Ante el aumento de viviendas deshabitadas en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisó las acciones de algunos gobiernos municipales que buscaban reutilizar estos inmuebles. En esta línea, el máximo tribunal sentó un precedente a nivel nacional, enfocado en definir hasta qué punto pueden intervenir las autoridades. Con el argumento de mejorar el entorno urbano, ciertas administraciones intentaron intervenir predios abandonados para destinarlos a servicios o incluso arrendarlos, lo que generó preocupaciones por posibles excesos en sus facultades. Estas medidas encendieron alertas entre especialistas y ciudadanos, ya que podrían vulnerar los derechos de los mexicanos, particularmente el derecho a la propiedad privada, el cual está protegido por la Constitución. Ni los ayuntamientos ni otras autoridades administrativas pueden apropiarse, administrar o rentar viviendas privadas, incluso si están desocupadas. El fallo, derivado de la Controversia Constitucional 309/2024, invalidó disposiciones del municipio de Hermosillo que permitían este tipo de prácticas, al considerar que invadían competencias exclusivas del poder legislativo estatal. Los ministros concluyeron que el ayuntamiento rebasó sus atribuciones al establecer mecanismos que, en los hechos, permitían disponer de propiedades privadas. Esto se interpretó como una violación a los principios de: La Corte Suprema estableció que solo los congresos estatales pueden legislar sobre la posesión y el uso de bienes particulares. Por lo tanto, ningún municipio puede emitir reglamentos que impliquen ocupar, arrendar o transferir inmuebles sin sustento legal. No obstante, el fallo aclara que los gobiernos locales sí pueden intervenir en ciertos aspectos, como emitir declaratorias de abandono o realizar procedimientos administrativos vinculados al ordenamiento territorial, siempre y cuando no impliquen despojar a los propietarios.