Acepta Macri oportuna tregua en la Guerra del Tomate contra la UIA

Muchas novedades aparecen estas horas tras el exabrupto del ministro Francisco Cabrera contra los industriales afectados por las importaciones, a quienes el funcionario recomendó por radio dejar de llorar y dedicase a competir, y cuya reflexión fue insólitamente celebrada en reunión de Gabinete por el propio Presidente de la Nación, al punto de menear el fantasma de Guillermo Moreno, tristemente recordado y recientemente exculpado por sus tropelías en el INDEC.

El enfrentamiento escaló rápido por los medios, dado que la iracundia del Gobierno contra los hombres de la UIA coincidió con agresiones del segundo de Nicolás Dujovne al economista José Luis Espert, fuertes sospechas de activismo estatal en las redes sociales contra críticos del oficialismo (escándalo sobre el que habrá novedades internacionales en breve), y la captura por parte de la Jefatura de Gabinete de la AFIP tras el retiro de Alberto Abad, la oficina más sensible del Gobierno en términos de información sobre la situación y patrimonio de las personas. La casualidad quiso, además, que todo se diera el día en que caía preso justamente un ex presidente de la central fabril, el caso del metalúrgico Juan Carlos Lascurain.

Los industriales salieron a defenderse públicamente y a contra atacar, y ayer finalmente bajaban las expectativas de que siguiera escalando en público el conflicto. Se dejaba trascender un seguro y oportuno encuentro la semana próxima en Casa Rosada entre el Gobierno y los afectados para tratar de bajar los decibeles. Dos novedades muy positivas. Los empresarios se animaron a defenderse en público de agresiones de funcionarios (no pasaba en la era K) y el Gobierno llamó al diálogo y no se radicalizó ni tomó represalias contra sus críticos, a pesar de que Macri sube en las encuestas cuando se hace el progresista y sobre actúa contra las empresas. Ambas cuestiones hablan bien de los industriales afectados, y también del Gobierno que promueve diálogo, no agrava los conflictos y no amenaza.

Uno de los elementos que probablemente decidió al Gobierno a no aumentar la escalada fue también que la pelea se estaba dando en contra de la industria alimenticia el conflicto escaló por el volumen de importaciones de alimentos enlatados, en particular tomates, sin dudas el sector más competitivo y que más viene invirtiendo en el país a lo largo de los años, y el que menos ha reclamado protecciones y privilegios.

Fueron los propios voceros del grupo Arcor (la empresa argentina por años de mejor imagen) los que salieron a defenderse. "No estamos llorando, estamos tratando de defender a la industria alimenticia argentina", sacudió Adrián Kaufman, alto directivo histórico de la compañía de la familia Pagani, y actual vice presidente de la UIA. "Me da pena lo que dijo el Presidente sobre nosotros y Guillermo Moreno", disparó sin titubear el titular de la UIA, Miguel Acevedo, también accionista de un conglomerado industrial alimenticio modelo en el país. Y finalmente José Urtubey, hermano de uno de los gobernadores más aliados al presidente Macri en el PJ, dijo con precisión que ya la Argentina no está para bancarse bravuconadas y destratos de los funcionarios. A esa altura, desde el Ministerio de la Producción se insistía en bajar los decibeles del conflicto y, sobre todo, que de ninguna manera el Gobierno cuestionaba el ejemplo de Arcor como modelo empresario en el país, todo lo contrario.

Valen para el análisis cuestiones de fondo y de forma en medio de la disputa, mirando desde luego para adelante respecto de lo que los elementos puedan ayudar a discernir. Lo más complejo claramente es la cuestión de fondo, más allá de que se conoce el fastidio de Macri con sus pares locales, a quienes acusa hace años de subestimarlo, de haber jugado para Scioli, y de estar siempre pidiendo plata al Estado. Quienes conocen al presidente de toda la vida, saben que algo que molesta especialmente al Jefe de Estado es que le pidan plata o privilegios.

Pero el fondo del conflicto es menos personal. Si a esta altura, tras dos años de gestión, la pelea es contra los industriales más eficientes y correctos del país, algo en el modelo está en problemas.

