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A partir de las reformas incorporadas al Código Fiscal de la Federación (CFF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con nuevas herramientas para verificar que las operaciones reportadas por los contribuyentes sean reales y estén debidamente respaldadas.
Las modificaciones buscan combatir el uso de facturas por operaciones inexistentes o simuladas, una práctica que durante años generó pérdidas millonarias para la recaudación fiscal.
Con este nuevo esquema, la autoridad podrá realizar visitas de verificación en determinados casos para comprobar la existencia material de las actividades declaradas.
SAT podrá realizar visitas para comprobar que las operaciones facturadas son reales
La reforma a los artículos 29-A y 49 Bis del Código Fiscal de la Federación fortaleció las facultades de comprobación del SAT cuando existan indicios de irregularidades relacionadas con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).
El objetivo principal es verificar que los bienes o servicios facturados realmente existieron y que las operaciones tienen sustento económico y jurídico.
Durante estas diligencias, los verificadores podrán presentarse en los lugares donde se desarrollan las actividades relacionadas con los comprobantes fiscales sujetos a revisión. Además, la autoridad está facultada para recabar evidencia mediante fotografías, grabaciones de audio y video, las cuales podrán incorporarse en el expediente correspondiente.
Es importante aclarar que en la visita domiciliaria se levantará acta en la que se harán constar en forma circunstanciada los hechos conocidos por los visitadores, en los términos del Código Fiscal de la Federación y su Reglamento o, en su caso, las irregularidades detectadas durante la visita.
Qué dicen los artículos 29-A y 49 Bis del Código Fiscal de la Federación
Por un lado, el artículo 29-A establece los requisitos que deben cumplir los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) y señala expresamente que estos deben amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. Además, advierte que las facturas que no cumplan con esta condición serán consideradas falsas para efectos fiscales.
Por otro lado, el artículo 49 Bis otorga al Servicio de Administración Tributaria (SAT) la facultad de realizar visitas de verificación cuando existan indicios de que un contribuyente está emitiendo CFDI que no respaldan actividades reales.
Estos son los lugares donde el SAT puede llevar a cabo verificaciones
Las nuevas disposiciones permiten que las revisiones se realicen en distintos espacios vinculados con la actividad económica del contribuyente.
Entre ellos se encuentran:
- Domicilio fiscal registrado.
- Sucursales y oficinas administrativas.
- Bodegas y almacenes.
- Locales comerciales.
- Establecimientos donde se presten servicios.
- Lugares donde se desarrollen las actividades relacionadas con los CFDI sujetos a revisión.
Materialidad y trazabilidad: las pruebas que el SAT puede solicitar
Uno de los principales cambios es la importancia que adquieren los conceptos de materialidad y trazabilidad para demostrar la validez de una operación.
La materialidad implica acreditar que el bien fue entregado o que el servicio efectivamente se prestó. Para ello pueden utilizarse contratos, órdenes de compra, entregables, fotografías, inventarios, comprobantes de pago y demás documentación relacionada.
Por su parte, la trazabilidad permite reconstruir el recorrido completo de una operación, identificando quién participó en ella, cuándo se realizó, cómo se ejecutó y qué documentación respalda cada etapa del proceso.
De acuerdo con especialistas fiscales, contar únicamente con una factura ya no siempre será suficiente para acreditar una operación cuando la autoridad requiera pruebas adicionales.
En caso de detectar inconsistencias o falta de respaldo documental, el organismo público podrá iniciar los procedimientos correspondientes para determinar créditos fiscales, imponer sanciones o, en situaciones previstas por la ley, presentar denuncias por posibles delitos fiscales. Sin embargo, cada caso deberá seguir el procedimiento legal establecido y no implica consecuencias automáticas para los contribuyentes.
