En medio del reordenamiento del Ministerio de Justicia y la Procuración del Tesoro de la Nación, el Gobierno promulgó la reforma laboral aprobada en extraordinarias y la CGT ya presentó el primer amparo por inconstitucionalidad ante el fuero Contencioso Administrativo Federal. La ofensiva legal se veía venir desde el tratamiento del proyecto de ley, con lo cual en la Casa Rosada ya se anticipaba una estrategia judicial. El exsecretario de Justicia y flamante Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, venía siguiendo el tema desde hace tiempo, junto con la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy. Justo con el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, las espadas judiciales del presidente Javier Milei esperan tener para este lunes el tema estudiado a fondo para avecinarse a los movimientos del juez Enrique Lavié Pico, quien quedó a cargo de la causa. Se trata de un magistrado que tiene antecedentes con la reforma laboral del DNU 70/2023: permitió que las demandas se tramiten por separado en contradicción con otro juez del mismo rango en plena feria judicial. Según pudo saber El Cronista, desde Balcarce 50 descuentan que la causa terminará ante la Corte Suprema de Justicia, donde apuestan que el tribunal se incline a favor de la reforma por el peso institucional que tiene una ley sancionada por mayoría parlamentaria. El máximo tribunal hasta ahora nunca se pronunció con respecto al decreto de necesidad y urgencia frenado por la Cámara del Trabajo. Hay varios frentes abiertos en este sentido. En el amparo presentado este viernes, el punto clave es el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual culminará en el cierre de 30 juzgados laborales y de la Sala VII de la Cámara del Trabajo en el marco de la eliminación progresiva del fuero nacional. Para la CGT, ese traslado “aparta del acceso al servicio de justicia social a trabajadores y organizaciones gremiales”, un planteo que también hicieron propio los judiciales del gremio de Julio Piumato, que tomaron un edificio del fuero laboral la semana pasada en rechazo al cambio de jurisdicción. El traspaso del fuero laboral es, de hecho, el factor que complicó la propia decisión estratégica de la CGT sobre dónde presentar el amparo. La maniobra del Gobierno fue clara, ya que aceleró la aprobación del convenio de traslado de competencias para disolver la Justicia Laboral en el marco de la aprobación del proyecto de reforma en un anexo que entró por la ventana el día antes de su aprobación. En la presentación, la central señala que el convenio que habilita la transferencia fue aprobado sin la intervención de la Comisión Bicameral exigida, por lo que no se cumplieron los requisitos constitucionales vigentes para el traspaso. Sobre el traspaso de fuero, la Corte ya fue explícita a favor de lo que dicta la Constitución Nacional con acordadas que, por caso, generaron una rebelión de las Cámaras Nacionales, que se rehúsan a subordinarse al Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires, la “corte” de la CABA. En el fallo “Levinas”, entre otros, habían advertido que las apelaciones en causas ordinarias -entre ellas, laborales-, deben pasar por dicho tribunal local antes de llegar a la Corte, por lo que se espera que los Supremos ratifiquen el traspaso contemplado en el marco de la reforma laboral. La solución para la central es la doble vía y evalúan presentar en simultáneo otra cautelar pero ante el fuero laboral para no depender de un solo escenario judicial. En este ámbito es que buscarán ir a fondo con el rechazo del contenido de la reforma en sí. En ese sentido, apuntan a la presunta violación del principio de progresividad de los derechos laborales consagrados por la Constitución Nacional, lo cual impugna varios puntos centrales: El primero es la reglamentación del derecho de huelga en sectores esenciales y trascendentales: la reforma obliga a garantizar servicios mínimos del 75% en servicios esenciales como transporte, salud y educación, y del 50% en actividades trascendentales. Es el mismo artículo que la justicia laboral ya había declarado inconstitucional en el DNU 70 de 2023 y que el Gobierno volvió a incluir en la ley, lo que le da a la CGT jurisprudencia directa a favor. El segundo punto impugnado es la nueva fórmula de cálculo de indemnizaciones por despido. La reforma excluye componentes usuales como el aguinaldo y las vacaciones de la base de cálculo, lo que reduce el monto final que percibe un trabajador despedido. El tercero es la posibilidad de pagar esas indemnizaciones en cuotas, que la CGT considera una extensión arbitraria de la incertidumbre para el trabajador. El cuarto, y el más novedoso en términos jurídicos, es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo similar al que rige en la construcción pero que los gremios leen como un sustituto encubierto de la indemnización clásica que vacía de contenido el artículo 14 bis.