Las pymes son el motor de crecimiento y de generación de empleo. Según la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, se estima que, en 2020, las pymes concentraron el 64% del empleo asalariado registrado y que, en 2019, el 46% de la facturación pertenecía a este sector.

Sin embargo, las compañías habitualmente no consideran al compliance como un activo crítico en el desarrollo de sus negocios y dejan de lado un tema que suele tener múltiples beneficios para su crecimiento.

"Las pymes han sido siempre el sector más relegado en temas de compliance", afirma Laura Lavia, vicepresidenta de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. Es que las pequeñas y medianas empresas, dominadas por los desafíos de la coyuntura y concentradas en su supervivencia, tienden a ver el compliance como un costo y no como una inversión.

Para María Lujan Bianchi, directora académica y profesora de la Certificación en Compliance de la UCA, las políticas de compliance tienen su origen en las empresas multinacionales, pero hoy son un must para las más pequeñas que deseen obtener financiamiento, ser proveedoras de grandes compañías o atraer talento.

Además, "un programa de compliance adecuado y correctamente implementado permitirá reducir riesgos de corrupción y fraude, lo cual implica un importante ahorro en pérdidas y daños reputacionales", resalta Lavia.

Daniela Martín, directora de Gestión de la Cámara de Comercio de EEUU en la Argentina (AmCham), sostiene que "tener un programa de integridad es un indicador de competitividad que multiplica las oportunidades de hacer negocios".

No obstante, considera que muchas pymes se desarrollan en un escenario post pandemia, donde quizás su principal obstáculo es pagar los salarios a fin de mes. "El desafío que tenemos como país es que las empresas puedan manejar la doble vía: mientras gestionan la coyuntura, no deben dejar de trabajar en esto porque el día que puedan pagar los sueldos sin problemas van a poder salir a competir", expresa.

CON POCOS RECURSOS

Para las expertas, el momento adecuado para iniciar un proceso de transparencia es cuanto antes, si es posible, desde la fundación. "Se trata de una decisión independiente de la participación de la empresa en licitaciones o concursos privados o públicos", explica Lavia.

La abogada, además, refiere que muchas empresas se apresuran a implementar programas de integridad solo cuando las condiciones de las licitaciones o concursos lo exigen. "Si la empresa lo toma como un casillero a completar y no se toma el tiempo de llevar adelante el proceso a conciencia y en profundidad, el programa difícilmente funcionará", asegura.

Al contrario de lo que se cree, implementar un programa de integridad y tener una política de compliance es sencillo y no supone grandes desembolsos de dinero. Pero algo no puede faltar: la decisión y el compromiso de la dirección. De otra forma "es difícil que la integridad sea parte de la gestión de negocios", dice Martín.

"Para mí es clave saber dónde priorizar recursos y cómo compartirlos. Quizás no podés tener un Compliance Officer exclusivo, pero hay alguien que puede ejercer este rol y tener un doble sombrero.", señala Bianchi.

Martín recuerda la experiencia que tuvo AmCham cuando elaboró su código de ética hace 15 años: "Somos una cámara que trabaja con el ámbito público, pero también somos una pyme, tenemos 30 personas. No tenemos un director de Legales adentro. ¿Y cómo hicimos? empezamos a recolectar las experiencias y los códigos de ética de otras compañías para ver qué podíamos adaptar a nuestro propio código y cuando lo terminamos lo compartimos con las 300 pymes de la cadena AmCham para que hicieran el suyo".

EL PRIMER PASO

En concreto, el primer escalón que debe subir una pyme para desarrollar una política de compliance es el de cumplir la ley. En este sentido, la legislación vigente establece que se debe contar por lo menos con un código de ética o conducta, reglas de contratación con el Estado Nacional para prevenir ilícitos y capacitaciones.

A lo estrictamente necesario, Bianchi suma la evaluación de riesgo. "Lo que hace un programa de integridad es prevenir, detectar y sancionar la comisión de un ilícito, de un incumplimiento. Si no sabes dónde puede suceder, ¿cómo lo vas a prevenir?", precisa.

Asimismo, la académica aclara que tanto la ley como las guías de la Oficina Anticorrupción contemplan las diferencias entre una pequeña y una gran empresa. En la medida en que el programa guarda relación con los riesgos propios de la actividad, su dimensión y capacidad económica, las exigencias son distintas y las pymes no tienen por qué ahogarse en burocracia o invertir grandes sumas.

"Lo mejor es enemigo de lo bueno. Si yo me focalizo en tener un gran programa de integridad, tal vez nunca empiece. Me va a dar miedo. Es clave ir creando eslabones de a poco. Uno puede empezar por algo sencillo y continuar profundizando después", describe.