Vicentin tiene todo listo para salir del concurso, pero una impugnación podría complicar su plan
Fabián Lorenzini, el juez que sigue la causa, certificó que la oferta de la cerealera logró las adhesiones suficientes. Sin embargo, una presentación en contra podría complicar la salida de la compañía de la crisis
Vicentin tiene todo listo para homologar el acuerdo de pago con los acreedores. Fabián Lorenzini, el juez de la causa, certificó que la oferta de la cerealera logró las adhesiones suficientes, por lo que la empresa -que acumula una deuda superior a u$s 1500 millones y cayó en default en diciembre de 2019- está en condiciones de firmar un acuerdo.
Sin embargo, la salida del concurso de la agroexportadora podría complicarse. El Banco Nación anunció que impugnará el eventual aval judicial al acuerdo de pago, por considerar a la propuesta como "discriminatoria, abusiva y en fraude a la ley", considerando que fija cláusulas de similar naturaleza para todos los acreedores, sin contemplar diferencias de intereses y características de los distintos afectados.
El planteo del banco estatal se enmarca en la posibilidad que dispuso la Justicia de presentar impugnaciones, lo que recalienta la pelea entre la cerealera y el Nación, como parte del grupo de acreedores más reacios a las propuestas que efectuó la empresa en los últimos meses. Anticipan que los tiempos podrían dilatarse, en caso de que se realicen varias presentaciones.
En línea con la postura que mantuvo todo este tiempo, el banco que preside Silvina Batakis explicó que desde el punto de vista económico el acuerdo sería "extramadamente desfavorable", mientras que desde la óptica jurídica sería "palmariamente contrario al principio de igualdad de los acreedores que prima en este tipo de procesos".
Para el Nación, el compromiso de pago "no representa ni siquiera un cuarto del dinero que la empresa le adeuda". Al respecto, destacó que Vicentin le debe más de u$s 300 millones y recordó que por ser el mayor acreedor, buena parte de la acreencia verificada de la entidad crediticia -u$s 246 millones, con la actualización de intereses- recibe un 'tratamiento privilegiado', lo que le confiere mayor poder de negociación a la hora de acordar las condiciones. Es decir, el pago de la 'deuda privilegiada' corre por vía paralela.
El anterior presidente del Nación, Eduardo Hecker, ya había anticipado el año pasado que no aceptarían la oferta de Vicentin. "El banco busca arribar al mejor acuerdo posible para preservar el dinero de la población. No nos oponemos a un consenso, todo lo contrario. Estamos dispuestos mantener el diálogo y buscar soluciones. Pero no vamos a aceptar un acuerdo que implique convalidar el fraude y una alta quita, lo que significaría un daño al patrimonio colectivo", afirmó en ese entonces, en diálogo con El Cronista.
La cerealera ofreció pagar hasta u$s 30.000 a cada uno de los acreedores y el 10% del monto verificado convertido a dólares. Al año siguiente, pagará otro 10%. Luego, todos los créditos pasarán a un fideicomiso que recibirán en 12 años aproximadamente un 10% final, sujeto a las contingencias que deba asumir la compañía en el transcurso de ese período.
En cambio, el proyecto que promueve el Nación es el cramdown, el armado de un fideicomiso financiero, que, ante el avance de la propuesta de Vicentin, en las últimas semanas perdió peso. Es impulsado por un grupo de 72 acreedores comerciales, que integran el ala más crítica y representan un pasivo superior a u$s 420 millones de los u$s 1574 que adeuda en total la cerealera.
No obstante, acreedores más chicos le bajaron el pulgar. Ven con buenos ojos la propuesta de la cerealera, a diferencia de los 72 granarios. Al respecto, desde la compañía aclararon que ese grupo "está lejos de interpretar la voluntad de la mayoría de los acreedores quirografarios". "No representan no más del 6% de la masa y sus montos equivalen al 8% del total de la deuda quirografaria", destacaron desde el directorio.
Vicentin necesitaba obtener 860 votos afirmativos para alcanzar la conformidades necesarias, teniendo en cuenta que requería el aval del 50,1% de las cápitas. A la fecha, ya recibió la aprobación de más de 1000 acreedores. A su vez, precisaba la adhesión de quienes representan, al menos, el 66,6% de la deuda, porcentaje que también alcanzó.
Ya más cerca de concretarse la salida del concurso, la empresa busca acortar los tiempos judiciales para así salir definitivamente de la crisis, teniendo en cuenta que el proceso concursal lleva más de tres años. Se esperan definiciones para los próximos días.