El aviso ya circula entre contadores, empresarios y pequeños contribuyentes, pero todavía son pocos los que dimensionan su alcance real. Desde el 1 de enero de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con una facultad que cambiará por completo la forma de fiscalizar en México y que impactará tanto en casas particulares como en negocios y empresas. Cabe destacar que el trasfondo legal existe desde una reforma ya aprobada y sus efectos prácticos han comenzado a sentirse durante el corriente año. No se trata de una inspección tradicional ni de un trámite administrativo más. El nuevo esquema habilita visitas directas, sin previo aviso, acompañadas por abogados y cámaras que permitirán captar por completo lo que ocurra durante cada revisión. La clave está en lo que el organismo tributario podrá documentar y en los tiempos reducidos para responder. Durante el año 2026, el SAT llevará a cabo una serie de auditorías exprés, amparadas por las modificaciones al Código Fiscal de la Federación que han entrado en vigor en el presente año. Estas reformas facultan a la autoridad fiscal para identificar de manera eficiente los comprobantes fiscales digitales que resulten ser falsos, lo que permitirá iniciar visitas domiciliarias de forma inmediata. El propósito de estas auditorías no se limita a la mera revisión de documentos. La autoridad tiene como objetivo verificar que los ingresos, ventas y servicios reportados efectivamente existieron y que existen elementos físicos, contractuales y operativos que los respalden. Esta verificación podría acarrear consecuencias fiscales y penales en caso de no cumplirse con lo solicitado. En el transcurso de estas auditorías, la entidad financiera tendrá la capacidad de acceder a domicilios fiscales, establecimientos, oficinas, bodegas e incluso puestos semifijos. Al momento de su llegada, los visitadores estarán autorizados para tomar fotografías, grabar audio y video, así como recopilar evidencia directa del lugar, las actividades y los documentos que sustenten las operaciones declaradas. Las auditorías que llevará a cabo el SAT se enfocarán en dos aspectos esenciales: materialidad y trazabilidad. La trazabilidad permitirá seguir toda la cadena de la operación, desde el proveedor hasta el cliente final. La materialidad requiere demostrar que el servicio fue efectivamente prestado o que la mercancía existió, ingresó y salió del inventario. En el caso de servicios, incluidos arrendamientos, será imperativo acreditar contratos, depósitos bancarios, CFDI, instalaciones reales y actividades que sean coherentes con lo declarado. El SAT establece una serie de sanciones para quienes incumplan con la normativa. Si el contribuyente no logra probarlo, el organismo fiscal puede suspender el sello digital de manera inmediata. Cabe destacar que si no se corrigen inconsistencias dentro de los plazos legales, la autoridad puede exhibirlos en una lista pública, cancelar sellos y, en casos graves, judicializar el expediente por posibles delitos fiscales. Además, los clientes y proveedores relacionados con las operaciones observadas también pueden quedar involucrados.