En medio de un escenario de alta tensión gremial, el Gobierno nacional anunció este martes que aplicará una dura sanción económica contra la empresa FATE. La medida fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, desde donde confirmaron además la decisión de prorrogar la instancia de conciliación obligatoria que la compañía mantiene con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA). El origen de la penalidad radica en el incumplimiento del pago de los salarios correspondientes a la segunda quincena del mes de febrero. Según precisaron las autoridades laborales, esta omisión patronal representa una “violación directa a los términos establecidos por la conciliación obligatoria” que había sido dictada oportunamente para intentar acercar a las partes. Ante esta situación, el Ejecutivo dispuso el inicio del sumario correspondiente a la empresa fabricante de neumáticos. La cartera gubernamental dejó en claro que la falta de acatamiento a la normativa vigente no pasará desapercibida, marcando una postura de firmeza frente a las irregularidades detectadas durante el período en el que rige la exigencia de paz social. Respecto a la magnitud del castigo económico, el texto oficial detalla que se tomarán en consideración las infracciones tipificadas en el artículo 4° del régimen general de sanciones por infracciones laborales, ratificado por la Ley N° 25.212. La normativa estipula que este tipo de faltas conllevan una multa que puede ir del 50% al 2000% del valor mensual del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) por cada trabajador afectado. Al tratarse de una de las principales plantas del país con una dotación masiva de personal, la graduación final de la sanción económica podría escalar a cifras de gran magnitud. En paralelo a la confirmación de la multa, la Secretaría de Trabajo resolvió extender los plazos de la negociación paritaria y operativa. La instancia conciliatoria, que tenía como fecha de vencimiento original este miércoles 11 de marzo de 2026, fue prorrogada formalmente por un período de cinco días adicionales con la meta de mantener a las partes en la mesa de discusión. Desde el Gobierno argumentaron que esta extensión de los plazos legales busca preservar el diálogo y evitar una profundización de las medidas de fuerza en un sector que es clave tanto para la industria automotriz como para el transporte logístico. Al mismo tiempo, recalcaron que la prórroga pretende favorecer de manera inminente el cumplimiento de las obligaciones salariales adeudadas.