Todo para el Estado: el Gobierno se quedará con los dos trenes del AMBA que continuaban en manos de privados

Transporte dio a entender que frenará las prórrogas de contrato que Macri firmó en favor de las operadoras del Urquiza y el Belgrano Norte. Metrovías y Emepa, las perjudicadas.

La ola reestatizadora que barrena el Ministerio de Transporte desde que el massista Alexis Guerrera tomó su mando continuará más allá de la noticia dada a conocer estos días sobre la "recuperación" de los ferrocarriles de carga

La cartera que supo conducir hasta su trágico fallecimiento Mario Meoni dispondrá en los próximos meses en cese de las últimas dos concesiones privadas de trenes de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que quedan en pie desde la época de privatizaciones decretada por el menemismo.   

El Gobierno tiene decidido recuperar la operación, mantenimiento y renovación de los ferrocarriles Urquiza y Belgrano Norte, hoy por hoy a cargo -respectivamente- de Metrovías (empresa del Grupo Roggio) y Emepa (de Gabriel Romero). 

De esta manera, Transporte frenará mediante un acto administrativo la prórroga de 18 meses que se ejecutaría automáticamente desde septiembre en caso de no frenar el trámite rubricado por el anterior ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, durante la gestión del expresidente Mauricio Macri.

La reestatización de los ramales que conectan el barrio porteño de la Chacarita con Los Polvorines, y Retiro con Villa Rosa, en Pilar, venía discutiéndose hace meses al interior de esta porción del gabinete del que es amo y señor Sergio Massa.

El presidente de Trenes Argentinos Operaciones, Martin Marinucci, figura como el principal impulsor de la reestatización de los servicios, sobre los que Meoni colocaba en su momento algún manto de duda. Ahora con Guerrera, la decisión terminó de prosperar. 

Romero, de Emepa, podría quedar al margo de dos concesiones vitales para su compañía.

Las empresas involucradas, en tanto, de momento no dan el brazo a torcer y se animan con lograr "un camino intermedio" a la estatización, que les permita al menos continuación con el gerenciamiento de la operación, mientras el personal y la renovación de flota e infraestructura vuelve a cargo del Estado. 

La política, sin embargo, está a la orden del día. A ninguno de los involucrados les es esquivo que Romero, dueño de Emepa -que a su vez está involucrada en la Hidrovia Paraná-Paraguay, también objeto de controversia- acudió al llamado del difunto juez Claudio Bonadio y declaró en sede judicial haber pagado coimas a oficiales al mando del exministro de Planificación, Julio De Vido, para quedarse con la administración de la vía troncal fluvial.

Del mismo modo, el empresario Aldo Roggio, admitió ante el juez  Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli haber pagado dineros non sanctos al antiguo secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y al exsubsecretario de Coordinación y Gestión, Roberto Baratta, para financiar campañas electorales y no sufrir "represalias" en la concesión de la obra pública. Tras esa declaración, Roggio cedió sus acciones a sus familiares y abandonó cargos jerárquicos dentro del holding.

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