Suiza anuncia medidas contra el blanqueo de capitales

Suiza ha propuesto medidas radicales para combatir el blanqueo de capitales en un esfuerzo por terminar con la reputación del país como paraíso para las ganancias obtenidas de forma ilícita.

La ministra de Finanzas, Karin Keller-Sutter, presentó este miércoles una serie de reformas destinadas a aumentar la transparencia y cubrir lagunas jurídicas, exigiendo que se declaren los "beneficiarios efectivos" de fideicomisos y sociedades.

En la actualidad, Suiza es el único país europeo que carece de un registro nacional de la propiedad así.

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Los críticos afirman que oligarcas y delincuentes de todo el mundo han abusado del régimen existente en el país para disfrazar la propiedad de activos utilizando las instituciones y experiencia suizas.

"Un sistema sólido de protección contra la delincuencia financiera es esencial para la reputación y el éxito duradero de un centro financiero de importancia internacional, seguro y con visión de futuro", declaró Keller-Sutter. "El blanqueo de capitales perjudica a la economía y pone en peligro la confianza en el sistema financiero".

Suiza, que tiene una población de sólo 8,7 millones de habitantes, es el primer centro mundial para el patrimonio offshore, con unos u$s 2,4 billones de activos extranjeros en manos de sus bancos.

La comunidad financiera del país también desempeña un papel destacado en la creación y gestión de fideicomisos y estructuras offshore en otras jurisdicciones.

Keller-Sutter aseguró que Suiza goza de una buena reputación a nivel internacional en materia de normas financieras, pero reconoció que existen "lagunas".

Suiza ha sufrido en los últimos meses una especial presión en la esfera internacional para que refuerce sus controles financieros como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

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Aunque el rico país alpino se ha movido al unísono con la Unión Europea en la imposición de sanciones a Rusia, los críticos han acusado a Berna de vigilar inadecuadamente el cumplimiento.

La larga historia de Suiza como uno de los centros favoritos de negocios y ocio de la élite rusa sigue pesando en la reputación del país entre sus homólogos occidentales.

En abril, los embajadores del G7 en Berna reprendieron al Gobierno suizo en una carta conjunta por hacer la vista gorda ante las numerosas "lagunas" de la legislación suiza -y el papel desempeñado por los abogados suizos en su explotación- que, según ellos, se utilizaban para facilitar la evasión de las sanciones.

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Las reformas propuestas suponen la segunda vez en tres años que Suiza revisa sus leyes contra el crimen financiero.

El nuevo registro de beneficiarios efectivos de todas las entidades corporativas y fideicomisos establecidos en el país no será accesible al público en general, pero estará a disposición de los reguladores, el Gobierno y la policía, así como los bancos acreditados y los abogados que lleven a cabo el due dilligence.

Una segunda serie de medidas endurecerá las obligaciones de los abogados, contables y otros proveedores de servicios suizos. Se les exigirá que apliquen el due dilligence a los clientes, que lleven un registro de las comprobaciones y que informen a las autoridades oficiales de los casos sospechosos de blanqueo de capitales.

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Todavía falta mucho para que las propuestas se conviertan en ley. Según el sistema político suizo, basado en el consenso, es necesario un periodo de consulta con los partidos políticos, los gobiernos cantonales y los grupos civiles, incluidos los influyentes lobbies de la banca y estudios de abogados. Esta consulta tendrá lugar en los próximos tres meses, antes de que la legislación formal se presente al Parlamento el año que viene.

Los críticos advierten de que las medidas finales pueden quedar muy diluidas. Las propuestas ya recomiendan que el cumplimiento de las nuevas normas sea "autorregulado" por los proveedores de servicios a empresas.

Recientes casos judiciales de gran repercusión han arrojado una luz poco positiva sobre las prácticas financieras suizas y han socavado la confianza en las afirmaciones de Berna de que controla adecuadamente los flujos financieros dentro de sus fronteras.

Este año, un tribunal de Zurich declaró culpables a cuatro altos banqueros de haber facilitado el blanqueo de decenas de millones de dólares de dinero que, según los fiscales, estaba directamente relacionado con el propio presidente ruso Vladimir Putin.