Nueva ley "antiokupas": qué cambia y quiénes deben preocuparse de ahora en más

El proyecto de ley presentado por el Partido Popular (PP) para combatir la ocupación ilegal de viviendas ha superado la semana pasada su primera etapa en el Senado, avanzando con perspectivas de aprobación gracias al apoyo implícito de Junts y el Partido Nacionalista Vasco (PNV). 

La propuesta, que se encuentra en las etapas iniciales de su proceso legislativo tanto en el Senado como en el Congreso, ha recibido una respuesta positiva inicial, con Junts y PNV absteniéndose en la votación, lo que sugiere su papel crucial en las deliberaciones futuras en la Cámara Baja.

Los detalles de la nueva ley "antiokupas" que trata el Congreso

El senador del PP José Ramón Díez de Revenga ha sido el encargado de defender la iniciativa, argumentando la necesidad de esta ley por su enfoque en soluciones específicas para abordar esta problemática. 

La propuesta incluye varias medidas destacadas: facilitar el desalojo rápido de ocupantes ilegales en un plazo de 24 horas tras la denuncia pertinente, exigiendo a estos demostrar su derecho a residir en la propiedad; prohibir el empadronamiento en viviendas ocupadas; negar a los ocupantes ilegales la protección domiciliaria habitual; agilizar los procedimientos judiciales relacionados con la ocupación; incrementar las penas asociadas a la ocupación ilegal; penalizar a quienes fomenten este acto; y permitir a las comunidades de propietarios tomar medidas preventivas y actuar en los procesos judiciales.

Esta ley surge en respuesta a la continua alta incidencia de ocupaciones ilegales en España, que supera los 40 casos diarios -de acuerdo a La Razón-, y busca resolver los conflictos de convivencia derivados de estas situaciones. Cataluña, en particular, registra el mayor número de casos, lo que explica el interés y la participación de Junts en la discusión legislativa.

El papel de Junts y el PNV de cara al futuro

Representantes de Junts, como la senadora Teresa Pallarés, y del PNV, como Igotz López, han expresado su apertura a ciertos aspectos de la propuesta, aunque señalan la necesidad de refinamientos adicionales para alcanzar un acuerdo definitivo que permita su aprobación. 

Ambos representantes reconocen la gravedad del problema de la ocupación ilegal y la importancia de mejorar la protección de la propiedad privada, pero también indican que se requieren ajustes en la formulación de la ley.

Aunque el PP posee la mayoría absoluta en el Senado y podría avanzar sin el apoyo de otros partidos, la situación cambia al llegar al Congreso, donde necesitará el respaldo de Junts o del PNV. Por ello, es crucial para el PP negociar un texto consensuado que facilite su aprobación final.