Opinión

¿Cuál es el límite de la desinflación?

En la agenda de Gobierno, la inflación asume un lugar central. Su descenso desde el pico de diciembre alentó el protagonismo de la estrategia de desinflación, desplazando a la mirada rupturista asociada a la dolarización y el cambio de moneda. Este cambio de énfasis discursivo en torno a la política económica tiene implícita la idea de que el programa en marcha es suficiente para atacar la dinámica inflacionaria. Es lo que hay, está funcionando y alcanza, aseguran las autoridades.

A contramano de la perspectiva oficial, creemos que Argentina hace años se encuentra bajo un régimen de alta inflación que se consolidó con el tiempo. El acortamiento e indexación de contratos, junto a la reducción de los horizontes de planificación, son características típicas de estos procesos, que se verifican en los últimos años y expresan cómo la inflación fue echando raíces en el comportamiento social.

Los cambios en los contratos de crédito, alquileres, la forma en que se ajustan las jubilaciones, se negocian las paritarias y se coloca deuda pública son algunos ejemplos. Actualmente las paritarias son mensuales en lugar de semestrales o anuales, la fórmula jubilatoria pasó a tomar la inflación pasada en lugar de ajustarse semestralmente vía salarios y recaudación, los impuestos toman el índice de precios para evitar el rezago sobre la base recaudatoria y los bonos del Estado y los créditos se ajustan con la inflación o el dólar, dejando de lado la tasa fija con un horizonte mayor a un año.

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Los procesos enunciados expresan la consolidación del régimen inflacionario. La inflación se mete en los contratos y la formación de precios, volviéndose crónica. Así, su descenso se hace más difícil, especialmente mediante las políticas antiinflacionarias tradicionales basadas en el ajuste fiscal y monetario. La inercia gana protagonismo.

La historia de las estabilizaciones exitosas bajo este tipo de fenómenos muestra que los enfoques exclusivamente ortodoxos fracasan más temprano que tarde. Los costos sociales y políticos de los programas suelen tornarse intolerables antes de alcanzar niveles de desinflación que permitan recuperar el sendero de estabilidad y crecimiento. Esto se debe a la baja efectividad que tienen las estrategias de ajuste para atacar el componente de inercia de la inflación. Tienen que ajustar excesivamente para alcanzar resultados. Las políticas de coordinación de precios y salarios, así como la dimensión contractual y de desindexación de precios brillan por su ausencia en estos programas.

Los primeros meses del gobierno de Javier Milei comenzaron con un fuerte ajuste fiscal y de ingresos reales, producto de la intensa devaluación y una política compensatoria mínima. A partir de marzo y abril, la dinámica mostró algunos cambios. La recesión y el ajuste fiscal se vieron complementados por la intervención en los precios de la medicina prepaga, una política salarial rígida y la postergación de aumentos de tarifas y combustibles. El Gobierno adoptó, de manera pragmática, parte de la "agenda anti-libertaria", interviniendo en la formación de precios y salarios ante los límites que enfrentaba su propia estrategia de ajuste y recesión.

En los próximos meses la posibilidad de sostener el descenso de la inflación estará, por lo tanto, signada por el choque entre el impulso desinflacionario de la recesión y el piso que establece la inercia contractual. Lo que suceda con los ingresos reales y la actividad económica será central, en tanto constituye hasta el momento el corazón del programa y la principal herramienta de combate a la inercia.

Tal como está planteado el programa económico presenta una tensión inmanente: la necesidad de impedir la recuperación económica y de ingresos para sostener la desinflación. Al no afectar los mecanismos contractuales de la inflación (la indexación sigue viva), una recuperación económica llevará tarde o temprano a un incremento nominal de los ingresos y de las ventas que convalidaran precios más altos y una mayor demanda. La memoria inflacionaria se activará con la expansión económica, convalidando los incrementos de precios.

Así, si el Gobierno opta por reforzar la desinflación, la recuperación no sucederá. Por el contrario, si opta por reactivar la economía la inflación volverá rápidamente a acelerarse y encontrará un piso difícil de quebrar.

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La experiencia histórica demuestra que la necesidad de consolidar la recesión para sostener la desinflación constituye el punto débil de este tipo de programas, dado que lo torna crecientemente dependiente de la tolerancia social y posterga constantemente las perspectivas de recuperación de la actividad y los ingresos. Por ello, creemos que, en la medida que la tolerancia se agote, renacerá la agenda del shock monetario, algo que en las últimas semanas parece haber vuelto a la agenda en declaraciones del ministro y el Presidente. Así, la propuesta de un nuevo shock, con competencia de monedas o dolarización renacerá, más que por planificación, por el agotamiento de una etapa dependiente de la recesión y el ajuste de la actividad.

El programa de gobierno plantea una poco atractiva disyuntiva entre un esquema socialmente doloroso y dependiente de la recesión que tenderá a volverse intolerable y una reforma monetaria que amenaza con resignar márgenes de política monetaria en una economía que padece recurrentemente shocks externos. Se hace evidente por lo tanto la necesidad de construir un camino alternativo; una estrategia que baje rápidamente la inflación, pero minimizando costos sociales y conservando la soberanía monetaria. No solo posible, sino necesario. Todavía estamos a tiempo.

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