COLUMNA DE OPINIÓN

El "robo del siglo": el caso Vicentin

El caso Vicentin ha sido denominado como el "robo del siglo" en el seno de la Audiencia Pública celebrada el 24/08/2022 en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Este término utilizado por el diputado provincial Rubén Giustiniani ha sido la forma en la que el legislador logrado graficar el desfalco generado por la agroexportadora por más de u$s 1600 millones para cuestionar "¿Dónde está la plata que deben a los acreedores?", calificación compartida por todos los integrantes de la Comisión que integra.

Recordemos que la estafa de Vicentin viene siendo noticia desde diciembre del 2019 cuando anunció la cesación de pagos y ha afectado directamente al sector agroexportador nacional, y en especial, a innumerables productores granarios, al estado Nacional (a través del Banco Nación) y trabajadores, directos e indirectos, de la propia firma. A estas alturas ya no caben dudas, se habla del mayor fraude económico de la historia de la provincia de Santa Fe y, seguramente, de la historia de nuestro país, que se caracteriza por tener dos etapas bien marcadas, tal como surge de las diferentes declaraciones del acto.

Ante el impacto que ha tenido el conflicto, no sólo a nivel económico y productivo en la región, sino también a nivel social -en tanto se encuentran en juego innumerables puestos de trabajo-, ha tomado intervención el Poder Legislativo de la Provincia de Santa Fe, quien conformó una Comisión Especial para el seguimiento del "caso Vicentin", presidida por el diputado provincial Luis Rubeo e integrada por los diputados Mónica Peralta, Carlos Del Frade, Rubén Giustinani, Betina Florito, Ariel Bermúdez y Palo Oliver, entre otros y la cual ha convocado una Audiencia Pública celebrada.

Esta comisión, compuesta por todos los frentes políticos de la provincia, viene realizando un arduo trabajo que plasma en informes de avance del asunto, que viene exponiendo en la Cámara de Diputados y, cuyos resultados parciales, han sido expuestos el 24/08/2022.

Lo relevante de la misma, es que todos los legisladores que integran el órgano coinciden en que el caso de Vicentin se trata del "Robo del Siglo" traducido en el descomunal desfalco perpetrado por los directivos de la firma, causando perjuicios económicos irreparables a la cadena productiva agroindustrial, a los productores agropecuarios regionales y a las arcas del estado a través del Banco de la Nación Argentina, hecho que tiene imputados a 13 administradores de Vicentin y 3 Directores de Renova SA.

En el recinto de la Cámara de Diputados, también estuvieron presentes representantes como Claudio Lozano (ex director del Banco Nación), el Fiscal General de la Provincia Jorge Baclini, los fiscales Miguel Moreno y Sebastian Narvaja a cargo de la oficina de Delitos Económicos que investiga el caso, el secretario general de aceiteros de Reconquista, su abogado, varios acreedores granarios, entre ellos, Mariano Grassi de la firma Grassi SA, empresa histórica del sector y uno de los principales damnificados, y el director de Vicentin Estanislao Bougain.

Todos los presentes han apoyado las consideraciones respecto a que la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe mediante el avocamiento ha permitido evitar que se consolide esta megaestafa, en tanto que, de convalidarse el concurso preventivo tal cual intenta hacerlo la firma, no sólo consolidará el fraude al patrimonio de los acreedores sino también implicará perjuicio para los trabajadores y para la industria nacional. Así lo expresó el diputado Giustiniani al sostener "...que el final del mismo no sea el desguace y quiebra de la empresa, y que la variable de ajuste no sean los trabajadores y el patrimonio de los argentinos y que sea la pérdida de una empresa nacional en el comercio de granos..."

También se hizo eco de ello el ex titular del Banco Nación, Claudio Lozano, al sostener "...La Corte interviene en el momento en donde la concentración, la extranjerización y el desguace con el impacto en términos de crisis laboral, en el marco de un concurso absolutamente conducido por un juez subordinado a los intereses de la empresa se estaba por consumar..." y termina diciendo "...Esta propuesta, es un insulto a la inteligencia..."

Tan importante ha sido la intervención del Máximo Tribunal Provincial que el representante letrado del Sindicato de aceiteros señaló las anomalías que ha presentado el concurso mediante "...la entrega de un balance fuera de término, prorrogas del período de exclusividad más allá de lo que permite la ley, una propuesta concursal irrisoria, irrealizable inclusive para nosotros los trabajadores, violatorias de principios concursales como es la par conditio creditorum..."

