INVESTIGARÁN EL STAND-BY

Mientras negocia un nuevo programa, el Gobierno le apunta al FMI por el préstamo a Macri

Fernández anunció que se presentará una querella penal contra funcionarios macristas pero que también alcanza a los responsables del Fondo por el acuerdo de 2018. El Central envió informes a la Sigen y la Oficina Anticorrupción para la auditoría.

En la apertura de sesiones ordinarias del Congreso el presidente Alberto Fernández anunció que presentará una querella penal contra los funcionarios que cerraron el acuerdo de Stand By con el Fondo Monetario Internacional, una investigación que estaría bajo la órbita de la UIF, la Unidad de Investigación Financiera. También el Banco Central (BCRA) envió documentación a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y a la Oficina Anticorrupción (OA) para que determinen si generaron perjuicios al Estado.

La noticia llega en medio de las negociaciones por un nuevo programa con el Fondo, sobre el que Alberto dijo que "no hay apuro" aunque también aseguró que "no habrá más ajustes". La co-responsabilidad del FMI pasa a ser una carta en la nueva negociación. El Gobierno considera que hubo intencionalidad política en el financiamiento concedido a la administración de Mauricio Macri y que, además, buena parte del desembolso de u$s 44 mil millones financió la fuga de capitales. "La administración Trump impulsó el otorgamiento de semejante préstamo para favorecer al entonces presidente Macri en la búsqueda de su reelección", indicó el mandatario, que lo calificó de "administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos".

"He instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien una querella criminal tendiente a determinar quienes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra", anunció Fernández en el recinto y recordó que el FMI lleva adelante a través de la Oficina de Evaluación Independiente una investigación posprograma que será publicada. "Queremos ser transparentes", dijo el vocero del organismo Gerry Rice la semana pasada sobre este análisis que se lleva adelante con cada acuerdo para evitar repetir errores. La investigación local será remitida a esa oficina, anticipó Alberto.

"Esta realidad responsabiliza a quienes fueron nuestros gobernantes pero que ha tenido responsables también en el mismo organismo internacional de crédito", agregó Fernández. La directora del Fondo en ese momento era Christine Lagarde -hoy presidenta del Banco Central Europeo- y su segundo, el ahora asesor de Joe Biden, David Lipton. Por el gobierno de Mauricio Macri, los negociadores fueron el ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger para el acuerdo que se firmó en 2018 y tuvo cuatro versiones. En las revisiones intervinieron también Luis Caputo y Guido Sandleris, ambos al frente de la Autoridad Monetaria.

Consultado por El Cronista, el Fondo Monetario evitó hacer comentarios sobre el discurso de Fernández. De los ex funcionarios del macrismo, Sandleris aseguró en un hilo de Twitter que "el acuerdo cumplió con la legislación vigente y siguió procedimientos similares a los gobiernos peronistas y no peronistas que no requirieron intervención del Congreso".

Auditoría pedida por Pesce

Pocas horas después el Central pidió una "auditoría específica" para evaluar las "responsabilidades de los funcionarios que actuaron oportunamente en la efectivización del acuerdo suscripto por la República Argentina con el FMI" en 2018 y "determinar la existencia de perjuicio para el patrimonio público", en línea con el planteo de Fernández.

En esa investigación busca que se evalúe si los acuerdos "resultarían incumplimientos a los procedimientos establecidos en diversas leyes para la constitución de deuda pública externa, así como la violación de obligaciones asumidas con el FMI" por la fuga de capitales, que el organismo no puede financiar según su estatuto.

El año pasado el BCRA presentó un informe sobre la gestión macrista donde marcó que "entre mayo de 2018 y hasta que fueron establecidos los controles cambiarios más estrictos en octubre 2019, del total pautado con el FMI llegaron a desembolsarse cerca de u$s 44.500 millones. Estos fondos junto a las reservas internacionales, abastecieron una fuga de capitales del sector privado, que alcanzó los u$s 45.100 millones". Esos datos fueron remitidos a la Sigen y la OA.

Sobre las faltas en la firma del programa de Stand By, el Central considera que en el primer acuerdo firmado con el Fondo surge la "ausencia de dictamen jurídico previo" a la firma de la Carta de Intención y los Memorándums de Política Económica y Financiera y de Entendimiento Técnico. Según argumentaron en el área a cargo de Pesce, esa falencia "luego se intentó subsanar con un dictamen que se limitó a analizar si el Ex Ministerio de Hacienda se encontraba facultado para suscribir y cursar las misivas al Organismo Internacional".

Pero para el Central, ese dictamen no se pronuncia sobre las cuestiones medulares: si el Poder Ejecutivo y en especial el Ex Ministerio de Hacienda, era competente para decidir y formalizar una operación de crédito público de esas características. "Según la legislación vigente (como las leyes 11.672 permanente de Presupuesto, 19.549 de Procedimiento Administrativo y 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional) el Poder Ejecutivo Nacional no tendría facultades para la firma del acuerdo", sostiene la autoridad monetaria. En el segundo acuerdo con el FMI se incorporó el dictamen previo pero sin considerar si los órganos que intervinieron estaban facultados para tomar dicha decisión.

Por otra parte, el BCRA recordó en un comunicado que el Convenio Constitutivo del FMI dice que "ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin. Si después de haber sido requerido a ese efecto el país miembro no aplicara las medidas de control pertinentes, el Fondo podrá declararlo inhabilitado para utilizar los recursos generales del Fondo".

El Central considera que "la administración de Macri no cumplió y recién tomó medidas de contención de dicha fuga en octubre de 2019, permitiendo una salida de divisas, cuantitativamente muy importante". Sobre esa base, la Sigen y la OA "deberán determinar si existieron los incumplimientos, la existencia de perjuicio para el patrimonio público y las responsabilidades en los funcionarios que actuaron oportunamente en la efectivización del acuerdo suscripto por la República Argentina con el FMI durante el año 2018", concluye el comunicado oficial.


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