
Los fumadores de marihuana de todo el mundo deben estar celebrando que Uruguay se haya convertido en el primer país en legalizar completamente el cannabis, es decir desde que se siembra la semilla hasta que se consumo como droga.
La pregunta es si funcionará lo que el presidente José PepeMujica admite abiertamente que se trata de un experimento. ¿Podrá Uruguay revertir las crecientes tasas de delincuencia, que fueron el motivo inicial de la nueva legislación?
Mucho depende de la implementación de la ley, lo cual será muy complicado, y de las respuestas por parte de los consumidores y proveedores, especialmente los que ya participan del mercado negro.
Del lado de la demanda, existe el riesgo de que se produzca un boom de consumo, algo que el gobierno quiere evitar. Ahora será más fácil conseguir marihuana porque se venderá en las farmacias autorizadas a precios regulados y con certificado de calidad. Además, se eliminará el elemento de riesgo asociado a las compras de droga en barrios peligrosos o a través de dealers insalubres.
Para contrarrestar eso, el gobierno creó algunas barreras, incluyendo la necesidad de inscribirse en un registro federal para poder comprar una cantidad de hasta 40 gramos mensuales, mientras que los menores y extranjeros no estarán autorizados a adquirir marihuana. Sin embargo, los críticos sostienen que a partir de ahora seguramente aumentará el consumo de esos dos grupos.
Del lado de la oferta, todavía la gran incógnita es cómo reaccionarán los narcotraficantes. Para ellos, hay mucho en juego porque el éxito de la política en Uruguay (que en si mismo es un mercado relativamente chico) podría llevar a otros países a también aplicarla. No aceptarán esto en forma sumisa.
El gobierno espera arrebatarles el mercado ofreciendo un producto que es más seguro de conseguir y de mejor calidad, pero siempre al mismo precio que en el mercado negro, que tiende a ser una marihuana de baja calidad proveniente de Paraguay, a veces mezclada con ramitas y hasta con excremento animal.
Si el gobierno trata de competir por precio, los delincuentes podrían comprar todas las existencias y revenderlas, quizás hasta remarcando el precio, o simplemente también bajando sus valores.
Pero la administración uruguaya tampoco puede fijar precios demasiado elevados, porque los vendedores del mercado negro podrían ofrecer el producto más barato.
No obstante, pase lo que pase seguramente seguirá existiendo un mercado secundario porque habrá mucha gente desde políticos y jueces hasta médicos y policías que no querrá aparecer en el registro, por más confidencial que quieran que sea, y habrá una demanda significativa proveniente de los menores de 18 años.
El turismo de drogas podría también provocar un incremento en la demanda, mientras que la marihuana cultivada por los uruguayos podría hasta empezar a exportarse a países vecinos como Argentina y Brasil.
Sin embargo, esas son sólo algunas de las tantas incógnitas. Uruguay está llevando a cabo un experimento audaz cuyo resultado todavía es altamente incierto.
Pero no podría haber un país más adecuado en la región para probar una ley así que Uruguay, que tiene algunas de instituciones que mejor funcionan en América latina.