La estafa y sus etapas

A poco de analizar los dichos de los propios exponentes quedó bien en claro los dos tramos de la estafa perpetrada por la agroexportadora, el primero tomando créditos comerciales (granos con precio a fijar) y financieros por más de u$s 1600 millones a través de balances que no reflejaban la realidad patrimonial de Vicentin, y el segundo, pretendiendo pagar tan solo u$s 320 millones a través de una propuesta ilegal, abusiva, de imposible cumplimiento a través del desguace a la agroexportadora.

Cabe aclarar algunas cuestiones vinculadas al ofrecimiento de los u$s 320 millones a tipo de cambio oficial publicado por el BNA que en realidad terminan siendo 160 millones de moneda billete por la brecha existente. Por una parte, Vicentin ha recibido granos por parte de los productores cuyo valor se encuentra atado a precios internacionales (commodities), con lo que en términos de poder adquisitivo el monto que se ofrece es sustancialmente menor al real. Por otra parte, dicha suma final se ofrece abonar en 12 años sujeta a innumerables contingencias de ineludible acaecimiento, con lo cual merma sustancialmente el monto de recupero para los acreedores.

Muy esclarecedor ha sido la descripción de la maniobra delictiva que realizó el fiscal a cargo de la causa, Dr. Moreno al decir que el modus operandi con los acreedores granarios implicó recibir granos por la agroexportadora hasta el mismo día de declarar el default o estrés financiero "...ocultando esta situación de desbalance financiero..." y que luego aparecieron las entidades financieras internacionales denunciando a Vicentin con modalidades de fraude más sofisticadas "...vinculadas, justamente, a la falsedad de los informes trimestrales que producía la empresa...", diciendo por último que "...registraba como propio los granos que había comprado con la modalidad de precio a fijar, es decir, granos que aún no había pagado...", y que "...no registraba que tenía que pagar esos granos..."

En el mismo orden, el diputado Claudio Oliver expresó que el eufemismo que utilizó Vicentin que llamó estrés financiero "...en realidad lo que escondía era un plan sistemático de vaciamiento, ocultamiento de activos y del capital en las empresas extranjeras..."

En pocas palabras, la primera etapa de la estafa (previa a la presentación concursal) se perpetró a través del fraude, balance falso, ocultamiento de activos a sus acreedores y/o administración fraudulenta ocultando su pasivo comercial, pura y exclusivamente, por responsabilidad de sus administradores, tal como surge de las investigaciones penales que tiene como imputados a todo el directorio de Vicentin.

La segunda estafa se verificó mediante el proceso concursal a través del cual la firma intenta confirmar el fraude orquestado pretendiendo validar y homologar una propuesta concursal que no sólo es de imposible cumplimiento, sino también es ilegal y abusiva pretendiendo pagar a los acreedores menos del 20% de las acreencias verificadas.

Tampoco puede dejarse de lado el testimonio del secretario general de aceiteros de Reconquista, Leandro Monzon, quien hablo de persecución a los trabajadores en el conflicto suscitado en 2020 con Algodonera Avellaneda (empresa manejada por la concursada) y sus empleados.

"...Ojalá que los fiscales aquí presentes, en quienes confío absolutamente, en todo lo que vienen haciendo lleguen rápidamente a meter presos a estos ladrones de guantes blancos..." "...los que están atrás de ellos, los Padoan, los Nardelli, los Buyatti, son los verdaderos responsables de un verdadero robo al pueblo argentino..." cerro del diputado Del Frade luego de sostener que los Directores de Vicentin siguen cometiendo delitos.

Estafados y estafadores, los 2 bandos: Los testimonios de los acreedores

Las declaraciones de uno de los acreedores estafados, Mariano Grassi, ha dejado en claro que, a estas alturas, todo el conflicto de Vicentin tiene tan solo dos bandos, los estafadores, haciendo alusión a quienes protagonizaron y fueron responsables del histórico desfalco, y los estafados, refiriéndose a los más de 1100 acreedores que se vieron engañados y perjudicados por la agroexportadora.

Haciendo referencia a las múltiples irregularidades del proceso concursal, destacó que se abrió un concurso sin el último balance que no se podía cerrar porque tenían que blanquear el pasivo que no registraban y nadie se animaba a firmar los estados contables, que en audiencia judicial se comprobó que los síndicos no conocen en qué consiste la propuesta concursal y, por último, que se pretenden disponer activos que se encuentran cautelados por la justicia penal.

