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El Gobierno ya agotó el 70% de la meta fiscal: cuál es el tironeo con el FMI

El déficit primario rondó el 1,32% del PBI, por la fuerte caída de los ingresos. Economía ya ajustó el gasto, pero no alcanza para cumplir los compromisos. Los pedidos del Fondo y la contrapropuesta para cerrar el nuevo esquema.

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El primer semestre del año cerrará con un déficit primario acumulado del orden del 1,32% del PBI, según datos que circulan en despachos oficiales. Así, el Gobierno habrá agotado en seis meses el 70% de la meta fiscal original del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para todo 2023, del 1,9%.

Este es uno de los puntos sensibles que discutieron durante semanas los equipos técnicos del Palacio de Hacienda y el staff del Fondo. Según fuentes al tanto de esas negociaciones, Luis Cubeddu y equipo admiten que el fuerte bajón de los ingresos, producto de la sequía, torna incumplible la meta fiscal, pero querían mantenerla lo más cerca posible del 1,9%. Si bien la meta del segundo trimestre ya quedó incumplida con los datos consolidados de abril y mayo, en junio el déficit primario habría dado otro salto.

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Para el Gobierno, la propia dinámica del gasto corriente indexado (jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares, planes sociales y salarios públicos) hará que difícilmente 2023 pueda terminar con un déficit primario inferior al 2,5% del PBI del año pasado. Estas erogaciones caen en términos reales, con excepción de los salarios. Según la consultora ACM, el ritmo de déficit primario del último año se mantuvo constante en 2,72% del PBI. El segundo semestre es el más pesado en materia de gasto.

Negociación tirante

Los negociadores del lado de Economía, el secretario de Política Económica Gabriel Rubinstein y el jefe de Gabinete Leonardo Madcur, y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, le mostraron al Fondo que el Gobierno hizo todo el esfuerzo fiscal posible. En mayo, el gasto público se contrajo 7,5% en términos reales y acumuló su décima contracción en once meses. La única excepción fue enero, mes en el que Hacienda continuó con el ajuste, pero saldó deuda flotante.

Desde fin de año, Hacienda ajustó todas las clavijas del gasto disponibles, incluidos subsidios energéticos. Puso en marcha un control más estricto del gasto al restringir los recursos que envía a la administración nacional y los organismos descentralizados. Con excepción de la Anses, las oficinas públicas deben demostrar que no tienen ahorros superiores al promedio del gasto de un trimestre antes de recibir nuevo crédito presupuestario.

La contracción del gasto devengado hasta mayo, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Además, cayeron al mínimo las transferencias a provincias y municipios para el pago de obras. Según la consultora LCG, el déficit acumulado en cinco meses, del orden del 0,7% del PBI, también supuso aumentar deuda flotante, luego de los pagos de enero. "En total, esta deuda equivale a 14% del gasto devengado en cinco meses del año, el nivel más alto de los últimos 10 años. En términos del PBI asciende a 0,9%", sostuvo. En junio se habrían saldado una parte de esos compromisos, lo que explicaría el salto en el déficit, en términos de producto, mientras continúa el impacto de la menor recaudación por la sequía.

Resistir la devaluación

Según las fuentes que siguen la negociación con el Fondo, la gran traba para cerrar el acuerdo sería el pedido de devaluación del tipo de cambio oficial, que el Gobierno resiste. El staff buscaba un ajuste clásico, con una suba del dólar que encarezca importaciones y mejore el panorama exportador, a expensas de una mayor contracción económica y más inflación.

Los argumentos oficiales para rechazar la devaluación no solo son electorales. Economía explicó al Fondo que el impacto fiscal posible (una mayor recaudación de IVA por efecto de la más alta inflación) se licuaría, en buena medida, porque gran parte del gasto está atado a algún mecanismo indexatorio. Según ACM, "los gastos corrientes primarios representan el 87% del gasto total". En esa torta, las prestaciones sociales significan el 43% de las erogaciones, los subsidios económicos, el 20,1% y los gastos de funcionamiento, 17%.

Instancias decisivas

La alternativa a devaluar que intenta el Gobierno es un mayor encarecimiento de las importaciones. Con un desdoblamiento formal descartado, los funcionarios exploraron maneras de gravar con más impuestos (quizás el impuesto PAIS) a una porción de las compras al exterior. Pero hacerlo también puede ser inflacionario y no lograr un impacto fiscal considerable. Si bien se analizaron distintas alternativas, no hubo, hasta el momento, definiciones.

Sergio Massa busca evitar la devaluación brusca por todos los medios.

En este contexto, el ministro Sergio Massa adelantó este martes que en estas horas habría definiciones sobre las nuevas metas del acuerdo con el Fondo para el semestre. El reloj ya está en cuenta regresiva: no solo vencen u$s 2700 millones este viernes -que el Gobierno pagaría, incluso con un mayor sacrificio de reservas-. 

El 7 de julio deberían saldarse otros u$s 1300 millones y, entre el 14 y el 28 de ese mes, unos u$s 1300 millones adicionales. A eso se suman vencimientos de bonos Globales por u$s 1000 millones, el 9 de julio, de los cuales el 75% estaría en manos privadas, según la consultora 1816.

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