Una nueva polémica legislativa vuelve a encender el debate migratorio en Florida. En el Congreso estatal avanzan dos proyectos de ley que podrían cambiar de forma radical el uso cotidiano de las licencias de conducir y tarjetas de identificación, al exigir que indiquen de manera explícita el estatus de ciudadanía de cada persona. La propuesta, impulsada por legisladores republicanos, ya despertó una fuerte reacción de organizaciones sociales y defensoras de derechos civiles. Desde distintos sectores advierten que la iniciativa no es un simple cambio administrativo, sino una medida con impacto directo en la vida diaria de millones de inmigrantes, incluidos residentes legales, refugiados y asilados que viven y trabajan en el estado. Las iniciativas HB-991 y SB-1334 obligarían a que las identificaciones estatales de Florida especifiquen si el portador es o no ciudadano de Estados Unidos. Según alertó la Florida Immigrant Coalition, esta modificación convertiría a los documentos oficiales en una herramienta de clasificación social. Activistas y abogados migratorios sostienen que el simple hecho de mostrar una licencia podría derivar en controles arbitrarios, trato desigual o discriminación racial, especialmente en contextos laborales, comerciales o de seguridad. “El uso de etiquetas de ciudadanía crea un sistema de ranking que invita al trato desigual”, advirtió Renata Bozzetto, subdirectora de la coalición. El debate adquiere otra dimensión al observar la realidad demográfica de Florida. De acuerdo con datos del American Immigration Council, casi 5 millones de habitantes nacieron en el extranjero, lo que representa alrededor del 22% de la población estatal. Dentro de ese universo conviven múltiples categorías legales que van mucho más allá de la ciudadanía. Organizaciones civiles alertan que una etiqueta visible en la identificación puede generar confusión, estigmatización y exclusión, incluso hacia personas con estatus migratorio legal. En la práctica, temen que esta política facilite discriminación cotidiana en trámites, alquileres, controles policiales o acceso a servicios básicos. Las propuestas en Florida se enmarcan en una estrategia más amplia del Partido Republicano para endurecer los requisitos de ciudadanía, especialmente en el contexto electoral. Aunque ya es ilegal que los no ciudadanos voten, los legisladores buscan reforzar los controles con nuevas exigencias documentales. En paralelo, el presidente Donald Trump reclamó al Congreso la aprobación de la llamada Ley SAVE America, que apunta a exigir pruebas de ciudadanía más estrictas para votar en elecciones federales. Organizaciones de derechos civiles advierten que estas medidas podrían dificultar el acceso al voto incluso a ciudadanos nacidos en Estados Unidos que no cuentan con pasaporte o identificaciones compatibles con Real ID.