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Después de más de una década trabajando en una fábrica de automóviles, un trabajador en Estados Unidos vio cómo su carrera quedaba en suspenso tras ser señalado por un supuesto robo. La acusación apuntaba a un paquete de galletas adquirido durante un descanso laboral, una situación que derivó en su desvinculación inmediata.
El protagonista del caso fue Kurt Kromm, un electricista que llevaba más de 11 años desempeñándose en una planta de camiones en el estado de Kentucky. Convencido de que no había cometido ninguna irregularidad, decidió buscar pruebas para demostrar su versión y llevar el conflicto a la Justicia, una decisión que terminaría cambiando el desenlace del caso.
Cómo una compra cotidiana terminó en un despido inesperado
Todo comenzó durante un turno nocturno, cuando el trabajador pasó por la cafetería de la empresa para comprar un paquete de galletas antes de retomar sus tareas. Días después, sus superiores le comunicaron que quedaba despedido porque, según los registros de la compañía, se había retirado con el producto sin abonarlo.
Lejos de aceptar la decisión, Kromm revisó sus movimientos bancarios y encontró un comprobante que demostraba que el importe sí había sido debitado de su cuenta. Esa evidencia permitió descubrir que el inconveniente no había sido provocado por el empleado, sino por un error en el funcionamiento de la caja de autopago que la empresa había incorporado recientemente.
La empresa dio marcha atrás y ofreció una indemnización
Una vez comprobado que la acusación era incorrecta, la compañía decidió revertir el despido y ofreció al trabajador la posibilidad de regresar a su puesto. Además, le propuso una compensación cercana a los USD 33.000, correspondiente a los salarios que había dejado de percibir durante el tiempo que permaneció fuera de la planta.
Sin embargo, el conflicto no terminó con esa oferta. A pesar de haber sido reincorporado e indemnizado, Kurt Kromm optó por rechazar la propuesta y continuar con una demanda por difamación. El caso se convirtió en un ejemplo de cómo una falla tecnológica puede desencadenar graves consecuencias laborales y derivar en un proceso judicial con importantes costos para la empresa.
