El balance legislativo de 2025 dejó un dato contundente: el Congreso sancionó apenas 11 leyes, el número más bajo de los últimos diez años y uno de los registros más pobres desde el regreso de la democracia, según el relevamiento realizado por Directorio Legislativo.
El resultado cristaliza una relación inéditamente conflictiva entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo durante el primer tramo del gobierno de Javier Milei, quien apenas asumió definió al Parlamento como un “nido de ratas”, marcando desde el inicio un clima de confrontación abierta.
El período ordinario, que finalizó formalmente el 30 de noviembre, estuvo atravesado por la dificultad para consensuar agendas, la fragmentación política y una estrategia oficialista centrada más en bloquear iniciativas que en promover proyectos propios.
De las 22 sesiones realizadas, la mitad fueron especiales, una señal clara de la imposibilidad de acordar un plan de trabajo sostenido.
La escasa producción normativa tuvo además una particularidad inédita: ninguna de las leyes sancionadas fue impulsada por el oficialismo.
De las 11 normas aprobadas, todas las iniciativas de origen legislativo provinieron de la oposición, mientras que las únicas con origen en el Poder Ejecutivo fueron tres acuerdos internacionales enviados durante la presidencia de Alberto Fernández, que quedaron pendientes y fueron ratificados recién este año.
El listado de leyes sancionadas refleja una agenda defensiva y reactiva, más vinculada a emergencias y demandas sectoriales que a un programa integral de gobierno.
Entre ellas se destacan la declaración de emergencia en Bahía Blanca, la emergencia en discapacidad, la emergencia en salud pediátrica, dos aumentos en el pago de jubilaciones, la ley de financiamiento de las universidades nacionales, la modificación del régimen de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias y la denominada Ley Nicolás, además de los acuerdos internacionales mencionados.
La tensión institucional se expresó también en el uso intensivo del veto presidencial. Siete de las once leyes fueron vetadas por el Ejecutivo, aunque en tres casos el Congreso logró insistir y revertir la decisión, un hecho poco frecuente que expone la fragilidad política del oficialismo en ambas cámaras. En paralelo, la oposición apeló de manera inédita a los emplazamientos a comisión —una herramienta para forzar el tratamiento de proyectos—, con 20 emplazamientos en un solo año, cuando el promedio histórico no superaba los tres por período.
El resultado final fue un Congreso convertido, más que nunca, en territorio opositor, frente a un Ejecutivo que optó por una lógica defensiva y por el uso recurrente de vetos y decretos para contener el avance parlamentario.
