El Gobierno se encolumna tras el blanqueo de Cristina Kirchner para pagarle al FMI pero con reparos

El ministerio de Economía, AFIP y Banco Central recibieron el proyecto con beneplácito, aunque miran la letra chica referida al secreto bancario. El fisco recaudó $ 600 millones por el intercambio de información con otros países.

El proyecto de ley impulsado por el kirchnerismo para promover un nuevo blanqueo de capitales que sume recursos para pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI) puede convertirse en el primer paso de la marcha hacia delante de la coalición de Gobierno. La iniciativa, respaldada públicamente por la portavoz Gabriela Cerruti, recibió apoyos en las distintas oficinas económicas del Ejecutivo, aunque también reparos sobre la letra chica vinculada al secreto bancario.

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El texto abre la puerta a nuevo blanqueo de capitales, con tasas de ingreso del 20% para los primeros seis meses desde el momento de la sanción, 35% para una acogida voluntaria luego de ese plazo y 50% para quien acepte pagar el aporte luego de una intimación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

El aporte deberá saldarse en dólares y tendrá una afectación específica: la cancelación de la deuda con el FMI. Incorpora -ironía entre los impulsores de la teoría del lawfare- una delación premiada, bajo la figura del colaborador. Un segundo proyecto de ley modifica el secreto bancario y de mercado de capitales para darle al Gobierno amplio acceso a esa información.

Buena recepción

Según interpretaron fuentes del Palacio de Hacienda, la penalización relativamente alta (de 20% en adelante, en dólares, a las fortunas sin declarar, para evitar sanciones de la ley penal tributaria) allanaría el recorrido. La "amnistía" está vinculada a las distintas moratorias fiscales y previsionales que lanzó el Gobierno. Voceros oficiales declinaron de hacer comentarios.

En esas oficinas le reconocieron a la vicepresidenta Cristina Fernández la táctica política de la presentación. Primero, porque dilató la publicación del proyecto hasta después de formalizado el acuerdo con el FMI, este viernes. Si lo hacía antes, razonaron, hubiera habido ruido, tanto en la votación en el Congreso como en la sesión del Directorio del viernes último, en la que se formalizó el programa económico.

Segundo, porque lo acompañó con una foto con el embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, a quien le pidió apoyo en la lucha contra la evasión. Estados Unidos no adhirió al intercambio automático de información que impulsaron la OCDE y el G-20 y que le permitió al gobierno de Mauricio Macri impulsar un blanqueo de unos u$s 100.000 millones en 2017.

Tercero, porque el proyecto es una especie de ratificación ex post de lo negociado: la discusión sobre el acuerdo quedó atrás y ahora se exploran maneras de saldar la deuda. "Queda claro que nadie discute que había que pagar", resumieron.

Impulso a AFIP

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aceleró, desde el inicio de la gestión de Mercedes Marcó del Pont, el uso de la información obtenida de otros fiscos, como parte del intercambio de 2017. Hasta el momento, se recaudaron $ 600 millones, una cifra mínima en comparación con la ambición recaudatoria de los autores del proyecto. El Indec estima que existen activos sin declarar por u$s 238.273 millones, pero sin contar bienes inmuebles. El Frente de Todos se entusiasmó con obtener u$s 71.000 millones, según la senadora Juliana Di Tullio, pero la cuenta surgiría de tomar todos los activos en moneda extranjera, declarados o no, incluyendo las reservas del Banco Central.

AFIP no ve con malos ojos este proyecto -al que nadie quiere llamar "blanqueo". Recuerdan en esos despachos que la figura del "colaborador" y la ampliación del secreto fiscal son recursos que usan Estados Unidos y otros países para acceder a bienes que están fuera del radar. El texto le permitiría al fisco reforzar las tareas de búsqueda de evasores. También el pedido de ayuda al Fondo mencionado en el proyecto es una acción política que ayuda a alinear la interna de la coalición de gobierno.

Problema en puerta

Pero el diablo está en los detalles. En oficinas del Banco Central piden prestar atención a la letra chica. La eximición del secreto bancario ante pedidos de Jefatura de Gabinete, entes reguladores y la Comisión Bicameral de seguimiento de la deuda puede afectar, entre otras cuestiones, la ley de protección de datos personales. Son cuestiones por las que, por ejemplo, Estados Unidos se niega a intercambiar información de manera automática y lo hace solo a petición de autoridades judiciales.

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