Asimismo, refiere a la ilegalidad de la propuesta indicando que la misma genera que algunos acreedores, que representan no más de u$s 20 millones, cobren el 250% de lo verificado en el concurso, mientras que los restantes acreedores que representan u$s 1600 millones van a cobrar menos que el 20% concluyendo que la propuesta "...ilegal, los acreedores tenemos que cobrar todos los mismos...", que "...Vicentin no registra que hay un proceso, que hay una ley, que hay una corte que esta interviniendo, justamente porque esto es un escándalo..." y que Vicentin quiere pagar tan solo 320 millones de los 1630 millones que adeuda, pretendiendo hacer desaparecer de un plumazo 1300 millones.

También fueron reveladores los testimonios de los acreedores que asistieron al acto, quienes han expuesto a los legisladores y a los representantes del Ministerio Público de la Acusación, la situación a la que se vieron expuestos tras el default y diferentes apreciaciones del asunto.

Tal es el caso de Franciso Mariani, quien manifestó que tras la estafa decidieron mantener las fuentes laborales y de ingresos en vez de no saldar sus deudas. Y que en la actualidad se encuentra ante una propuesta de Vicentin cuya variable de ajustes son los acreedores y sus recursos humanos (haciendo referencia a los trabajadores) y termina diciendo que la concursada elabora la oferta concursal "...con el cinismo de que sus propuestas, aparte de ser ridículas, se ponen en víctimas y en solucionadores de un problema que ellos mismos causaron..."

También Sebastian Balbi de Cooperativa Aranguren de Entre Ríos, diciendo que "...yo soy acreedor de Vicentin, fui víctima de Vicentin, entregando granos como le pasó a todo el mundo, a todo el mercado que les entregaba granos, hasta el último día..." haciendo referencia a la fecha del default, y "...lo que mas bronca me da, y creo que estoy hablando en nombre de todos los acreedores es que ahora quieran encima quieran ponerse en víctima..."

Asimismo, causó estupor a los presentes el testimonio de Oscar Gasparoto, titular de una firma productora de la provincia de Córdoba, quien contó que en noviembre del 2019 (un mes antes del default) Vicentin realizó un evento de fin de año invitando a sus acreedores donde "...un directivo de la compañía subió al escenario y invitó a todos a levantar las copas para brindar por el éxito y por el futuro promisorio que la compañía tenía..." rematando "...es como invitar a clientes y amigos a un salón de fiestas en mi casa teniendo a mi padre en agonía o muerto en una sala contigua, algo terriblemente morboso..."

El acreedor Roberto Fenoglio, de Alfredo S. Mondino Cereales SRL, criticó la conducta de la concursada para con los productores y dijo que tras el default la compañía que representa debió hacerse cargo de sus deudas con capital propio y préstamos a tasas carísimas, lo que perjudicó doblemente su actividad comercial.

El cramdown como la solución más transparente

En la Audiencia celebrada también ha quedado claro que la solución más acertada al desfalco y que arrojaría transparencia al proceso plagado de irregularidades es la apertura del período de salvataje o cramdown.

Claudio Lozano señaló que resulta necesario que "...Se separe al juez que ha venido conduciendo el concurso, que se impugne y de dé baja una propuesta que es absolutamente ilegal, se de por finalizado el período de exclusividad y se abra la instancia del cramdown, que es el momento en el que pueden aparecer otras propuestas..."

Asimismo, el representante de la firma Grassi SA sostuvo que los acreedores insisten en el cramdown "...porque si se basa en un desguace que están haciendo, preferimos que lo haga el mercado y que haya puja de precios, no que lo administren aquellos que chocaron la calesita..." y que los acreedores están seguros de que va a haber competencia en el cramdown porque hay dos factores determinantes: nadie quiere ser socio de los Vicentin y porque es tan baja la vara que ha puesto la concursada que no caben dudas de que habrá oferentes en el cramdown.

En palabras del Dr. Felman, letrado patrocinante de otro acreedor y peticionante del jury de enjuiciamiento al juez Lorenzini a cargo del concurso, manifestó que "...el salvataje es imprescindible, tiene que darse por caducada lo que siempre ha sido una propuesta fraudulenta, es un detalle menor si se han alcanzado las mayorías económicas y numéricas de acreedores, y es como se ha dicho, no se puede usar el botín para pagar la deuda..."

En la actualidad, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia es la responsable de definir el futuro del concurso en tanto se encuentra avocada al proceso, realizando un análisis de las irregularidades denunciadas por los acreedores, así como también evaluando la actuación del juez Lorenzini tras el pedido de juicio político interpuesto por Feldman.

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