Estatales le pusieron fecha a una huelga y se movilizan contra los despidos masivos: cuándo será y a quiénes afectará

Los estatales llamaron a un nuevo paro nacional en la administración pública para la próxima semana, en rechazo a la tanda masiva de despidos que temen para el 31 de marzo. Sin diálogo con la Casa Rosada, y tras los últimos cierres de organismos anunciados desde el Ejecutivo, en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se convocaron en una reunión del Consejo Directivo Nacional que inició pasadas las 10 para ponerle fecha a la huelga y qué acciones llevarán adelante en la jornada.

"Si Milei quiere conflicto, conflicto tendrá", indicó Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato. Y añadió: "Los despidos son inminentes. Si no reaccionamos y profundizamos nuestro plan de lucha, en las próximas horas estaremos frente a un escenario de cesantías masivas."

"Hemos decidido convocar a una nueva reunión de nuestro Consejo Nacional con la presencia de todas las provincias. Es inminente el despido de miles de trabajadores en la Administración Pública Nacional. Los estatales tenemos que profundizar nuestro plan de lucha y definir medidas de fuerza que nos permitan evitar un escenario de cesantías masivas a fin de mes", había dicho el secretario general del sindicato a nivel nacional, Rodolfo Aguiar, en la previa.

El encuentro se pautó para hoy en el Hotel 27 de Junio de ATE, a partir de las 10 de la mañana, en el barrio de San Telmo, e inició con apenas quince minutos de demora con la presencia de representantes de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para media tarde esperaban votar un nuevo paro nacional que impactará en toda la administración pública nacional en el marco de una semana corta por los feriados dispuestos por el Gobierno para el 28 y 29 de marzo.

También votaron la moción de concentrarse en esa jornada de lucha nacional en la sede donde funciona hoy Agricultura, en rechazo a la decisión del Gobierno de cerrar el Consejo de Agricultura Familiar y reducir el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) a una dirección nacional. Para ello, se anunció el despido de 900 de sus 964 trabajadores y trabajadoras el último martes. 

Como anticipó El Cronista, la propuesta que los directivos de ATE discutían en la previa y votaron finalmente como fecha para la medida de fuerza nacional es el martes 26 de marzo. La idea es paralizar la actividad tanto de los organismos centralizados de la administración como de los descentralizados. Denuncian que están en riesgo casi 70 mil contratos del Estados nacional cuya vigencia caduca el 31 de marzo próximo.

La fecha no es casual ya que en los últimos días circuló en los medios un manual a modo de instructivo para las y los directores de área del Estado nacional que tendrán la responsabilidad de comunicar la desvinculación a las y los trabajadores. Con miras al fin de semana largo, la recomendación era comunicar el despido de manera oral ese martes 26. 

En conferencia de prensa, no obstante, el vocero Manuel Adorni desconoció la existencia de ese instructivo como algo oficial. Incluso llegó a decir que él mismo no tenía aún seleccionado a quiénes desvincularía de su área. No negó, no obstante, ante la consulta de los periodistas en la sala, que se darían de baja miles de contratos en los próximos días, sin arriesgar un número en concreto.

Cuántos contratos estatales puede cortar Milei el 31 de marzo

"No estamos defendiendo privilegios. Estamos defendiendo políticas públicas. Queremos un Estado al servicio del pueblo y rechazamos cualquier posibilidad de que el Estado represente o sea garante de los intereses de las grandes corporaciones empresarias como pretende Milei", indicó el líder de ATE a nivel nacional.

 Acorde a lo debatido en el Consejo Directivo, la Jornada Nacional de Lucha comenzará con asambleas y ruidazos en todos los ministerios y organismos para luego retirarse al mediodía y concentrar en el exministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

Los principales ejes de los reclamos son el aumento salarial por encima de la inflación, la reincorporación de despedidos sin causa -a fines de 2023 y en los meses de verano, la renovación automática de los 70 mil vínculos laborales que vencen el 31 de marzo y el pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados. 

Asimismo, repudiaron el rechazo al cierre de todos los organismos públicos y a la privatización de empresas estatales, adhirieron a la defensa al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y reclamaron un aumento de emergencia para jubilados y pensionados.

