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Indemnizaciones: un nuevo cálculo de intereses por juicios laborales pone en alerta a las pymes

En medio de la discusión de una reforma laboral en la Ley Bases, la Cámara de Diputados bonaerense dio media sanción a un nuevo cálculo de los intereses por juicios laborales. Las fallas legales y consecuencias que alertan las empresas

Tras cinco meses de caída al hilo, luego del - 8,4% en marzo del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) donde las pequeñas y medianas empresas (pymes) analizan despidos, alertan que de sancionarse una fórmula se podría en peligro una de las principales fuentes de trabajo de la Argentina.

En paralelo a la discusión de la Ley Bases -próxima a votarse en el Senado-, que plantea una reforma laboral, en la provincia de Buenos Aires, la Cámara de Diputados dio media sanción a un nuevo cálculo de los intereses por juicios laborales.

Así, en caso de sancionarse, el monto por el que se condene al empleador debería actualizarse por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) -indexación basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y una capitalización diaria- además de un 6% anual con aplicación desde el cese de la relación laboral hasta el pago de la indemnización.

"El sistema de actualización conlleva a un resultado manifiestamente desproporcionado que prescinde de la realidad económica de las empresas demandadas", destacaron en la carta que la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) le envió a la presidenta del Senado de la provincia, Verónica Magario.

Y si bien consideran que el parámetro de la tasa debe modificarse, aluden, que el mismo no debería llevar al cierre o la reducción de las empresas. Por lo que se tendría optar por uno que se encuentre "dentro del sistema bancario sin actualización extra".

"La naturaleza del CER fue como índice en lugar de tasa propiamente dicha, cuyo origen incluyó la conversión forzosa de depósitos bancarios en moneda extranjera a pesos. (...) Se interpreta erróneamente considerar que la simple regulación por parte del Banco Central convierte esta herramienta financiera en una "tasa", y aún más, en una tasa adecuada para la actualización de créditos laborales", puntualizaron.

Una misma postura compartió la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), que preside Martín Rappallini. En donde, a su vez, destacaron que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 214/2002 -que estipuló el CER- limitó su aplicación.

Solo se podía indexar por el mismo los depósitos, préstamos o deudas en dólares u otra moneda extranjera existentes en el sistema financiero al 6 de enero 2002, que fueron pesificados a una $ 1,4 por unidad. Como también, las deudas en dólares u otra moneda transmitida por entidades financieras en propiedad fiduciaria a fideicomisos existentes a la misma fecha.

"Por su parte, el articulo 5 del referido DNU 214/2002 establece que las obligaciones de cualquier naturaleza u origen que se generen con posterioridad a la sanción de la Ley N° 25.561, no podrán contener ni ser alcanzadas por cláusulas de ajuste", remarcaron.

El impacto que tendría la aplicación de la nueva fórmula fue calculado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC): una condena indemnizatoria de $ 2 millones -que aumenta a $ 9 millones por la aplicación de la tasa pasiva del 40% por el acumulado de enero a mayo- se elevaría en $ 31 millones.

Lo que derivó en un pedido por parte de la CGERA a los senadores bonaerense para la conformación de una mesa de diálogo urgente con el sector empresario a los fines de evitar la modificación legislativa que genera graves consecuencias a las pymes locales. "Solicitamos se revea su tratamiento y no se avance hasta tanto se genere este espacio, y se evalúe el grave perjuicio para las pymes y para la generación de empleo", concluyeron.

¿Desempleo en dos dígitos?

La media sanción de la Cámara de Diputados de la provincia que gobierna Axel Kicillof hace más de cuatro años, se produce en un contexto en donde las pymes alertan que el desempleo podría llegar a dos dígitos en la segunda mitad del año.

Una estimación que surge por medio de la comparativa de la caída actividad en marzo pasado con la del primer trimestre del 2019 durante la crisis de la gestión de Cambiemos, que se cobró más de 256 mil puestos de trabajo a fin de ese año.

"Los puestos de trabajo que se perderán con la actual gestión de La Libertad Avanza (LLA) serán mayores que en la crisis del 2019", aseguraron en el informe. Una proyección que, confiesan, está subestimada dado que no contempla el empleo informal que presenta menor resiliencia.

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