El presidente del Directorio del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, criticó el proyecto de ley que anunció ayer el gobierno que habilita una causal jubilatoria a partir de los 60 años. Delgado sostuvo que la ciudadanía ya rechazó esa posibilidad en el plebiscito sobre la seguridad social realizado en 2024.
“Democracia también es respetar la voluntad popular”, expresó el dirigente nacionalista en su cuenta de la red social X, donde criticó que el gobierno de Yamandú Orsi busque avanzar con una iniciativa que, a su entender, contradice el resultado de la consulta popular.
Delgado afirmó que el gobierno está insistiendo “por otra vía con algo sobre lo que la ciudadanía ya se pronunció en las urnas”. En ese sentido, recordó la reforma previsional aprobada en 2023 y cuestionó el intento de modificar uno de sus aspectos centrales.
Delgado recordó que en 2023 durante el gobierno de Luis Lacalle Pou “hicimos una reforma previsional responsable. En 2024 quisieron revertirla, incluyendo volver a los 60 años, y los uruguayos no acompañaron”.
El dirigente nacionalsita dijo que “no se pueden seguir buscando caminos alternativos para cambiar lo que la gente no acompañó”, y concluyó que respetar la voluntad expresada en las urnas también forma parte de la democracia.
El proyecto del gobierno
Esta iniciativa forma parte de las orientaciones surgidas del Diálogo Social y apunta, según el gobierno, a contemplar las distintas trayectorias laborales y las dificultades que enfrentan algunos trabajadores para permanecer en actividad a edades avanzadas.
Con esta ley el gobierno busca atender especialmente a trabajadores de ingresos bajos y medio bajos, que podrían jubilarse con montos similares o superiores a los que regían antes de la reforma previsional de 2023, explicó ayer el secretario de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez.
Los sectores de ingresos medios y altos también podrían acceder a la causal, aunque el esquema prevé incentivos para que continúen trabajando hasta la edad ordinaria de 65 años.
El anuncio se da en el marco de otras políticas sociales y laborales destacadas por el gobierno, y abrirá un debate parlamentario sobre el alcance, los mecanismos de cálculo de las prestaciones y la eventual incorporación de las cajas paraestatales.
