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Las autoridades del Hospital Garrahan resolvieron este martes desvincular a Norma Lezana, nutricionista y referente de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT).

Un proceso sumarial verificó que que la profesional no atendió pacientes durante todo el 2025.

Por qué desvincularon a la delegada sindical del Garrahan

Los tutelados gremiales pueden, por convenio, dedicarle hasta 10 horas mensuales a los asuntos gremiales. Sin embargo, no hay registros de atención a pacientes durante el 2025, por lo que la conclusión de las autoridades es que no cumplió ni siquiera con el mínimo de horas requeridas y que en consencuencia merece el despido.

Según consta en un comunicado, para poder sustanciar el sumario administrativo se le tomaron testimonios a trabajadores del hospital que comentaron sobre el desempeño laboral de Lezana.

Lezana fue partícipe de la toma de la oficina de la Dirección Médica del hospital.
Lezana fue partícipe de la toma de la oficina de la Dirección Médica del hospital.

“De acuerdo con las actuaciones del sumario, no se pudo acreditar que hubiera desarrollado tareas asistenciales como nutricionista durante ese período, mientras que sí se constató su participación en actividades gremiales”, señalaron.

Durante el año pasado, Lezana tuvo un alto perfil durante el proceso más álgido de medidas de fuerza gremial, que incluyeron numerosos paros y abrazos simbólicos, para mejorar las condiciones de trabaja del plantel, y fue partícipe de la toma de la oficina de la Dirección Médica del hospital.

El Hospital Garrahan ratificó su decisión

Según consta en el comunicado que difundió el Hospital Garrahan, “el proceso sumarial iniciado respecto de Lezana concluyó con la decisión de desvincularla, al acreditar que no atendió a ningún paciente, incumpliendo las tareas correspondientes a su puesto durante el período analizado”.

La medida forma parte de una nueva etapa de fortalecimiento de la gestión del Hospital Garrahan, basada en el cumplimiento de las responsabilidades laborales, el uso responsable de los recursos públicos y la prioridad de garantizar la atención de niños y adolescentes