Por segundo año consecutivo en 2025 hubo superávit primario. La señal es buena e importante, sobre todo después de haber atravesado un año electoral que dejó huellas en las cuentas públicas, por caso con la eliminación transitoria de las retenciones para incrementar la oferta de dólares. En términos del PIB, alcanzó 1,4%, superior al compromiso inicial con el FMI, pero por debajo del 1,6% anunciado. Una diferencia que no cambia las expectativas, pero pone de relieve las dificultades, por ahora menores, que aparecen una vez que se pasa de la motosierra a la tijera.
El gasto primario representó 14,5% del PIB en 2025 y volvió a porcentajes similares a los del 2007 y al promedio de la convertibilidad. Así el ajuste medido en términos del producto fue de 0,5% anual, acumulando -5 puntos porcentuales en dos años. Es claro que la capacidad de recortar partidas encontró límites. Por caso, la más importante por su participación en el total, jubilaciones y pensiones contributivas, creció y regresó a porcentajes del 2023, medidas en términos del PIB.
Una suba compensada por la profundización del recorte en subsidios, programas sociales, gasto en personal, transferencias a universidades e inversión en infraestructura. En tanto, los ingresos cayeron -0,9% con relación al producto y redujeron las posibilidades de mejorar el resultado fiscal o incrementar partidas.
Para este año el último staff report del FMI proyectaba un superávit primario del 2,2% del PIB con otra suba hasta 2,5% en 2027. ¿Es posible? Si bien nadie duda del compromiso del presidente con tener cuentas públicas superavitarias, tal resultado hoy luce optimista. Por caso, ya sería positivo si se cumple la meta del presupuesto que presentó el gobierno: sostenerlo en el mismo nivel que el año pasado. Existen múltiples variables para contemplar la complejidad del desafío. Veamos las referidas al gasto.
La actual formula de movilidad jubilatoria garantiza la actualización por inflación de los haberes. Si la inflación cae como marca la proyección oficial, el gasto en esa partida debería crecer. Los únicos contrapesos son el congelamiento del bono jubilatorio en $ 70.000 desde marzo del 2024 -de actualizarse debería duplicarse- y la eliminación de la moratoria jubilatoria.
En esa línea, el presupuesto oficial para este año marca una suba de 0,1% en términos del PIB en las prestaciones de la seguridad social. Nuevamente, si la erogación más importante que realiza el estado sube o se mantiene constante, habrá más presión a la baja para el resto. En 2025 fue amplia la diferencia entre la suba de las partidas indexadas a la inflación y la caída en las no indexadas.
La política sobre la segmentación de las tarifas de energía es consistente con una nueva caída en el peso de los subsidios, que ya alcanzaron un mínimo histórico al ubicarse por debajo de su registro en 2019. El interrogante es hasta dónde está dispuesto el gobierno a bajarlos en un contexto donde la inflación volvió a ubicarse más cerca del 3% mensual que del 2%. En particular, porque desde este mes el bienvenido cambio en las ponderaciones del IPC-INDEC le da más relevancia en el número final a una suba en las tarifas de servicios públicos.
Por su parte, el ajuste en programas sociales fue de 1,1% del PIB desde que asumió el gobierno. Si su objetivo es retrotraerlo al 2016 aún puede obtener 0,6 puntos del producto más. El interrogante es la sostenibilidad social de profundizar ese ajuste, en un contexto donde, entre otros, el empleo a nivel agregado crece principalmente en la informalidad. En particular, porque la fuerte suba de la Asignación Universal por Hijo (AUH) compensó parcialmente ese ajuste -las asignaciones familiares y por hijo subieron 0,2% del PIB respecto a 2023- pero este año se desindexa su valor. Es posible entonces que también caiga.
Existe otro gasto relevante para el sector público: los salarios. Según los lineamientos del presupuesto se mantendrían constantes respecto al 2025 en 1,9% del PIB, después de un ajuste de 0,5p.p. versus 2023. Una señal en esa línea es el aumento que recibieron ministros y secretarios, más allá de que el impacto en el gasto es bajo dada su participación sobre el total de empleados públicos nacionales. Es evidente que sin importar el rol que se le quiera dar, hay capacidades que el Estado debe mantener y el ajuste en remuneraciones tiene límites.
A su vez, según el presupuesto el gasto de capital subiría 0,1% del producto principalmente por la inversión real directa mientras las transferencias de capital quedarían constantes. De todas formas, la inversión pública en infraestructura seguirá en mínimos históricos. Lógicamente, por sus características hay inversiones que el sector privado no asumirá. En consecuencia, el gobierno nacional traslada ese problema a los gobiernos provinciales y municipales.
En esa línea, el año pasado las transferencias corrientes a las provincias tuvieron una leve suba de 0,04% del PIB hasta 0,29%, lejos del promedio de 0,7% en años anteriores (sin considerar la pandemia.) Aquí también se sostiene la premisa del gobierno de mantener al mínimo su asistencia a los gobiernos locales.
En resumen, este año las partidas donde más espacio tiene el gobierno para ajustar son las que impactan de forma directa en el bolsillo: programas sociales, AUH y subsidios. Tiene a favor el impulso del resultado electoral del 2025 y no tener que volver a ser validado en las urnas hasta 2027.
En contra está el impacto de esas medidas en el consumo interno y en consecuencia, en la producción. En noviembre la actividad económica volvió a caer, en particular la industria, construcción y comercio, los sectores más relevantes como demandantes de empleo. El superávit primario hoy es un activo político y macroeconómico. Sostenerlo, sin erosionar la actividad ni profundizar tensiones sociales, es el desafío de ahora en más.
