ANÁLISIS

Cristina, Alberto y una desestabilización política con impactos macro

Faltan poco menos de 600 días para que concluya la actual gestión de gobierno. Saber cómo llegará la economía a ese entonces es una apuesta de alto riesgo que depende de muchos elementos, pero que sin dudas gira crucialmente sobre la capacidad de administrar desequilibrios desde la Casa Rosada. Desequilibrios no sólo económicos, sino también políticos: la fractura abierta entre el cristinismo, el equipo económico y ahora el propio Presidente impide el normal funcionamiento del Gobierno y consolida una incertidumbre financiera (medida por el índice de riesgo país) en niveles anormales para una economía que transita los primeros pasos de un acuerdo con el FMI.

Los embates personalizados hacia la figura de Martín Guzmán visibilizan, más allá de los nombres, la lectura diametralmente opuesta que hace el cristinismo acerca de cómo deben encararse los conflictos macroeconómicos. La abismal diferencia de enfoques, en términos prácticos y en el mejor de los casos, incapacita la gestión y dificulta la implementación de políticas, en especial las acordadas con el Fondo Monetario.

Para ser concretos, los accionistas mayoritarios de la coalición gobernante imaginan soluciones hoy impracticables. Añoran los tiempos de Cristina Kirchner, donde el consumo y los salarios crecían financiados por los superávits gemelos (fiscal y externo) heredados del gobierno de Néstor Kirchner, las subas de los precios internacionales, las tarifas congeladas y la pérdida de reservas del Banco Central.

Algunos simples números ayudan a entender esta nostalgia por el pasado que se fue. En el primer gobierno de CFK, el salario real creció un impactante 40%, aún con los efectos de la crisis internacional 2008-09 sobre la actividad y el empleo. El consumo lo hizo nada menos que 23%. El aumento del salario real en el segundo mandato fue de 10%, ya con una inflación que aceleraba (acumulando 170% en cuatro años). El consumo, a medida que aumentaban los precios, apenas creció 4 puntos entre 2011 y 2015. Era evidente que la velocidad del consumo y los salarios menguaba a medida que la inflación pisaba más fuerte.

Las condiciones globales también hicieron su aporte durante las épocas cristinistas; los términos del intercambio crecieron 30 puntos hasta 2011, para luego caer 9% en la segunda administración. En paralelo, la expansión significó una pérdida acumulada de u$s 45 mil millones de reservas internacionales en los dos períodos de CFK.

Pero como decía Perón, la única verdad es la realidad. Nada de esto existe hoy. No hay condiciones objetivas para imaginar una recuperación salarial a velocidades cristinistas tras los impactos de las megadevaluaciones de 2018-19, de la aceleración inflacionaria posterior, de las reservas en rojo y de las reestructuraciones de deuda externa, tanto con bonistas privados como con el FMI. Los equilibrios fiscales y monetarios requeridos para estabilizar la macro aún están lejos de alcanzarse y al Banco Central le cuesta recuperar reservas aún con los términos del intercambio en niveles de 2012. Las tarifas, el corazón de la reducción del déficit comprometida con el Fondo, más tarde o más temprano comenzarán a descongelarse y la inflación ya no ronda los 25 puntos de 2015. Más que la duplica.

En estos simples datos radica el error de diagnóstico del cristinismo. El peligro de creer que existen márgenes de acción suficientes para una política económica expansiva que gane elecciones pasa por la profundización del abismo dentro del oficialismo y porque el aumento de la incertidumbre tensione la frágil condición macroeconómica.

De ningún modo estas ideas suponen un apoyo a la gestión económica del Gobierno, plagada de malas decisiones, timings discutibles (como los extensos tiempos de negociación con el Fondo) y una pésima comunicación. Los pobres resultados convalidan esta posición y en varias de estas columnas nos hemos referido a estos puntos. Pero en estas circunstancias lo que menos hace falta es una fractura interna en la coalición de gobierno. Para una administración que está funcionando sin presupuesto y con limitadísimo espacio para gestionar y sobre todo, proyectar, el único camino posible para llegar al fin de su mandato es optar por una estrategia de contención de daños en lo económico que reduzca los riesgos de una crisis.

¿Qué debería incluir esta estrategia de 600 días? Algunos elementos no presentes hoy. En primer lugar, ratificar la hoja de ruta establecida en el acuerdo con el Fondo, explicitando la decisión política de cumplir con las metas trimestrales y comunicando todas las conversaciones en marcha en caso de (probables) desvíos. En segundo término, si no un (improbable por impracticable) plan de estabilización, al menos señales de hacia dónde y quién conducirá la política de precios; por lógica, ese rol tendría que recaer en el Ministerio de Economía. Retornar a una tasa mensual de 3.5%/4% promedio como en 2021 sería una meta modesta que, bajo ciertas condiciones, ayudaría a sostener el delicado equilibrio social. Otra señal necesaria para ordenar la transición y reducir los impactos sobre la actividad económica en los próximos meses sería ordenar la disponibilidad de divisas para disminuir la incertidumbre en diversas actividades productivas.

Es ingenuo creer, sin embargo, que el quiebre entre el cristinismo y el Presidente es exclusivo a diferencias de enfoque macroeconómico. Las elecciones de 2023 están cerca y las chances de perderlas también. Aunque suene paradójico, debilitar la figura presidencial podría entenderse como un intento por preservar la identidad histórica del cristinismo fuera del poder desde 2024. Descartar el error de 2019 y replegarse en la provincia de Buenos Aires, en el mejor de los casos. En términos institucionales, sin embargo, estas arquitecturas pueden hacer mucho daño a este complejo escenario macroeconómico.

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