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El diputado de Morena Armando Corona Arvizu presentó una iniciativa para modificar el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Su argumento se enfocó en que en la actualidad muchas notificaciones de despidos usan términos tan generales que el trabajador no puede saber qué ocurrió realmente ni defenderse en tribunales.
La iniciativa presentada en la Cámara de Diputados busca obligar a las empresas a explicar con hechos concretos y verificables por qué despiden a un trabajador. Esto podría marcar el fin de las justificaciones vagas.
Las empresas ya no podrían despedir por “baja productividad” a sus empleados
La propuesta prohibiría expresamente frases como “baja productividad”, “pérdida de confianza”, “reestructuración” o “por así convenir a los intereses del patrón”, cuando no estén respaldadas por hechos demostrables.
Cada aviso de despido debería incluir descripción objetiva de los hechos, circunstancias verificables y datos precisos sobre tiempo, modo y lugar.
Qué son las renuncias voluntarias forzadas
Otro eje de la iniciativa son las llamadas renuncias voluntarias forzadas, una práctica denunciada desde hace años por trabajadores y especialistas laborales.
La propuesta sostiene que algunos empleados son presionados para firmar su salida a cambio de un finiquito o para evitar represalias.
Para combatirlo, se exigiría que toda terminación laboral, incluso las renuncias, cumpla con requisitos como entregar un documento escrito con causa real, informar sobre indemnización y garantizar que la decisión sea libre y sin presión.
¿Qué pasa si la empresa no cumple?
El punto más relevante de la iniciativa es la consecuencia directa contra el empleador si no entrega información clara y comprobable. En este caso, la terminación de la relación laboral podría considerarse automáticamente un despido injustificado, con derecho a indemnización y demás prestaciones de ley. La propuesta también contempla sanciones para quienes incumplan.
Corona Arvizu aclaró que la reforma no busca limitar las decisiones empresariales, sino generar mayor claridad jurídica para ambas partes. La iniciativa aún deberá avanzar en el proceso legislativo antes de ser discutida y votada.
