"El Presidente está enojado", dicen quienes conocen y dialogan frecuentemente con Javier Milei, quien en la tarde de ayer vio desde su suite en el hotel King David de Jerusalén cómo se derrumbaba el tratamiento de la ley ómnibus, a la cual reaccionó con una catarata de fulgurosos tuits y comunicados acusatorios contra gobernadores y diputados opositores que rechazaron algunos incisos del proyecto.
La vuelta a comisión de la Ley Bases traerá consigo un corto período de revisión interna para el Gobierno. El economista libertario no acusa ni penalizará al titular de la Cámara de Diputados Martín Menen, el ministro del Interior Guillermo Francos y los otros negociadores designados por el resultado de la negociación con los bloques dialoguistas y los mandatarios provinciales. "No hay bronca con ellos", afirman colaboradores de Milei.
Junto a Francos y Menem, el asesor presidencial y principal mano derecha de Milei Santiago Caputo había conversado con algunos alfiles de los bloques colaboracionistas durante la mañana del martes que contaban con votos en aspectos claves de la normativa.
La trastienda de la baja de la sesión y la Ley Bases
En tanto, el Gobierno ya presagiaba que el proyecto de ley iba a tener que volver a comisión cuando los primeros incisos de las facultades delegadas habían comenzado a caerse en la votación particular. Allí comenzó a activarse el operativo foja cero.
Luego de que el titular de la cámara baja solicitara el cuarto intermedio, su despacho se convirtió en el lugar donde el Gobierno asintió que no estaba dispuesto a arriesgarse a que los artículos clave cómo algunas facultades delegadas y las privatizaciones se caigan.
"De esa forma, no tenía sentido avanzar en el tratamiento de la Ley Bases, porque perdía su esencia", explicó de manera pública Francos en su despacho de la Casa Rosada, momentos después de que el jefe de bloque Oscar Zago le comunicara que iban a anunciar la baja de la sesión.
"Seguramente hay cosas para mejorar, pero fuimos nosotros los que cedimos artículos; la culpa no es ni de Francos ni de ningún negociador del Gobierno", alegan. Desde el vamos, el Ejecutivo no era optimista ni confiaba en las tratativas con los diputados. Fue por eso que ante las complicaciones que comenzó a evidenciar el debate de la ley ómnibus en comisiones "el 75% del ajuste se mandó por fuera del Congreso".
Los funcionarios y los gobernadores apuntados por Milei
El Presidente demostró su enojo con gobernadores y los diputados que votaron en contra mediante sus redes sociales y los canales oficiales del Gobierno. Por diferentes vías los acusó de "delincuentes", "extorsionadores" y "traidores", mandando a publicar un listado de quienes "votaron a favor del pueblo" y "en contra" a través de la cuenta de la Oficina del Presidente, en donde se comunican todas las cuestiones y posturas oficiales.
Entre ese grupo apuntado por el Gobierno está la diputada nacional del bloque Hacemos Coalición Federal Alejandra Torres, quien representa a la provincia de Córdoba y está casada con el actual titular de la Anses Osvaldo Giordano, que llegó a la función pública nacional producto del pacto político implícito de Milei con el cordobesismo, en particular con Juan Schiaretti.
Según pudo saber El Cronista, hay un malestar significativo de la Casa Rosada con Giordano y algunos especulan con que se le pedirá "que rinda cuentas". Alegan que es "incomprensible" cómo la esposa de un funcionario del oficialismo pudo haberse desmarcado de las bases establecidas por Milei.
"No creí que pensaran que yo iba a tomar decisiones en función del mandato que Osvaldo ocupa. Siempre consideré que él ocupa el cargo por su capacidad técnica, porque es uno de los que más sabe del sistema previsional, por la historia de gestión que tiene. No tenía en mi mente que eso fuera para ejercer presión sobre mí", dijo Torres esta mañana en declaraciones a Radio Mitre Córdoba, agregando que ve "un kirchnerismo y un oficialismo que no tienen grieta porque me han descalificado por ser ‘la mujer de'. A esta altura, eso no da".
A raíz de ese caso particular, el Ejecutivo evalúa a cada uno de los funcionarios que asumieron mayormente producto de pactos políticos con gobernadores apuntados por el Gobierno.
Milei tiene un fuerte enojo con cuatro provincias a las que una parte de sus diputados apoyaron el proyecto en la votación general y se diferenciaron parcialmente en particular. Estos son Córdoba, Jujuy, Neuquén y Salta, con sus respectivos mandatarios Martín Llaryora, Carlos Sadir, Rolando Figueroa y Gustavo Sáenz. Al contrario de lo que se dijo en medios, el Gobierno desestima que haya un enojo con el mandatario neuquino Hugo Passalacqua.
A pesar de que el presidente del Banco de la Nación Argentina Daniel Tillard y el secretario de Transporte Franco Mogetta son dirigentes que provienen del cordobesismo, el Gobierno tiene una buena consideración de ellos y aseguran que no habrá represalias.
Lo mismo sucede con la secretaria de Minería Flavia Royón, quien asumió producto de su gestión de la administración pasada y de un acuerdo con el gobernador Sáenz. Si bien es valorada positivamente por Milei, desde el Gobierno no descartan en revisar su designación como forma de penalización del pronunciamiento de diputados salteños.
Ante los rumores, el mandatario del norte señaló que "nunca he sido invitado a participar en ninguna reunión con representantes del Ejecutivo Nacional previo al tratamiento de la llamada Ley Ómnibus" y que "desde Salta siempre estaremos dispuestos a dar una mano y a ayudar, solo exigimos el mismo respeto".
