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Cuando se habla de la presión tributaria sobre el agro, el debate suele concentrarse en las retenciones o en el peso de los impuestos nacionales, una realidad que existe, pero que es sólo una parte de la ecuación que deben resolver los productores.
De cara a la discusión del Presupuesto 2027 comenzó a instalarse otra propuesta que apunta a un problema menos conocido, el de liberar unos u$s 770 millones que hoy permanecen inmovilizados por el funcionamiento del IVA.
La iniciativa no busca bajar impuestos ni reducir la recaudación del Estado, sino permitir que un crédito fiscal que hoy permanece inmovilizado pueda transformarse en una garantía para acceder a financiamiento.
El tema fue uno de los ejes de una jornada organizada por la Fundación Barbechando -que representa diversos intereses del agro- junto a legisladores nacionales, donde se debatieron distintas propuestas para mejorar la competitividad del sector agropecuario de cara al tratamiento de la mal llamada “Ley de Leyes”.
Cómo se generan los u$s 770 millones “congelados”
El problema surge por la propia estructura del IVA. Los productores compran buena parte de sus insumos —como semillas, fertilizantes, agroquímicos o maquinaria— pagando una alícuota del 21%. Sin embargo, cuando venden granos tributan una alícuota del 10,5%.
Ese desfasaje hace que, campaña tras campaña, acumulen más crédito fiscal que débito fiscal. A eso se suman otras características propias de la actividad, como la estacionalidad de la producción, las necesidades de financiar capital de trabajo y las fuertes inversiones en bienes de capital, que agrandan todavía más ese saldo técnico.
Según un relevamiento de CREA citado durante la jornada, ese saldo promedio alcanza los $36.500 por hectárea y, en la agricultura extensiva, representa alrededor de u$s 770 millones inmovilizados al cierre de la campaña 2025/26, equivalentes al 7% de todo el gasto en implantación y desarrollo de cultivos.
En otras palabras, se trata de recursos que ya pertenecen al productor, pero que permanecen inmovilizados por la mecánica del impuesto.
La propuesta: convertir un crédito fiscal en una garantía
La discusión que comenzó a instalarse de cara al Presupuesto 2027 no pasa por reducir la carga tributaria, sino por darle utilidad a ese crédito fiscal.
Durante la jornada se propuso que el saldo técnico pueda convertirse en un bono o certificado que el productor utilice como garantía para acceder a préstamos, en lugar de mantener esos recursos inmovilizados hasta que el Estado los devuelva.
Para Mariano Ghirardotti, socio de Ghirardotti & Ghirardotti, la medida representa una forma de mejorar el acceso al crédito sin afectar los ingresos fiscales.
“En principio el Estado no resigna recaudación, solo viabiliza que un pasivo que tiene con el contribuyente se convierta en garantía para que el contribuyente acceda a crédito”, explicó a El Cronista.
Según el tributarista, el mecanismo permitiría que muchos productores puedan acceder a préstamos a los que hoy no llegan o conseguir mejores condiciones de financiamiento.
“La ventaja es que hoy esos saldos técnicos son, en los hechos, préstamos al fisco a tasa cero. De este modo, al menos podrían servir para recuperar capital de trabajo, sin resolver el problema de fondo, que es que el Estado se financia con dinero ajeno sin remunerar al acreedor”, agregó.
Marcelo Rodríguez, socio de MR Consultores, coincide en que el esquema no implica resignar recursos para el Estado porque “la recaudación ya se generó”. Sin embargo, advierte que la principal dificultad aparece en la implementación.
“Que opere como una suerte de garantía me parece una medida inteligente y sería ideal que el Estado le devuelva ese dinero al productor, ya que la inmovilización de recursos es importante. Pero, si el productor deja de pagar, podría ejecutarse esa garantía y el Estado tendría que salir al frente de ese crédito con dinero que ya recaudó y que seguramente ya gastó. Por eso veo poco probable que el Ministerio de Economía pueda aceptarlo”, sostuvo.
Para ambos especialistas, el debate ya no pasa por crear un nuevo beneficio fiscal, sino por definir si ese crédito tributario puede transformarse en una herramienta efectiva de financiamiento sin trasladar nuevos riesgos al Estado.
Más del 90% de la carga proviene de impuestos nacionales
Durante la jornada también se repasó la composición de la presión tributaria que soporta el agro.
Según el último Índice FADA, el Estado absorbe el 62% de la renta agrícola, aunque ese porcentaje varía según el cultivo: alcanza aproximadamente el 74% en trigo, 68% en girasol, 62% en soja y 60% en maíz.
Del resultado económico de una hectárea, apenas el 8% queda como ganancia para el productor, mientras que alrededor del 30% se destina al alquiler de la tierra.
Sin embargo, uno de los datos que más llamó la atención fue cómo se distribuye esa carga entre los distintos niveles del Estado.
Los impuestos nacionales explican el 93,6% de la presión tributaria total sobre una hectárea agrícola. De ese total, 56,5% corresponde a tributos nacionales no coparticipables, mientras que 37,1% proviene de impuestos nacionales coparticipables. En comparación, los impuestos provinciales representan el 5,7% y los municipales apenas el 0,7%.
