Si la industria en general integra a los sectores perdedores, la de la provincia de Buenos Aires se lleva la marca principal ya que concentra el 45% de las capacidades industriales. De las 3824 unidades productivas que cerraron en el país desde diciembre de 2023, el 34% son bonaerenses, mientras que el distrito explica el 44,8% de la pérdida de empleo industrial.
En este marco, no solo las provincias se hicieron cargo de las políticas de incentivo industrial, sino que las cámaras locales se convirtieron en las que conducen lo que el Gobierno aspira a consolidar: la reconversión.
La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) es quizás el actor de mayor relevancia que trabaja para vincular a sus industrias con los sectores ganadores, léase energía y minería. El obstáculo central es que la industria bonaerense supo tener mayor vínculo con la minería no metalífera, relacionada a la construcción, y el polo petroquímico, concentrado en Bahía Blanca.
La estrategia de UIPBA es, en síntesis, oficiar de vínculo entre la industria local con la de la energía y minería, y hacer coincidir la demanda de los ganadores con la oferta local. En el medio, gestionan las reconversiones necesarias.
“No es lo mismo operar donde no hay industria. En el mundo se está dando el proceso de nearshoring para bajar costos y riesgos. Es más que la diferencia entre un tornillo de acá o uno de afuera, se tratar de acortar tiempos y ganar seguridad”, explicó Irini Wentinck, prosecretaria de UIPBA y la encargada de la rama energética de la entidad.
La dinámica, explicó Wentinck, es primero detectar qué necesitan esos sectores a través de encuentros con las compañías. La primera en concretar el encuentro fue YPF pero iniciaron las convocatorias a otras empresas del sector. Las necesidades abarcan desde los insumos específicos hasta los estándares internacionales que los mismos requieren.
Por el otro lado, toman las capacidades instaladas en la provincia y analizan cuales están preparadas para sumarse y cuales necesitan de alguna modificación. El relevamiento abarca desde los tipos de productos, la capacidad de producción, hasta los certificados.
Es entonces cuando inician en concreto el proceso de reconversión, de la mano del INTI y de IRAM, para revisar los procesos industriales y las certificaciones. En paralelo, trabajan junto a otras cámaras locales como ADINEU (la asociación de industriales de Neuquén) y la Unión Industrial de San Juan, así como con bancos provinciales para financiamiento productivo e incluso la Cancillería para la internacionalización de las empresas.
Hoy el programa suma más de 60 empresas y, aseguró Wentinck, crece a un ritmo acelerado, principalmente en las ramas de la industria eléctrica y sus proveedores, la metalmecánica y plásticos.
“Más allá de las empresas, estamos en el estadío de entender los sectores, cómo podemos colaborar y cómo ser más competitivos”, sostuvo Wentinck, quien agregó que las principales trabas son hoy en día la desarticulación del sector, entre sí y con las grandes compañías, que desconocen recíprocamente las capacidades y necesidades del otro.
En base a los casos ya trabajados, detectaron que algunas industrias necesitan de adaptaciones mínimas para poder convertirse en proveedores del sector. Es el caso de CONFLEX, una fabricante de bandejas de portacables que se adaptó para construir portacables para la industria minera. La propia industria de Wentinck, que produce conductores eléctricos, desarrolló cables con prestaciones específicas para oil & gas, o L&H, que desarrolló telas específicas para mamelucos mineros.
El paso final de esta vinculación, y el más valioso según la dirigente industrial, es la cooperación entre las propias industrias, que pueden ver los casos de reconversión para idear sus propias estrategias.
El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que concentró el atractivo para las inversiones en energía y minería, contempla un compre local del 20% del total de la inversión. Sin embargo, muchas provincias incluyeron sus propios regímenes de compre local. Desde el Gobierno criticaron la medida y fue el propio ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien planteó que los mismos restringen el derrame que esas inversiones podrían tener hacia el resto del país.
El caso de la provincia de Buenos Aires es paradigmático, ya que, si bien concentra casi la mitad del entramado industrial, no cuenta en su territorio con los recursos que hoy impulsan la demanda del sector.
Con los proyectos aprobados, desde el sector de los proveedores de energía y minería estiman que deberían haber una demanda de insumos y servicios locales por unos u$s 5000 millones en el mediano plazo, dado el esquema de inversiones presentado, con picos de desembolsos hasta 2028.
