La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó una reforma en Zacatecas que reduce el aguinaldo de personas pensionadas de 60 a 30 días, al considerar que la medida es razonable y busca garantizar la viabilidad financiera del sistema. El máximo tribunal aclaró que el recorte no vulnera el derecho a la seguridad social, siempre que se aplique únicamente a quienes se pensionen después de la reforma, evitando así afectar derechos previamente adquiridos por beneficiarios actuales. La Suprema Corte determinó que la disminución del aguinaldo constituye una decisión legislativa legítima, al estar orientada a la sostenibilidad presupuestaria del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, sin ser arbitraria ni desproporcionada. Sin embargo, subrayó que la medida no puede aplicarse retroactivamente, pues ello perjudicaría a personas con pensiones ya reconocidas, lo que contravendría principios constitucionales de seguridad jurídica y protección de derechos adquiridos. En su resolución, la SCJN también invalidó los artículos 128 y 128 bis de la ley, al considerar que establecían condiciones excesivas para el acceso a prestaciones, sujetándolas a factores financieros inciertos del propio Instituto. El tribunal advirtió que “no es constitucional hacer depender el acceso o cumplimiento de prestaciones a factores financieros indeterminados”, ya que esto podría traducirse en afectaciones desproporcionadas al derecho humano a la seguridad social. La decisión se tomó al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 149/2024, en sesión de Pleno, donde se fijaron límites claros a las reformas estatales para evitar que criterios financieros vulneren derechos fundamentales de las personas pensionadas.