Reforma jubilatoria: el Gobierno publicó el veto a la ley que aprobó el Congreso

Tal como lo anunció el Gobierno cuando el Senado aprobó definitivamente la reforma previsional que incluye el pago de un adicional a los jubilados y pensionados de la ANSES, este lunes se publicó en el Boletín Oficial el veto total a la norma.

Este se oficializó a través del Decreto 782/2024 con la firma del presidente Javier Milei y todo el Gabinete de ministros.

Además de esta publicación, también se dispuso el pago de un nuevo bono de $ 70.000 para los titulares de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con los haberes más bajos.

En cuanto al veto, y en línea con lo dicho por el mismo Milei, se confirmó que su aplicación será total a toda la ley N° 27.756. Esto se debe a que el Gobierno considera a la reforma "inviable desde el punto de vista económico financiero, no siendo factible su implementación y sustentabilidad en el tiempo", justifica el decreto en sus considerandos.

Entre los principales cambios, la reforma votada por el Congreso incorporaba una suba extraordinaria del 8,1% para todos los jubilados y pensionados de ANSES en busca de recomponer sus ingresos contra la fuerte inflación de los primeros meses del año.

El proyecto también definía igualar el haber mínimo al 1,09 del valor de la Canasta Básica Total (CBT) de un adulto, el cual para julio (último dato disponible) alcanzó los $ 317.704,48, por encima de la mínima de $ 285.581 para el mismo mes.

Finalmente, la reforma vetada incluía un ajuste del 50% de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior a aplicarse en marzo de cada año.

Sin embargo, por lo pronto estos cambios no se aplicarán: para que ello ocurra, el Congreso deberá insistir en el proyecto con dos tercios de los votos positivos en ambas cámaras, un número que genera incertidumbre.

Reforma previsional: la justificación del Gobierno para vetarla

El Decreto 782/2024 de este lunes observa "en su totalidad el proyecto de ley registrado bajo el N° 27.756" y lo devuelve al Congreso para su insistencia sobre este, de considerarlo necesario: esto mismo había confirmado el Gobierno, un veto total y sin excepciones.

Tal como publicó El Cronista, el primer veto en la gestión de Milei tiene al superávit fiscal como justificación principal, tanto para el corto plazo (porque el Gobierno dice que no tiene de dónde readecuar partidas para cumplir con el incremento que indica la Ley) como para el largo (que la indexación por IPC más los incrementos reales a través del RIPTE harán insostenible la capacidad de pago el año próximo).

Esto mismo marca el veto de este lunes en sus considerandos, donde se define que "el proyecto (...) es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida, ni tampoco determina la fuente de su financiamiento". 

Debido a esto último, el Gobierno apunta particularmente contra el Congreso y cita la Ley de Administración Financiera, la cual exige que "toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento".

"En ese marco, el Presupuesto General de la Administración Nacional vigente para el ejercicio 2024 en ejecución no contempla una partida que permita hacer frente al gasto que representaría para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) la medida adoptada a través del proyecto de ley sancionado", agrega el decreto en sus considerandos.

Según la norma, de aplicarse los cambios votados, la erogación al Estado Nacional sería de $ 6 billones para el 2024 y otros $ 15 billones para el 2025, valores equivalentes al 1,02 % y al 1,64 % del PB, respectivamente. 

Para la ANSES, esto supondría un incremento del 18,5% para el año 2024 y del 29,2% para el 2025 en sus gastos previsionales, según los cálculos del Gobierno.

Por su parte, "si las erogaciones citadas se relacionaran con el gasto primario de la Administración Nacional previsto en el presupuesto vigente, la medida conllevaría un aumento de aproximadamente el 8% del referido presupuesto en términos anuales", agrega el decreto.

Estos números son los que el Gobierno utiliza para vetar la reforma ya que "las cifras mencionadas tornarían imposible cumplir con las metas fiscales fijadas por el Gobierno Nacional para el actual ejercicio fiscal y los siguientes".