La Justicia confirmó inhibición de bienes a Buquebus por más de $ 112 millones

La Justicia confirmó la inhibición general de bienes sobre la empresa Buquebus por un monto superior a $ 112 millones por el uso indebido de fondos provenientes del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). 

En 2020, con la llegada del Covid y la actividad totalmente detenida, la compañía naviera le pidió al Estado el beneficio del programa para mantener el pago de los salarios al día. Sin embargo, para acceder a este beneficio, había que cumplir con algunos requisitos, entre los que se contaba la imposibilidad de comprar divisas mediante el contado con liquidación, algo que la empresa, según la AFIP, no cumplió.

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Es que el organismo conducido por Carlos Castagneto le reclamó a Buquebus la devolución de $ 63 millones, más intereses. El ente recaudador alegó que la compañía compró dólares en la Bolsa en noviembre de 2020, una operación incompatible con la adhesión al plan de apoyo al sector privado. 

A partir de esa incompatibilidad, la Dirección de los Recursos de la Seguridad Social (DGRSS) solicitó la caducidad de los beneficios. 

La AFIP agregó que, ante la falta de respuesta de la compañía a la demanda, iniciada en junio de 2022, la Justicia determinó que al monto de $ 63.611.993 reclamado originalmente se sumarían otros $ 48.888.000 en concepto de intereses y costas. De esta manera, se alcanzó el total de $ 112,5 millones.

El año pasado, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°9 ordenó la ejecución de los montos exigidos. Ahora, la Justicia ratificó su decisión de inhibir los bienes.

El programa ATP fue lanzado en 2020 en medio de la pandemia para atenuar el impacto negativo sobre la economía del período de aislamiento. La iniciativa contemplaba desembolsos al sector privado para hacer frente al pago de sueldos en las actividades en crisis o afectadas por el coronavirus. 

Otras denuncias

Durante todo 2022, la AFIP inició una serie de controles sobre los beneficiarios. Los cruces de información que surgieron de las bases de datos del organismo permitieron iniciar fiscalizaciones con el fin de identificar empresas que pudieron haber abultado o detraído sus ingresos de forma artificial y, así, acceder al apoyo estatal.

En ese marco, los agentes del organismo constataron manipulaciones de ventas declaradas para acceder al beneficio. Como resultado de estas tareas de fiscalización y control, se lograron recuperar $ 130 millones de parte de contribuyentes que devolvieron estas ayudas obtenidas de manera irregular.

Los principales sectores que realizaron los reembolsos fueron el de transporte, con $ 40 millones, el petrolero, con $ 37 millones, y el alimenticio, por más de $ 30 millones, entre otros.