El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llevará a cabo a lo largo de 2026 un proceso de fiscalización que podría privar de pensión a miles de adultos mayores. Esta acción responde a cruces digitalizados de información que revelan inconsistencias. La suspensión del pago será inmediata en situaciones específicas. El IMSS establece un sistema de vigilancia exhaustivo que cruza bases de datos en tiempo real para detectar irregularidades en el cobro de pensiones. La depuración de nómina tiene como objetivo asegurar que los beneficios se otorguen únicamente a quienes cumplen con los requisitos legales, aunque también representa un riesgo para pensionados que ignoran las normativas o enfrentan errores administrativos. El sistema identifica el cobro simultáneo de salario y pensión bajo condiciones no permitidas, lo que detiene el depósito mensual y, en situaciones severas, obliga a la restitución de los montos percibidos de manera indebida. La causa principal de suspensiones será el reingreso al mercado laboral formal sin notificación previa. Muchos jubilados, motivados por la inflación o el deseo de mantenerse activos, aceptan empleos donde vuelven a cotizar al IMSS. Si esto ocurre sin informar al Instituto o antes de cumplir los plazos establecidos por la ley según el régimen de pensión, se genera una incompatibilidad automática. El IMSS también persigue con rigor legal los cobros post-mortem, es decir, el uso de tarjetas de pensionados fallecidos por parte de familiares representa una de las alertas rojas que desencadena no solo la suspensión, sino procesos penales. Otro motivo grave es la falta de validación de supervivencia. Aunque se ha avanzado en la eliminación del trámite presencial, ciertos regímenes y casos específicos aún requieren confirmación periódica. No aparecer en los registros de actividad puede interpretarse como el fallecimiento del titular, lo que activa la suspensión automática del pago. El IMSS también suspenderá pensiones por expedientes con errores de origen: nombres mal capturados, discrepancias en la CURP o semanas cotizadas validadas erróneamente en el pasado. Estos errores administrativos que antes se toleraban ahora se corrigen mediante la suspensión del beneficio hasta que el pensionado demuestre la corrección de datos ante las subdelegaciones del Instituto. La revisión del Expediente Electrónico debe convertirse en prioridad inmediata. Cualquier discrepancia en la designación de beneficiarios o en los datos personales debe corregirse de inmediato en las subdelegaciones del IMSS. No se trata solo de evitar que suspendan el pago, sino de prevenir el camino burocrático que representa reactivar una pensión suspendida, un proceso que puede extenderse durante meses y generar angustia financiera severa en adultos mayores que dependen de ese ingreso. Si se planea volver a trabajar, resulta vital asesorarse sobre si el régimen de pensión —Ley 73 o Ley 97— lo permite y bajo qué condiciones de tiempo y salario. Cada esquema establece reglas distintas respecto a la compatibilidad entre pensión y empleo formal y desconocerlas no exime de consecuencias.