La Justicia porteña habilitó a Larreta a reabrir escuelas y se ahonda el conflicto con Nación

El Gobierno porteño celebró la resolución de la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires al planteo elevado por un grupo de padres y ONG que reclamaron el fin de semana la reapertura de las aulas y el dictado de clases presenciales en la capital federal, sin atender el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado por el presidente Alberto Fernández para suspender toda actividad con asistencia en los establecimientos hasta el próximo 30 de abril.

La sala integrada por los magistrados Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Macchiavelli resolvió en la noche del domingo un amparo que urgía al dictado de una medida cautelar para frenar la suspensión de clases presenciales en la capital federal dispuesta por el Gobierno nacional. 

En el gabinete del alcalde, Horacio Rodríguez Larreta, celebraron la resolución ocurrida en el orden de la Justicia capitalina, mientras mientras la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelve la cuestión de fondo.

La Justicia porteña, en muchos estamentos afín a la gestión del PRO, se movió rápidamente durante el fin de semana para adecuarse a los tiempos de la política. Pese a que el juez de primera instancia y de turno el pasado viernes, Marcelo Segón, rechazara expedirse sobre la cuestión habida cuenta de la tramitación de varias causas similares, y el rechazo in limine de una presentación similar en el juzgado N°1 de este fuero, a cargo de la jueza Romina Tesone, la fiscal Karina Cicero recomendó este domingo la vuelta a clases y abrió la puerta para la decisión final de los jueces López Alfonsín, Perugini y Macchiavelli.

En decisión unánime, los tres letrados resolvieron "disponer al continuidad de la presencialidad de las clases", a la vez, suspender "lo dispuesto por el DNU 241/21" del Poder Ejecutivo.

Repudio de la Casa Rosada

Tomando conocimiento de lo ocurrido, el Gobierno nacional cargó las tintas contra los jueces y fiscales intervinientes, a los que acusaron de parcialidad y actuación en conveniencia con las autoridades porteñas. Incluso figuras del oficialismo nacional consideraron que los magistrados cometieron prevaricato.

La legisladora del Frente de Todos, Claudia Neira, acusó a la fiscal de cámara Cicero de aplicar "forum shopping al palo", y prejuzgar anticipadamente al haber publicado en sus redes sociales que estaba en contra del cierre de las escuelas. El análisis de Neira fue compartido por el presidente, Alberto Fernández.

Primera reacción de Alberto al fallo porteño: "Es un estrago jurídico"

Neira, y otros militantes del espacio, reclamaron tempranamente que la jueza Machiavelli, hermana del secretario de Ambiente de la Ciudad, Eduardo Machiavelli, se excusara en la sentencia, y apuntaron a su vez al juez López Alfonsín por haber sido funcionario de la gestión de Fernando De la Rúa y compañero de militancia del exsecretario de Medios, Hernán Lombardi, ladero de Patricia Bullrich en el PRO.

A la falta de un plan alternativo para hacer cumplir el cierre temporal de las escuelas en los términos del DNU firmado la semana pasada, cerca del presidente sugirieron incluso la intervención de la Justicia porteña. Así lo dijo Aníbal Fernández, exjefe de gabinete y actual interventor en Yacimientos Carboníferos Río Turbio. "Se interviene el Poder Judicial y los jueces a comisión", sugirió Aníbal, que a la vez consideró que la fiscal Cicero "debe ser denunciada por prevaricato" por instar a la comunidad educativa a violar medidas adoptadas por el Gobierno nacional.