"Los tiempos se aceleran y no podemos esperar hasta abril para realizar un nuevo paro general. Se están erradicando derechos, destruyendo puestos de empleo y demoliendo los ingresos de los trabajadores, jubilados y sectores populares. Las centrales obreras deberían evaluar anticipar su llamado a una nueva huelga nacional", exhortó Aguiar en la previa de la reunión.

Luego de la presentación de informes de cada uno de los distritos, la conducción nacional del Consejo Directivo se dispone a discutir la fecha para la medida de fuerza. Como sucedió en enero, cuando el Gobierno dilataba la posibilidad de cerrar paritarias, ATE resolvió un paro anticipado a la huelga nacional que impulsaron la CGT y las dos CTA. En febrero reiteró su medida, también un 26.

Esta vez, podría repetirse la maniobra, adelantaron fuentes del gremio a El Cronista. En caso de avanzar con una medida nacional en abril, tal como se busca en algunos sectores de las centrales nacionales, ATE volvería a sumarse a la medida colectiva previa votación dentro del gremio. 

Mientras, libra su propio duelo con el gobierno de Javier Milei: según sus registros, el 31 de marzo vencen 65 mil contratos laborales de los denominados Artículo 9 de la Administración Pública Nacional y otros 6 mil de los conocidos como 1.109, entre empleados transitorios y contratados. 

Según trascendió desde el Ejecutivo, se busca una reducción de entre el 20 y 30 por ciento de la planta transitoria del Estado, por lo que los despidos podrían ser entre 14 mil y 21 mil a fin de mes.

Qué cambios contempla la nueva Ley de Bases para los estatales

En medio de la puja con los gremios estatales y a solo un par de semanas que se resuelva la situación laboral de casi un tercio de la administración pública nacional cuyos contratos vencen el 31 de marzo, el Gobierno de Javier Milei difundió el borrador de la nueva Ley Bases que contiene, como en su versión original, un capítulo sobre Empleo Público que busca reformar diversos aspectos legales. 

Allí fija las limitaciones en la participación de las y los trabajadores en la actividad política y gremial, el descuento de las jornadas de paro y establece los diversos pasos para la relocalización de los contratos estatales, incluso a otros poderes y jurisdicciones nacionales, convenios mediante. Asimismo, avanza sobre los descuentos de la cuota sindical solidaria a la que los gremios se oponen tajantemente.

El capítulo IV de la nueva Ley Bases plantea una serie de reformas a la Ley de Empleo Público. Con la sustitución del artículo 11 del Anexo de la Ley N° 25.164, fija que "el personal alcanzado por el régimen de estabilidad que resulte afectado por las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos o de las funciones a ellos asignadas, quedará, automáticamente, en situación de disponibilidad por un periodo máximo de hasta doce (12) meses".

Cuando restan apenas unas semanas para que caduquen cerca de 70 mil contratos transitorios en la administración nacional y ante la falta de respuestas por parte del Ejecutivo sobre su continuidad, los gremios de trabajadores y trabajadoras estatales se encuentran en alerta y movilizados.  La misma ley ómnibus contiene todo un apartado sobre reforma del Estado en donde se detallan las potestades que pretende concentrar el Ejecutivo para reducir su estructura.

En este sentido, la nueva normativa fija que quienes queden en situación de disponibilidad deberán recibir la capacitación que se les imparta o desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado. "Cumplido el término de disponibilidad -que se establece en 365 días- sin que el trabajador hubiera formalizado una nueva relación de trabajo, quedará automáticamente desvinculado de la Administración Pública nacional", reza la nueva Ley Bases. 

A cambio, tendrá derecho a percibir una indemnización igual a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, "tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor, salvo el mejor derecho que se estableciere en el Convenio Colectivo de Trabajo y las indemnizaciones especiales que pudieren regularse por dicha vía."

