Recibir una factura de luz disparada y no poder hacer nada era, hasta hace poco, la realidad de millones de usuarios en México. Pero un ciudadano se negó a aceptarlo. Cuando la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le llegó con un “ajuste de facturación” que inflaba su recibo sin una explicación convincente, decidió llevar el caso a los tribunales. El camino no fue fácil: el primer juez le cerró la puerta en la cara con un argumento técnico. Sin embargo, lejos de rendirse, el usuario siguió peleando hasta que la justicia le dio la razón, y de paso dejó un precedente que hoy puede beneficiar a cualquier mexicano que se encuentre en la misma situación. Antes de que el juicio siquiera comenzara, el caso estuvo a punto de morir en el papeleo. El juzgador a cargo rechazó la demanda argumentando que, tras la reforma eléctrica que entró en vigor en octubre de 2024, la CFE dejó de ser una empresa productiva del Estado de México para convertirse en un organismo descentralizado. Con ese cambio de figura jurídica, el juez concluyó que la única vía válida para demandar a la CFE era la administrativa, y no la mercantil que había elegido el usuario. En pocas palabras: el caso correcto, pero el camino equivocado, según el juez. El afectado no aceptó esa respuesta y presentó un amparo directo contra esa sentencia. El caso llegó al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, y la resolución fue contundente: los magistrados desmontaron el razonamiento del juez pieza por pieza. Su argumento central fue que, independientemente del cambio de figura jurídica de la CFE, los contratos de suministro de energía eléctrica siguen siendo, por su naturaleza, actos comerciales. “CFE es una empresa pública del Estado de México encargada de la prestación del servicio público de energía eléctrica. No obstante, sigue operando bajo los principios del derecho privado”, sentenció el tribunal. Eso significa que el usuario tenía razón desde el principio: la vía mercantil era la correcta, y quien se equivocó fue el juez que le cerró la puerta. Este precedente, publicado por el Semanario Judicial de la Federación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tiene un impacto que va mucho más allá del caso individual. En términos prácticos, significa que cualquier usuario que reciba un cobro excesivo por parte de la CFE puede acudir a la vía del juicio oral mercantil para impugnarlo. No se trata de una victoria definitiva en el fondo del asunto: el juicio del usuario afectado aún debe resolverse. Pero sí se derrumbó el principal obstáculo procesal que la CFE podría usar para blindarse.