas crisis de balanza de pagos, con lo que podría asegurar un crecimiento sostenido.
Claro que se trataría de un crecimiento económico no exento de efectos adversos, porque la mayor oferta de dólares por exportaciones presionará hacia un tipo de cambio real relativamente bajo, aún si Argentina modifica su régimen cambiario, sin cepos y con tipo de cambio flotante, como sería deseable. Dado que existe una relación inversa entre salarios y tipo de cambio real, a futuro el país podría exhibir salarios relativamente altos en dólares, lo que incentivaría la sustitución de trabajo por capital, en una situación en la cual, además de capital más barato por la apreciación del peso, muy probablemente exista mayor acceso al crédito.
Costos salariales relativamente altos en dólares complicarían la competitividad de la industria y los servicios transables intensivos en mano de obra, máxime considerando que algunos de ellos tendrán menos protección comercial. Aquí se podrían perder puestos de trabajo, y también algunas empresas. Un típico problema de “enfermedad holandesa”.
Desde el punto de vista sectorial, aumentará la importancia de la minería y los hidrocarburos y caerá la participación de la industria, en especial las actividades que en los últimos años sustituían importaciones. Desde el punto de vista regional, crecerá el aporte económico de algunas provincias patagónicas, en especial Neuquén, y las de algunas provincias mineras cordilleranas, y disminuirá el peso de algunas provincias que se encuentran asentadas las ramas industriales que sustituyen importaciones, en especial los grandes aglomerados urbanos, como el Gran Buenos Aires.
De modo que las reformas pendientes más importantes (laboral y tributaria, entre otras), no sólo se necesitan para asegurar la dinámica de los sectores que a futuro tendrán más posibilidades, sino también para morigerar los efectos negativos sobre actividades que más probablemente disminuyan su aporte económico. Esto último debería ser de interés para provincias como las pampeanas y del NEA, que a priori se beneficiarán relativamente menos con el nuevo modelo.
Se requerirán reformas y mucha sintonía fina para la viabilidad económica y social de la “nueva” economía. La reforma laboral y una reducción de las contribuciones patronales serán necesarias para compensar el encarecimiento del salario en dólares, y así incentivar la contratación de mano de obra en los sectores ganadores y morigerar las bajas en los perdedores. Se requerirá la reforma tributaria para eliminar el sesgo anti exportador de los DEX y las distorsiones del impuesto al cheque, así como el sesgo anti competitivo del impuesto a los ingresos brutos provincial y municipal.
Las elevadas reservas de gas de Vaca Muerta y una producción local que superará largamente la demanda interna, justificarían una política de gas y electricidad relativamente baratos como insumos para la producción argentina (comparado con nuestros competidores), ayudando a compensar parcialmente las dificultades generadas por el “mal holandés”. Además, se necesitará mayor y mejor inversión en infraestructura, aunque manteniendo el equilibrio fiscal. No sólo eso, la obtención de superávit fiscal y la conformación de un fondo anticíclico coadyuvarían a evitar una excesiva apreciación del peso, en un contexto de crecientes exportaciones.
También serán bienvenidas políticas de reconversión laboral y de facilitación de las migraciones internas, desde los grandes aglomerados urbanos a las provincias con mayor expansión en la producción de energía y minería. Aquí podrían ser muy útiles los programas de capacitación laboral y de construcción de viviendas sociales.
Muchas de las reformas necesarias requieren también de la acción de los gobiernos provinciales, como pueden ser, entre otras, la sustitución de Ingresos Brutos, la eliminación del impuesto de Sellos, reformas en la justicia laboral y una mayor inversión en infraestructura. Todo ello en un pacto por el cual Nación y Provincias se comprometen a congelar el gasto público en los actuales niveles (en valores constantes) por una cierta cantidad de años. Si en ese lapso la economía y la recaudación crecen, se generará el espacio fiscal para completar la reforma tributaria en ambos niveles de gobierno.
Pero los gobernadores entienden que aportar a las soluciones de los problemas de inestabilidad macroeconómica y de falta de competitividad les traería costos políticos, mientras que los beneficios políticos del eventual éxito serían principalmente para el gobierno nacional. Así las cosas, sólo se comprometerán activamente con las citadas reformas si se encuentra la forma de incentivarlos. En el pasado, tradicionalmente ocurrió con la cesión de recursos nacionales a las provincias, en forma de transferencias o inversión pública. Peso esta vez no existen demasiados recursos fiscales para repartir.
¿Qué instrumentos tiene el gobierno nacional para incentivar a que las provincias implementen las reformas?
- Reparto discrecional de ATN a provincias;
- Distribución de recursos para financiar inversiones y mantenimiento de infraestructura en las provincias;
- Autorizaciones a provincias para tomar nuevas deudas;
- Inclusión de provincias en programas de financiamiento con organismos internacionales.
Adicionalmente, existen dos posibles estrategias que podrían inducir a que las provincias implementen también sus reformas. Por un lado, condicionar la vigencia de la baja de tributos nacionales que se anuncien a futuro (derechos de exportación, contribuciones patronales) a que las provincias modifiquen también sus vetustos tributos locales (y a través de ellas en sus municipios). Por otro lado, conformar un fondo a partir de una porción de los recursos fiscales nacionales que a futuro genere la expansión de la producción de energía y minería, para financiar obras clave de infraestructura y la mejora en la calidad de la educación en las provincias que se sumen al acuerdo. En el segundo caso, por ejemplo, con la aceleración en la implementación de la ampliación de la jornada escolar en las escuelas públicas de provincias.
