Finalizó la primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, realizada en Santa Marta, Colombia, y dejó una certeza: el mundo ya no discute si hay que abandonar los fósiles, sino cómo hacerlo. A diferencia de las tradicionales instancias de diplomacia climática, centradas en negociar textos y consensos mínimos, esta cumbre puso el foco en las barreras concretas que sostienen la dependencia a los hidrocarburos. Fue, en ese sentido, un avance. Pero también expuso una tensión de fondo que atraviesa hoy la agenda climática global: ¿la transición energética será un cambio técnico o una transformación política? Una parte de los actores insiste en pensar la salida de los combustibles fósiles como un problema de sustitución: reemplazar petróleo, gas y carbón por energías renovables, sin alterar las lógicas y modelos de consumo que originaron la crisis. Del otro lado, movimientos sociales, comunidades y sectores de la sociedad civil plantean que no alcanza con cambiar la matriz energética si se mantienen intactas las desigualdades, la concentración del poder y las formas de extracción que degradan territorios y vulneran derechos. Esa disputa no es abstracta. Se expresa, por ejemplo, en el avance de falsas soluciones: expansión de energías renovables o una extracción exacerbada de los denominados “minerales críticos para la transición”, pero sin tener en cuenta modelos de participación social genuinos, resguardo por la biodiversidad y los impactos en el ambiente. Bajo el discurso de la transición, se corre el riesgo de reproducir las mismas lógicas del modelo fósil. En Santa Marta, esa tensión también se vio en los propios espacios de la conferencia. Mientras los segmentos oficiales mostraron limitaciones en la participación efectiva, por fuera de ellos emergieron otros espacios autogestivos por organizaciones sociales, como la Cumbre de los Pueblos, donde más de 900 organizaciones construyeron una agenda común. Allí se delineó una idea clave: la salida de los combustibles fósiles no puede pensarse sin justicia social, sin derechos humanos y sin un cuidado y respeto por el ambiente y la biodiversidad. El punto es central: la transición no es solo tecnológica. Es económica y política, y requiere planificación, cooperación internacional y estrategias diferenciadas según las distintas realidades nacionales También obliga a mirar el sistema financiero global. Las deudas externas siguen presionando a los países del Sur Global a expandir la extracción de hidrocarburos y minerales para generar divisas. Así, la urgencia fiscal compite, y gana, a la urgencia climática. Sin abordar estas estructuras, cualquier transición corre el riesgo de ser parcial. Si bien la conferencia dejó avances, todavía persisten ambigüedades sobre los plazos reales para dejar los fósiles, sobre la continuidad de nuevos proyectos de extracción de hidrocarburos y minerales, y sobre el rol de los grandes actores financieros. Sin embargo, hay una señal clave: la Conferencia se consolidó como un espacio orientado a la implementación, promoviendo la articulación de iniciativas existentes y su vinculación con los procesos multilaterales. Uno de los principales resultados fue la decisión de dar continuidad política a este proceso mediante la realización de una segunda conferencia en Tuvalu a inicios del 2027, en coorganización con el Gobierno de Irlanda. La pregunta, entonces, no es si el mundo avanzará hacia una salida de los combustibles fósiles. Eso, tarde o temprano, ocurrirá. La verdadera pregunta es otra: ¿será una transición que realmente transforme el modelo actual o se perpetuarán las mismas lógicas de consumo y explotación? La respuesta no debe definirse únicamente en mesas de negociación entre Estados. Esto implica traducir las demandas construidas desde los territorios en compromisos concretos, con metas, plazos y mecanismos claros para una salida ordenada y justa de los combustibles fósiles, que a la vez garantice el acceso universal a una energía limpia, asequible y como un derecho.