La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fijó un nuevo criterio que impactará el cálculo de las indemnizaciones civiles por fallecimiento, al determinar que estos pagos deberán realizarse con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no con referencia al salario mínimo. Esta resolución beneficia principalmente a instituciones públicas y aseguradoras, al reducir el monto de las compensaciones que deben cubrir en casos de responsabilidad civil. Actualmente, el valor diario de la UMA es de 117.31 pesos, mientras que el salario mínimo general asciende a 315.04 pesos diarios, y en la zona fronteriza alcanza los 440.87 pesos. Por unanimidad, el Pleno avaló el proyecto presentado por la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien propuso emitir una nueva jurisprudencia para resolver criterios contradictorios que existían en las extintas salas de la Corte. La ministra advirtió que una resolución distinta habría representado un riesgo importante para las finanzas de instituciones como: Como ejemplo, Batres explicó que, si en 2025 el IMSS hubiera calculado estas indemnizaciones con base en salario mínimo, el gasto habría aumentado 146%, al pasar de 75.9 millones a más de 187 millones de pesos. El ministro Giovanni Figueroa Mejía explicó que la indemnización por responsabilidad civil tiene un carácter compensatorio y no guarda una relación directa con la naturaleza del salario. Según él, esta interpretación se sustenta en el artículo 123 de la Constitución, que prohíbe usar el salario mínimo como unidad de referencia para fines distintos a su propósito laboral. De acuerdo con el ministro, utilizar la UMA para calcular obligaciones previstas en leyes civiles: El presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, recordó que entre 2014 y 2015 se impulsó la desvinculación del salario mínimo como unidad de cuenta porque había perdido gran parte de su poder adquisitivo. Señaló que, en ese momento, el salario mínimo ya no cumplía con su objetivo constitucional de cubrir las necesidades básicas de las familias. Por ello, advirtió que volver a usarlo como referencia en este tipo de pagos podría generar presiones inflacionarias y frenar futuras mejoras salariales. Según explicó, el propósito de este fallo fue precisamente devolverle su función original como herramienta de bienestar para los trabajadores.