A un poco más de dos semanas de haberse decretado la medida, la Justicia Federal le ordenó a la Superintendencia de Servicios de Salud que retrotraiga la intervención en la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores (OSPRERA), la segunda obra social más grande del país, la cual pertenece a UATRE. Desde la SSS respondieron diciendo que la "decisión judicial de características inéditas que afecta la objetividad en la evaluación de los hechos y el debido proceso legal".

En paralelo, ambos abrieron una investigación contra el titular de la SSS, Gabriel Oriolo, y los titulares de las áreas técnicas que suscribieron la Resolución 1612/24, que abrió el proceso para la posterior intervención. La orden fue firmada por Javier Milei mediante el decreto 720/24 el lunes de la semana pasada. Los delitos que se pusieron en juego son los de asociación ilícita y tráfico de influencias.

Según lo indica el fallo, el Gobierno deberá retrotraer la administración provisoria que estableció la Superintendencia y devolver la OSPRERA a la UATRE. Desde el gremio denuncian que la intervención se dio un mes después de que el Juzgado Federal de La Pampa les devolviera esa entidad luego de más de un año de intervención judicial.

Uno de los dos magistrados que firmaron el fallo es Juan José Baric, el mismo que dispuso la intervención judicial de la obra social en marzo de 2023 y que duró hasta junio de este año. En ese entonces puso en funciones al administrador Néstor Horacio Acuña, con el objetivo de regularizar la obra social de los peones rurales.

En su descargo, la Superintendencia denunció que "fue el propio juez el que permitió que la administración provisoria designada por él se fijara - a pesar de la crisis financiera de la entidad- sueldos millonarios equivalentes a 25 veces lo que cobra un peón rural promedio". El Presidente de la OOSS cobró cerca de $ 14.005.643 y el veedor judicial $ 11.397.819.

En el fallo de este jueves, el magistrado le pide a Oriolo que presente los informes en los que se basó para haber tomado la decisión de designar un normalizador. "Se ordenó la suspensión preventiva con la que se intervino la institución" haciendo saber a la Superintendencia de Servicios de Salud y a toda entidad institucional y bancaria que corresponda, que se abstenga de ejecutarla", indicaron fuentes de la UATRE.

La presentación judicial fue hecha por el líder de la UATRE, José Voytenco, patrocinado por el gerente de Asuntos Jurídicos de la obra social sindical Lucas Eksiyan, y con el asesoramiento del abogado Luciano Podestá

Según las versiones de los denunciantes hubo una serie de irregularidades en todo el proceso administrativo. "La Superintendencia presentó una serie de requerimientos que debían ser contestados antes del 22 de agosto, pero que el 5 del mismo mes, sólo un día hábil luego de solicitarlos, resolvió la intervención", se defienden desde la entidad rural.

El juez Baric indicó en su fallo que el estado contable "crítico" que describe la Superintendencia como argumento para la intervención no se condice con el "análisis preliminar del ejercicio contable cerrado al 31/12/2023" en el que "Se advierte resultado positivo del ejercicio contable y con respecto a las deudas se advierte que las mismas han disminuido".

En la SSS respondieron que el magistrado a cargo de la causa "está prejuzgando al considerar como ciertos los dichos de los denunciantes, sin haber investigado nada". "Resulta inquietante que, en el marco de una investigación penal, que está terminada, se haya procedido a invalidar un decreto presidencial, un acto merece un análisis jurídico más profundo".

El enfrentamiento judicial será una contienda en la que deberán contrastarse versiones y auditorías: el juez Baric asegura que la regularización que tuvo bajo su control tuvo buenos resultados contables, mientras que la SSS afirma que hubo grandes irregularidades y una deuda financiera mayor a $ 44.000 millones.

"Nunca presentó un informe, ni memorias ni balances en más de un año", afirman en la SSS. También se consignó que de los prestadores que figuraban que trabajaban con la obra social, un 90% dijo que no ya no tenían convenio. En particular, en la SSS miraban con atención el otorgamiento de una ayuda financiera recibida en octubre del año pasado de $ 3350 millones que debía subsanar deudas contraídas por la obra social y que no cumplió su rol por el crecimiento de la deuda financiera que tuvo la obra social.

El fallo de los jueces federales de La Pampa incluye la denuncia por asociación ilícita y tráfico de influencias, contra el propio Oriolo, los funcionarios técnicos de la Superintendencia y contra el diputado libertario Pablo Ansaloni (quien fue director de OSPRERA años atrás y tuvo una férrea interna con Voytenco por el manejo del sindicato), "por asociación ilícita y tráfico de influencias, con el fin de desplazar ilícitamente a las legítimas autoridades de la Obra Social".

"Es importante mencionar que el propio juez introdujo referencias a una interna gremial, donde uno de los denunciantes es parte interesada. Esta situación podría interpretarse como una toma de partido en conflictos gremiales internos, lo cual deja en evidencia la percepción de imparcialidad que debe regir en toda actuación judicial", respondieron desde la SSS.