Aislado y sin apoyo: la Justicia investiga a Bolsonaro por los disturbios en Brasilia

La amenaza de procesamiento se cierne sobre el expresidente de ultra derecha, cuyo apoyo ha caído tras la derrota electoral.

Jair Bolsonaro se enfrenta a crecientes presiones políticas y legales a medida que se inician investigaciones oficiales sobre el asalto a edificios gubernamentales por parte de partidarios del expresidente brasileño de extrema derecha a principios de este mes.

Tras los disturbios del 8 de enero en Brasilia, Bolsonaro, que se encuentra actualmente en Florida, debe hacer frente a un creciente aislamiento político y la amenaza de ser procesado y encarcelado.

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ha señalado a Bolsonaro en una investigación penal como posible responsable del ataque a la capital del país, durante el cual miles de bolsonaristas irrumpieron en el Congreso, los tribunales y el palacio presidencial. Afirman que su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva en octubre fue manipulada.

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El máximo tribunal electoral de Brasil también está tramitando 16 demandas relacionadas con su campaña presidencial del año pasado y los sucesos del 8 de enero, destinadas a despojar al líder populista de sus derechos políticos. Si las acusaciones son probadas, no podrá presentarse a elecciones durante ocho años.

El Congreso está a punto de iniciar su propia investigación, que podría sacar a la luz cualquier implicación de Bolsonaro en los disturbios y probablemente daría lugar a una recomendación a los fiscales para que presenten cargos penales. Bolsonaro niega cualquier delito relacionado con su presidencia y los sucesos del 8 de enero.

Sin embargo, a pesar de la intensa actividad, el sistema judicial brasileño es notoriamente lento. A menudo, los acusados sólo pueden ser encarcelados después de agotar una serie de apelaciones, un proceso que puede llevar años. Los fiscales también pueden tener dificultades para demostrar que Bolsonaro tenía vínculos directos con los revoltosos.

"Los hechos demuestran que los seguidores del expresidente invadieron y destruyeron propiedad pública basándose en teorías conspirativas de que la elección de Lula había sido fraudulenta. Estas teorías fueron alimentadas y manejadas por el ahora expresidente", dijo Leon Victor de Queiroz, politólogo de la Universidad Federal de Pernambuco.

"Pero una cosa es difundir fake news y otra tener control o no de lo que la gente hace con ellas", agregó.

Bolsonaro ha tratado de distanciarse de los manifestantes, diciendo que se habían pasado de la raya en Brasilia. Sin embargo, entre su derrota en la segunda vuelta electoral a fines de octubre y el fin de su mandato el 1 de enero, alentó repetidamente el "derecho a protestar" de su base radical.

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Heloisa Estellita, profesora de Derecho Penal en la Fundación Getúlio Vargas, dijo que "hay una alta probabilidad" de que Bolsonaro sea procesado por presuntos delitos penales cometidos "en los últimos años".

Desde que dejó la presidencia, Bolsonaro ha perdido su inmunidad judicial y puede ser juzgado como un ciudadano normal. Muchos partidarios de Lula exigen su procesamiento.

Las investigaciones actuales se suman a las ya iniciadas por su presunta mala gestión de Covid-19 y la difusión de fake news durante la pandemia. Bolsonaro niega haber actuado mal.

Jair Bolsonaro con Anderson Torres. Crédito: archivo.

A fines del año pasado, el excapitán del ejército voló a Orlando, Florida, para evitar la investidura del tercer mandato presidencial de Lula, y sigue recibiendo el apoyo entusiasta de algunos brasileños conservadores que viven allí. Pero se espera que su visa expire en breve, lo que significa que es probable que regrese a Brasil, una perspectiva que él mismo reconoció la semana pasada.

El gobierno de Lula ha acusado a Bolsonaro y a sus partidarios de planear un golpe de Estado. La acusación ganó credibilidad la semana pasada cuando la policía federal descubrió el borrador de un decreto en el domicilio del exministro de Justicia de Bolsonaro, Anderson Torres, en el que se proponía una intervención para anular el resultado de las elecciones.

Torres fue arrestado por acusaciones de connivencia con los manifestantes cuando regresó a Brasil desde Estados Unidos el sábado.

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Tras dejar el gobierno de Bolsonaro, Torres había sido nombrado al jefe de Seguridad de Brasilia y era responsable de la protección de la capital. El día de los disturbios, sin embargo, se encontraba en Florida. Ha sido acusado de "negligencia grave" por el STF, pero niega haber participado en los disturbios.

Tras la derrota electoral de Bolsonaro, los líderes de su Partido Liberal, intentaron persuadirlo para que liderara la oposición contra Lula, ofreciéndole un generoso paquete de remuneración que incluía vivienda, asesores políticos, apoyo legal y un abultado salario.

Pero desde los disturbios Bolsonaro ha perdido gran parte de su brillo político, y los miembros del partido expresan ahora "incomodidad" por su presencia, según los medios locales. Según una encuesta de Quaest, su popularidad en las redes sociales cayó hasta el 21% al día siguiente de los disturbios, frente al 40% de unos días antes.

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Muchos de sus propios partidarios también le han criticado por su huida a Florida.

Los analistas esperan que la agitación que envuelve a Bolsonaro cree más espacio para que surjan derechistas moderados, en particular Tarcísio de Freitas, gobernador de San Pablo, y Romeu Zema, gobernador de Minas Gerais.

"La conmoción causada por los acontecimientos del 8 de enero está en su punto álgido y eso abre un espacio para intentar crear un consenso en torno a que la extrema derecha está fuera de lugar", dijo Filipe Campante, profesor de economía en la Universidad Johns Hopkins. "Pero esa ventana es efímera y no será fácil aprovecharla".

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