Miércoles  20 de Diciembre de 2017

Golpe al exGrupo Indalo: ordenan capturar a Cristóbal López por evadir impuesto de combustibles

Su socio en el Grupo, Fabián de Sousa, fue arrestado y anoche iba a ser trasladado al penal de Ezeiza. El juez Ercolini los acusa de administración fraudulenta agravada

El empresario buscaba evitar un desenlace como el que afronta ahora con el fallo

El juez federal Julián Ercolini ordenó ayer la detención del empresario petrolero, del juego y de medios Cristóbal López, así como a su socio Fabián de Sousa, al tiempo que procesó, sin prisión preventiva, al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, en la causa en que se investiga la supuesta evasión de unos $ 8000 millones del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC), que retenían tras el expendio de combustibles.

De Sousa fue detenido alrededor de las 16 en su domicilio de Puerto Madero, y tras ser alojado en el edificio Centinela, iba a ser trasladado al Hospital Penitenciario del Penal de Ezeiza. En tanto, las fuerzas de seguridad que fueron por Cristóbal López a su domicilio de la calle Macacha Güemes, no lo encontraron, por lo cual fue emitida una orden de captura. Al cierre de esta edición permanecía como prófugo.

El juez le ordenó a Gendarmería "abstenerse de difundir imágenes y/o información de los pormenores" del arresto, para evitar lo sucedido con la detención de Amado Boudou.

La maniobra investigada involucra a su petrolera Oil Combustibles, tras una denuncia que originó la actual diputada Elisa Carrió en marzo de 2016.

El juez dictó los procesamientos por encontrarlos a los tres "prima facie" autores del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública.

Echegaray fue procesado como autor del hecho, en tanto que a los empresarios los consideró partícipes necesarios y a López y De Sousa les trabó un embargo a cada uno de más de

$ $17.042.509.692.

El magistrado decidió la prisión porque ambos violaron "deliberadamente las medidas cautelares impuestas".

Desde hace meses pesaba sobre López y De Souza una inhibición general de bienes, confirmada por el juez, quien ahora fundó la prisión preventiva en que los empresarios intentaron violar esas medidas cautelares con el movimiento de las empresas (ver pág. 19).

"A partir de estos parámetros cabe tener en cuenta que en estas actuaciones existe un serio peligro de obstrucción de la investigación, a través del comportamiento hostil de los imputados frente a las medidas de carácter patrimonial ordenadas", señaló el juez en su fallo, según NA.

En ese sentido, aseguró que "se ha engañado sostenidamente" al Juzgado, a la Fiscalía actuante, a la AFIP en su doble condición de parte querellante y actora civil y a los veedores designados en este proceso, "ante la posible realización de actos fraudulentos deliberados orientados a la inducción a errores procesales para perjudicar a terceros; teniendo en cuenta también que los imputados, con la posible participación de otras personas, hubieran vendido como libres bienes cuya disposición habría sido inhibida por acto judicial".

Al respecto, remarcó el Juzgado que existió "el cambio de domicilio de Oil Combustibles S.A. para sustraerse de la acción judicial a fin de presentar su concurso preventivo en la jurisdicción de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut y la posibilidad de venta exteriorizada respecto del Banco Finansur S.A.".

"López y De Sousa ejercieron un rol preponderante en Oil Combustibles S.A., ya que de manera indirecta, es decir, a través de las sociedades de las que eran accionistas y/o en las que ocupaban cargos directivos, tenían en gran medida el control de aquella, lo que fue necesario para lograr la maniobra que aquí se investiga", que tuvo lugar 2013 y 2015.

"Se encuentra corroborado que Oil Combustibles SA recibía efectivamente el valor del tributo que debía pagar a la AFIP cada vez que uno de sus clientes abonaba el combustible en alguno de sus puntos de venta, pero no lo pagaba al organismo recaudador en tiempo y forma, por lo que el gravamen a los largo de los años fue aumentando de manera exponencial", concluyó. Recalcó el magistrado que la empresa recibió "de modo sistemático y deliberado, en principio, por parte del administrador federal Echegaray planes de facilidades de pago vinculados al ITC líquidos, correspondientes a los períodos fiscales de mayo 2013 a agosto de 2015".

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