El Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Comercio Exterior y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear una certificación obligatoria en materia laboral y de seguridad social para empresas agroexportadoras. La medida busca frenar abusos laborales y prácticas relacionadas con la deforestación ilegal en terrenos forestales. La reforma establece que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social “podrá expedir un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social”, mientras que la Ley de Comercio Exterior permitirá restringir operaciones cuando exista riesgo ambiental o incumplimientos laborales. Por otro lado, el DOF advierte que se podrán aplicar medidas “para prevenir la deforestación y el cambio de uso de suelo en terrenos forestales sin la autorización correspondiente”, lo que impactará directamente a compañías exportadoras del sector agrícola. La nueva legislación confirma que las agroexportadoras que no acrediten el cumplimiento de obligaciones laborales, de seguridad social o que estén relacionadas con daños forestales podrían perder permisos y restricciones para exportar productos. Aunque el decreto no menciona nombres específicos, sí deja abierta la puerta para impedir operaciones comerciales a empresas que incumplan la normativa federal. El cambio más importante es la incorporación del artículo 283 Quáter a la Ley Federal del Trabajo, donde se establece que la STPS emitirá un certificado oficial de cumplimiento. Sin este documento, las empresas podrían enfrentar obstáculos para continuar exportando, especialmente hacia mercados internacionales que ya exigen garantías ambientales y laborales en cadenas de suministro. La reforma también modifica el artículo 15 de la Ley de Comercio Exterior para permitir acciones cuando existan riesgos ecológicos o violaciones laborales. El texto señala que podrán aplicarse medidas “cuando se trate de preservar la fauna y la flora en riesgo o peligro de extinción” y también en temas relacionados con “trabajo y seguridad social”. El decreto publicado en el DOF establece que las nuevas disposiciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación oficial. Esto significa que las autoridades federales ya pueden comenzar con la implementación de mecanismos de supervisión y certificación para las empresas del sector agroexportador. El el Gobierno de Claudia Sheinbaum aclaró que no habrá recursos extraordinarios para aplicar la reforma. Las dependencias deberán operar con el presupuesto ya autorizado, mientras la Secretaría del Trabajo define en las próximas semanas los procedimientos específicos para emitir las certificaciones laborales obligatorias.