En caso de ser relocalizados en otras áreas, la nueva Ley Bases aclara que los deben ser destinados "a las tareas propias de la categoría o nivel que hayan alcanzado y al desarrollo de tareas complementarias o instrumentales, para la consecución de los objetivos del trabajo". Incluso "pueden ser destinados por decisión fundada de sus superiores a desarrollar transitoriamente tareas específicas del nivel superior percibiendo la diferencia de haberes correspondiente". La nueva versión no hace mención a la posibilidad de un pase del Estado al empleo privado.

"La movilidad del personal de una dependencia a otra dentro o fuera de la misma jurisdicción presupuestaria, es una atribución del empleador, pero estará sujeta a la regulación que se establezca en los convenios colectivos celebrados en el marco de la Ley N° 24.185", aclara la norma.

Asimismo, el Ejecutivo se arroga la posibilidad de celebrar convenios con los otros poderes del Estado, provincias y municipios, "que posibiliten la movilidad interjurisdiccional de los agentes, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley" durante un plazo no mayor a un año. En ese caso, quedará sujeto "a las reglamentaciones que dicten en sus respectivas jurisdicciones los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial". 

Qué dice la nueva Ley Bases sobre la militancia partidaria de estatales

En el artículo 46 de la nueva Ley Bases promueve la incorporación de un inciso, el J, en el artículo 24 del Anexo de la Ley N° 25.164 donde queda constancia que se prohíbe a toda y todo estatal "dedicar sus horas laborales del servicio público a hacer cualquier tipo de tareas vinculadas a campañas electorales y/o partidarias"

E incluye como obligatorio "el descuento del proporcional de haberes por los días en los que el empleado haya decidido hacer uso de su derecho de huelga" mediante la incorporación del artículo 16 bis. En paralelo, sustituye el artículo 13 de la Ley N° 24.185 estableciendo que "las cláusulas de los acuerdos por las que se establezcan cuotas de solidaridad a cargo de los empleados y a favor de las asociaciones de trabajadores participantes en la negociación, tendrán validez solo para los afiliados".

En contrapartida, no se podrán descontar cuotas solidarias de los salarios de las y los estatales que no se encuentren afiliados salvo constatarse su autorización previa y expresa.

Asimismo, impone sanciones o suspensiones de hasta treinta días cuando se verifique el "incumplimiento reiterado del horario establecido; inasistencias injustificadas que no exceden de cinco días discontinuos en el lapso de doce meses inmediatos anteriores y siempre que no configuren abandono de tareas" e incumplimiento de los deberes "salvo que la gravedad y magnitud de los hechos justifiquen la aplicación de la causal de cesantía." 

 En este último aspecto, mediante la sustitución del artículo 32 del Anexo de la Ley N° 25.164 se detalla como causales de cese laboral las inasistencias injustificadas que excedan de cinco días discontinuos, en los doce últimos meses; el abandono de servicio, cuando el agente registre más de tres inasistencias continuas sin causa que lo justifique y fuera intimado previamente en forma fehaciente a retomar sus tareas e infracciones reiteradas en el cumplimiento de sus tareas, que hayan dado lugar a treinta  días de suspensión en los doce  meses anteriores.

 También cualquier tipo de concurso civil o quiebra no causal, salvo casos debidamente justificados por la autoridad administrativa; incumplimiento de los deberes establecidos en los artículos 23 y 24 cuando por la magnitud y gravedad de la falta así correspondiere; delito doloso no referido a la Administración Pública, cuando por sus circunstancias afecte el prestigio de la función o del agente. 

En el punto "g" del apartado alude a "calificaciones deficientes como resultado de evaluaciones que impliquen desempeño ineficaz durante dos años consecutivos o tres alternados en los últimos diez años de servicio" y cuando "haya contado con oportunidades de capacitación adecuada para el desempeño de las tareas". También en estos casos será potestad de los superiores del área definir si un o una empleada se ajusta a las exigencias de eficiencia del cargo.

Por último, deja en claro que, en aras del derecho a igualdad de oportunidades en el desarrollo de carrera administrativa, las promociones a cargos vacantes sólo se concretarán mediante sistemas de selección de antecedentes, méritos y aptitudes y en su artículo 20 fija que todo el personal que reúna los requisitos exigidos para obtener la jubilación ordinaria podrá ser intimado a iniciar los trámites.