Motosierra

Trabajadores estatales: cómo es el examen de idoneidad que busca realizar el Gobierno

Según detalló el vocero presidencial, Manuel Adorni, la medida impactará en más de 40.000 empleados de la administración pública.

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A fin de mantener el equilibrio fiscal, el Gobierno nacional anunció que realizará un examen de idoneidad a todos los empleados de la administración pública

De acuerdo a lo anticipado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, la medida se erigirá como una suerte de test que impactará, tanto los de planta permanente como los contratados.

¿Cómo es el examen de idoneidad que buscará realizar el Gobierno a los trabajadores estatales?

Adorni anunció que el test alcanzará a más de 40.000 trabajadores de la administración pública. Se realizará en diciembre y será fundamental para la renovación de contratos.

"La iniciativa forma parte de la política de racionalización del Estado", subrayó el funcionario. La prueba sería online para evitar "cualquier tipo de subjetividad".

La aprobación del examen será un requisito para renovar los contratos en diciembre.


Adorni contó cómo será el examen de idoneidad que alcanzará a los 40.000 empleados públicos. 


¿Qué se evaluará en el test de idoneidad del empleo público?


Los criterios de idoneidad aún no han fueron definidos. Sin embargo, se espera que la evaluación incluya aspectos esenciales relacionados con las tareas específicas que cada empleado desempeña.

Las distintas áreas del Gobierno trabajarán en conjunto para formular el test.

En cuanto a la logística, el Gobierno tiene previsto llevar a cabo unos 2000 exámenes por día durante todo diciembre para evitar un colapso en el sistema de pruebas. Así, para fin de año, se habrá evaluado a los 40.000 trabajadores estatales.

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¿A quiénes se evaluará en el test de idoneidad estatal?

Adorni anticipó también que la evaluación no solo aplicará a los empleados que se encuentran bajo contrato en la actualidad. También será una práctica habitual para todos aquellos que ingresen a partir de enero 2025.

Las personas con discapacidad no participarán en primera instancia, ya que se requiere una adaptación específica de los sistemas para garantizar su inclusión.

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