Okupas: preocupa el número de viviendas ocupadas en España, ¿la ley de alquileres es una solución?

La ley de vivienda, aprobada en el Congreso el pasado 27 de abril, ahora busca la aprobación por la cámara alta. Se cree que su puesta en vigor e inclusión en el Boletín Oficial del Estado podría suceder antes de las elecciones del 28 de mayo.

Los objetivos principales de la misma son brindar más garantías para las familias vulnerables y ayudar a que los jóvenes puedan acceder a una vivienda de manera más sencilla. Sin embargo, también suma cambios en la ley de enjuiciamiento criminal, entre los que se encuentra una enmienda que complica y retrasa el desalojo de los okupas.

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Según datos del Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, durante el primer trimestre de 2023 se registró un descenso en un 11%, comparado con el mismo periodo del 2022.

Según el sitio de noticias Idealista, en 2022 la cantidad de denuncias por okupaciones ascendió a 16.726, lo cual significa alrededor de 46 por día.

Las comunidades que tienen más casos de okupas son:

• Cataluña: 1673
• Andalucía: 594
• Comunidad Valenciana: 420
• Comunidad de Madrid: 369
• Castilla-La Mancha: 161
• Canarias: 148
• Murcia: 123
• Islas Baleares: 11

Cuáles son los cambios que suma la ley de viviendas sobre las okupaciones

Si bien el Gobierno considera que la nueva ley de viviendas es una "conquista histórica" que ofrecerá una "respuesta a una de las principales preocupaciones de los ciudadanos", hay quienes expresan su preocupación por los cambios en la ley de enjuiciamiento criminal.

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Los principales cambios son:

• Las Fuerzas de Seguridad del Estado no podrán hacer intervenciones por sorpresa, por lo que se informará previamente del día y la hora.
• El propietario debe hacer todas las acreditaciones relacionadas con la vivienda. Y serán desestimadas las demandas para la recuperación de una vivienda en la que no venga especificado si se trata de vivienda habitual de la persona ocupante.
• Para quienes tengan más de cinco propiedades, la ley contempla que se les cancelen todos los procesos si no certifican que han intentado conciliar con los infractores vulnerables.
• Aumento de los plazos de negociación con los okupas

Miembros de la oposición han cargado contra esta legislación, la cual han tildado de "chollo" para los okupas. Miembros del Partido Popular y Vox han acusado al Gobierno de "ponerles una alfombra roja", algo que desde el PSOE desmiente.