Está claro que la cuestión de los tomates puede tener detalles sectoriales en particular que puedan afectar la ecuación y que no necesariamente deban trasladarse al resto de la economía. La realidad es que una lata se produce a $ 6 o $ 7 a precio salida de fábrica en Mendoza o San Juan, precios súper competitivos y más bajo que los precios de importación. Pero llega a la góndola al triple, entre $ 20 y $ 22. Los consumidores ni siquiera se benefician con el Mark up de los importadores. Según Arcor, 40% del precio de una lata de tomate es impuesto y 35% es transporte y logística. Como todo. El Gobierno simplifica y dice que el problema es el precio de la lata, que el grupo Techint la cobra muy cara. Pero es obvio que a Techint, como a Arcor y al resto de los empresarios, todo les cuesta más caro. La tasa de interés, la inflación, los juicios laborales y definitivamente la presión impositiva. El Gobierno insiste en que bajó los impuestos y se cree su propio relato. Pero la indexación del impuesto a las ganancias sin ajuste por inflación en una economía que heredó la inercia inflacionaria de 10 años y que acumuló 60% más de costo de vida en los últimos dos años y podría sumar 20% más en el tercero, lejos de bajar los impuestos, fuertemente los aumentó. Lo mismo con la carga impositiva en tarifas y las tasas municipales más impuestos territoriales en las provincias. La recuperación de la competitividad es muy lenta y se promete para el mediano plazo.

Una vez más, el gradualismo pasa la cuenta. Al haber optado por no utilizar la devaluación al principio de la gestión para ayudar al ajuste fiscal, y al tener en consecuencia que financiar un exorbitante déficit heredado y aumentado con deuda en dólares, los desequilibrios profundizaron el problema de la competitividad, sobre todo en la industria. Se cocinó un complicado atraso cambiario del que cuesta salir, y tampoco se pueden bajar mucho los impuestos y el costo argentino en general por la inflación que tarda en bajar a niveles que permitan mejorar la competitividad. Una verdadera doble Nelson: atraso cambiario y record de presión impositiva y de costos. Las empresas pagan más impuestos que antes, pagan más tasa de interés que antes, pagan mayores costos laborales y logísticos que antes, pagan más cara la energía y las tasas y contribuciones municipales y provinciales y cada vez el país es más caro en dólares y más abierto a los productos terminados del exterior que ingresan por el dólar barato a precios imposibles para que pueda competir la industria local, aún la más eficiente como es el caso de las alimenticias. Es saludable la apertura y la competencia, pero en un modelo de equilibrio fiscal que no atrase el tipo de cambio para financiar el déficit.

Esta cuestión de fondo el Gobierno trata de arreglarla de a poco, dejando que suba el dólar despacito para evitar que se profundice el atraso cambiario de los primeros años. Para eso se modificaron las metas de inflación y se lo intimó a Federico Sturzenegger a allanarse a las indicaciones de la conducción económica concentrada de Jefatura de Gabinete. Ya que no se puede ajustar el gasto y la inflación sigue, bajar un poco la tasa y devaluar suavemente. Sin que se escape mucho el dólar para que la inflación máxima sea 20% este año. Lograr con esta nueva versión del crawling peg (mini devaluaciones aperiódicas) para llevar el dólar a $ 22/$ 23 para fin de año. Asumiendo que el ritmo de devaluación, como todo, debería ser mayor en el primer semestre y luego ir aflojando como el resto de los aumentos. Con la promesa al presidente Macri que en 2019, el año electoral, la inflación no pasa de 15%, con chances de llegar a 12/13%. ¿Cómo lograrlo? Muy simple, desde la cero hora del primero de enero de 2019 no aumenta nada más regulado en la Argentina hasta las elecciones de octubre. Lo que el economista Carlos Melconián llama hoy el Plan Perdurar, y que tiene muchas chances si el Gobierno logra que no se caigan las expectativas de crecimiento. Para eso prefiere devaluar y tener un poquito más de inflación.

Permitir un dólar un poco más alto alivia en parte la disputa por el tomate y otras yerbas. Sería caótica la situación si el dólar hoy estuviera a $ 18. Pero como el proceso inflacionario y de aumento de costos en dólares no se detiene, la carrera por la competitividad seguirá muy áspera. También el fondo de la pelea con la familia Moyano es por el costo del transporte. Es cierto que el gremio aumenta la ineficiencia exigiendo tres empleados por camión y que las cargas sean al 75% de la capacidad. Pero los costos de la logística en Argentina trepan al doble o triple de los internacionales por la carga impositiva y los impuestos al trabajo en toda la cadena. Y porque como en todo, el corazón del modelo que es mantener alto déficit fiscal financiado con atraso cambiario hace que el país sea siempre más caro en dólares que el resto. Por más eficiencia que se logre con los sindicatos y las empresas, la trampa del gradualismo lo seguirá complicando al presidente Macri en todo su primer mandato. Recién si gana la reelección, hacia 2020, habrá que ver si las promesas de la solución gradual de déficit se cumplen, o si habrá que pensar en nuevas soluciones. Falta todavía.

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