El problema de la deserción universitaria en México tiene una dimensión más concreta que nunca ya que tres de cada 10 estudiantes que ingresan a una licenciatura dejan la carrera durante el primer año, tanto en instituciones públicas como privadas. El dato fue presentado por Carlos Iván Moreno, director general de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la SEP, durante el Encuentro de Rectores de Universia, y fue retomado por La Jornada. El funcionario advirtió que la cifra refleja una urgencia nacional, especialmente porque golpea con mayor fuerza a los jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. Más allá de la deserción, la SEP reveló otra cifra que profundiza el diagnóstico: apenas 4.4% de los jóvenes en situación de pobreza logra cursar una carrera universitaria en México. El número evidencia que las barreras de acceso a la educación superior siguen siendo estructurales. La mayoría de quienes más necesitan un título universitario no llega siquiera a inscribirse, frenada por factores económicos, sociales o por rezagos acumulados desde niveles educativos previos. Moreno fue directo al respecto: “Ninguna nación puede transformarse positivamente si ese porcentaje tan bajo de las personas que más lo necesitan está en las aulas universitarias.”. El primer año de licenciatura es el período de mayor riesgo. Especialistas en educación identifican desde hace años los factores que empujan a los jóvenes a dejar los estudios: Cuando el abandono ocurre en ese primer tramo, las probabilidades de retomar y concluir una carrera se reducen considerablemente, lo que limita el acceso a empleos mejor remunerados y frena la movilidad social. Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM, también participó del encuentro y subrayó que “sin universidades autónomas e inclusivas, las sociedades se vuelven más frágiles, desiguales y menos aptas para imaginar soluciones comunes”. Una respuesta concreta a la problemática puede verse con ampliaciones y fortalecimiento de becas, programas de acompañamiento académico y apoyos económicos para estudiantes vulnerables, además de aumentar la cobertura en zonas marginadas donde la demanda supera la oferta de lugares disponibles. El debate ocurre en un momento complejo para las instituciones públicas, que enfrentan presiones presupuestales y crecimiento de matrícula simultáneamente.