RIGI: 3 puntos de la letra chica podrían ampliar los beneficios para los inversores

Los estudios de abogados que asesoran a las empresas más importantes del país se encuentran expectantes ante la reglamentación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Según fuentes oficiales, podría publicarse este viernes o, a más tardar, a principios de la próxima semana. 

La letra chica será clave: podría permitir ingresar al RIGI con menos de u$s 200 millones, incluir nuevos sectores, adelantar el plazo para acceder a los beneficios e incluso elegir el tribunal para litigar.

Así se desprende de la opinión de dos abogados que participaron en la redacción del proyecto original, pero que prefirieron no ser mencionados.

Para formar parte de todos los beneficios que ofrece el RIGI, la ley establece que el mínimo de inversión debe ser de al menos u$s 200 millones. Para otros sectores, como la minería, el piso podría ser mayor. Sin embargo, dependiendo de cómo se defina la letra chica, podría haber empresas que ingresen con un monto inferior a u$s 200 millones. 

Las fuentes mencionaron como ejemplo la construcción de parques eólicos o solares, que pueden implicar una inversión de u$s 160 millones. No obstante, podría ocurrir que la reglamentación permita que dentro del Vehículo de Proyecto Único (VPU) se incluya más de un proyecto, en caso de estar físicamente cercanos.

"La gran clave será cómo se define el término de un proyecto. Hay margen en la ley para aglutinar proyectos homogéneos si están en regiones cercanas. Podrían darse grandes inversiones, pero más atomizadas, por parte de una misma sociedad", comentó un abogado de uno de los estudios más importantes. Este es un aspecto que están siguiendo de cerca las empresas de energías renovables.

Otro de los temas es cómo la reglamentación podría permitir que más sectores se adhieran al RIGI. La ley establece que solo pueden ingresar inversiones en forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, y petróleo y gas. Sin embargo, algunos sectores, como el de la tecnología, son bastante amplios. 

Desde las automotrices aseguran que en las terminales bien podrían realizarse inversiones de más de u$s 200 millones, lo que permitiría incluirlas en el rubro de tecnología, en un escenario de electromovilidad.

"Se puede ser mucho más generoso que el actual RIGI, porque la autoridad de aplicación tiene un amplio margen para actuar. Pero tampoco puede ser algo exagerado, porque se abriría la puerta a judicializaciones por parte de quienes queden excluidos y aleguen discrecionalidad", explicó uno de los abogados consultados.

Si bien la reglamentación fue trabajada en varias áreas, incluido el presidente Javier Milei, la autoridad de aplicación recaerá en el Ministerio de Economía, actualmente a cargo de Luis Caputo.

Otro tema vinculado es el acceso libre a divisas, que podría flexibilizarse. La ley establece que las empresas adheridas al RIGI y exportadoras podrán acceder libremente a esos dólares: el 20% al primer año, el 40% al segundo año, y el 100% al tercero. Sin embargo, lo que podría variar es cuándo comienza a contar ese período, dependiendo de lo que se establezca como "fecha de puesta en marcha del proyecto". 

No es lo mismo que se considere que el proyecto se puso en marcha con su construcción y operación, que cuando se inició la operación comercial. "Si se retrocede lo más posible la puesta en marcha del VPU, desde que se empieza a exportar habrá que esperar menos para acceder a las divisas", explicaron.

Además, se espera que en la reglamentación quede claro el mecanismo de resolución de controversias. Las empresas adheridas al RIGI podrán recurrir a tres tribunales internacionales si así lo desean, incluso en caso de disputas locales. 

Son días de mucho lobby. Si bien petróleo y gas es una de las ramas que pueden adherirse, la parte del upstream, más específicamente la producción de pozos, podría quedar excluida. "La idea es que no se otorguen beneficios si de todas formas se iba a perforar", comentó un abogado.